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Opinión

  • | 2009/10/03 00:00

    Comprando a los ricos

    El hecho de que estas dávidas estén amparadas por la ley no significa que no estemos ante un manejo corrupto del poder, tremendamente antidemocrático.

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Si el presidente Uribe y sus uribitos hubieran salido a defender la dignidad de los 20 millones de pobres que sobreviven en Colombia y de los cerca de tres millones y medio de desplazados que malviven por el país con el ahínco y la devoción con que han defendido a los finqueros ricos que han recibido subsidios por cerca de 174.000 millones de pesos, hasta yo me volvería uribista.

A esa conclusión llegué esta semana después de escuchar la batería de argumentos que desplegaron en todos los medios los clones de Uribe, el ex ministro y precandidato conservador Andrés Felipe Arias y el actual Ministro de Agricultura, sin duda dos dignos ejemplares -en este caso, probablemente el calificativo correcto sería el de sementales- de esa generación de jóvenes uribistas que han aprendido de su maestro a usufructuar el poder en beneficio propio sin ruborizarse y sin el menor asomo de vergüenza.

Desde cuando la revista Cambio reveló que el programa Agro Ingreso Seguro, destinado a ayudar a los proyectos agrícolas de los campesinos, había terminado beneficiando a unas adineradas e influyentes familias, el ex ministro Arias se ha pavoneado por todos los medios con esa arrogancia que lo caracteriza, defendiendo a capa y espada el programa, sin entender muy bien a qué se debe tanto escándalo. Según el precandidato conservador, todos los beneficiados pasaron por un proceso de selección "totalmente transparente", en el que se cumplieron los requisitos técnicos estipulados por el programa. Mientras el presidente Uribe salía a darle un espaldarazo, Uribito aseguraba en las emisoras que el 85 por ciento de los subsidios que otorgaba el programa llegaba a los campesinos pobres. "No hay nada ilegal" fue una de sus frases más sonoras, junto con la que le dijo a María Elvira Samper en el sentido de que los subsidios no reembolsables generaban "empleo, puestos de trabajo y ocupación pacífica del territorio". Luego, su Ministro de agricultura -puesto por el mismo Uribito para que funja como capataz de su feudo- defendió el derecho de los ricos a obtener subsidios con el audaz argumento de que en esta era de la seguridad democrática, todos los ciudadanos tenían los mismos derechos ante la ley. Y que a los ricos no se les podía excluir de esta máxima democrática. "Son familias honorables, que no le deben nada a la justicia", le dijo a Darío Arizmendi en Caracol.

De lo dicho por Uribe y sus uribitos casi nada es verdad. Comenzando por la afirmación de que el programa Agro Ingreso Seguro destina el 85 por ciento de esos subsidios a campesinos pobres. En realidad, y según lo que han podido establecer investigadores de la Universidad de los Andes, ese 85 por ciento se queda con una parte mínima de esos dineros y en cambio el 15 por ciento restante -es decir, las familias terratenientes con influencia política y uribistas- termina absorbiendo la mayoría de esos recursos. La gran pregunta que hay que hacerle al gobierno no es sólo cuántos han sido los terratenientes beneficiados, sino cuántos son los campesinos que han dejado por fuera.

Tampoco es cierto que esta política de subsidios a los ricos genere empleo y bienestar en el campo. Un estudio hecho por la Universidad de los Andes asegura que este tipo de ayudas a los ricos sirve para enriquecer el patrimonio de los beneficiados, pero no para generar empleo. Eso sin tener en cuenta que la mayoría de estos subsidios ha ido a parar a cultivos permanentes, como la palma africana y el caucho, que no son los más proclives a la generación de empleo, al igual que sucede con la ganadería.

Un modelo que concentra la riqueza en unos pocos, que impulsa a la desigualdad y que no genera empleo no puede generar paz en el campo.

De todas estas mentiras sólo una es verdad: la de que todo este proceso tan desigual, en el que el campesino tiene las de perder, se hizo ajustado a la norma. Una norma que fue concebida para beneficiar a los ricos y que fue diseñada por el presidente Uribe y sus uribitos.

El hecho de que estas dádivas estén amparadas por la ley no significa que no estemos ante un manejo corrupto del poder, tremendamente antidemocrático. Un programa que permite que grupos privados usufructúen los dineros del Estado para beneficio propio no puede ser la base de nada bueno en un país donde hay ocho millones de colombianos en la pobreza extrema y donde hay miles de víctimas que no han sido reparadas.

Por último está el tema de que este es un gobierno que tiene al frente a un Presidente-candidato con un presupuesto nacional para repartir entre ricos y pobres -familias en acción cumple esa función-, con miras a su re-reelección. Un Presidente-candidato que tiene una chequera a su disposición y que maneja todos los hilos del poder desde El Ubérrimo, mientras la oposición desde el asfalto trata de hacer política sin reglas y en medio de persecuciones, de campañas de desprestigio, de señalamientos y de 'chuzadas' a sus teléfonos. En esas condiciones, ni Supermán le gana a Uribe.
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