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Opinión

  • | 2014/12/13 00:00

    Como cordero al matadero

    Quince a cero. Ese es el registro de las condenas que le ha impartido la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano frente a los procesos analizados.

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Caso que llega a San José, sede del tribunal, caso que se pierde. Ese resultado adverso no es gratuito. Cuando un asunto es remitido por la Comisión de Derechos Humanos de Washington a la Corte, no hay nada que hacer sino preparar la chequera y la humildad. Por eso el Gobierno no se sorprendió con la sentencia del Palacio de Justicia, estaba cantada.

Quedan en el ambiente dos preguntas elementales: Primero, ¿de qué le sirve a Colombia que unos magistrados extranjeros, por distinguidos e ilustres que sean, digan lo que todos los colombianos sabemos: que nuestra justicia está lejos de ser perfecta, que en el conflicto se han cometido miles de atrocidades y que se han presentado violaciones de "los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica", como reza la última sentencia de la honorable Corte? Nuestro apego a la autoflagelación no tiene límites.

Y segundo, y probablemente más fundamental, ¿es racional que un Estado reconozca la jurisdicción de un tribunal cuando el fallo adverso se conoce de antemano? No parecería lógico, pero en 1985, Colombia hizo precisamente eso cuando adhirió a la competencia de la Corte. Fue de las primeras naciones en hacerlo, una práctica habitual de nuestra política exterior, donde ha regido el afán de firmar y ratificar convenciones internacionales como si se fueran a acabar. Difícil encontrar un país con más tratados a cuestas. 

Esta costumbre diplomática colombiana tiene gran parte de sus orígenes en la pérdida de Panamá en 1903. Esa debacle generó dos reflexiones sobre cómo debería ser la interlocución colombiana con el mundo: primero, que era mejor estar con Estados Unidos que en contra –lo que nosotros los politólogos bautizamos respice polum (mirar hacia el norte)- y segundo, que un país tan “pequeño y vulnerable” como Colombia necesitaba el blindaje internacional para defenderse de las grandes potencias. Y que mejor defensa que arroparnos en la teórica imparcialidad del derecho internacional.

Esa fe nos llevó a ratificar el Pacto de Bogotá donde aceptábamos la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Esa confianza en la sabiduría de unos jueces en La Haya la pagamos con creces en noviembre del 2012 con el fallo en el que arrebataron a Colombia decenas de miles de kilómetros de soberanía marítima del archipiélago de San Andrés. Quedó al descubierto que la justicia no es ciega ni imparcial y que es extremadamente riesgoso entregarles a unos terceros decisiones que afectan la soberanía nacional. 

Ahora cuando estamos ad portas de negociar el fin del conflicto armado, ese afecto colombiano por los tribunales internacionales podría nuevamente ser muy costoso. Tanto la Corte Interamericana como la Corte Penal Internacional han expresado serias inquietudes sobre el proceso de paz y la posibilidad de que las FARC u otros actores no reciban el castigo merecido por sus crímenes. Como si esa preocupación no estuviera ya a flor de piel de todos los colombianos. 

Hace unos días la fiscal de la Corte Penal Internacional, la gambiana Fatou Bensouda, advirtió que ella estaba analizando muy de cerca los acuerdos de La Habana y que si el resultado en materia de impunidad no la convencía, estaría lista para actuar. Es llamativo también lo que no dijo. No dijo que la paz de los colombianos es de los colombianos. Ni tampoco que respetaría la decisión soberana de los colombianos.

Más bien, fue enfática en subrayar que en cualquier momento podría inmiscuirse en los asuntos internos del país. Su intervencionismo era de esperarse; la Corte necesita casos para justificar su existencia. Y lo de Colombia le viene como anillo al dedo. Hasta ahora, la Corte sólo ha juzgado a criminales de guerra africanos y hay presión para que amplíe su competencia geográfica.

Entonces, la tan buscada reconciliación de los colombianos quedará siempre rehén de la opinión de 18 inteligentes y preparados juristas extranjeros en La Haya. Tal vez la próxima vez que a Colombia le propongan un nuevo tratado internacional –aunque sea para proteger a los adorados osos polares- piense antes de firmar. En la política internacional nada es gratis, todo se paga.
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