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Opinión

  • | 2011/09/20 00:00

    Con los míos: inocentes o culpables

    Un tema de tal envergadura –donde hay miles de víctimas y están implicados tantos agentes oficiales- no es un asunto menor.

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En un país con un largo ciclo de violencias no concluidas, algunas de ellas en plena expansión –como la ejercida por las mafias- es normal que se discuta qué hacer con los graves crímenes cometidos por todos los actores que han estado involucrados. Un estudio del Observatorio Colombiano para el Desarrollo Integral, la Convivencia Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional (ODECOFI), integrado por prestigiosos centros de investigación (entre los que se encuentran el CINEP, CERAC, el CID de la Universidad Nacional y el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia), tiene una estimación sobre las más graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos humanos. Allí establece que en el periodo de 1990 a 2009 el 42 por ciento de dichas infracciones fue atribuido a los paramilitares, el 24 por ciento a integrantes de la fuerza pública, el 22 por ciento a las FARC y el 12 por ciento al ELN.

Ese 24 por ciento de tan graves crímenes, adjudicado a las Fuerzas Armadas institucionales, no es un tema menor y es el universo de casos que hoy ubica al país frente a un nuevo debate, en torno a cómo resolver una situación que tiene a 4.400 militares en procesos judiciales y a un número cercano a 3.000 pagando condenas por una diversidad de delitos, buena parte de ellos no relacionados con el conflicto armado. Esto amerita una profunda reflexión, en momentos en que el país vuelve a pensar en qué hacer para cerrar este largo ciclo de violencias con las FARC y el ELN. Se están analizando mecanismos especiales de justicia, en el marco de lo que se ha denominado la justicia transicional, correspondiente a la definición de mecanismos judiciales para lograr un delicado equilibrio entre justicia y paz, cimentado en las directrices de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, como formulación aceptada y validada por la comunidad internacional, de la que Colombia hace parte.

Las declaraciones recientes del comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas, en cuanto a que el coronel Alfonso Plazas Vega debería ser considerado un “héroe nacional” (siendo “respetuoso de la justicia”, según dijo al noticiero CM&), refleja de manera clara que este es un tema no resuelto y que el país debe abocar un debate sobre cómo tratar con la multiplicidad de hechos que involucran a agentes estatales en crímenes de lesa humanidad.

Un tema de tal envergadura –donde hay miles de víctimas y están implicados tantos agentes oficiales- no es un asunto menor. Lo primero a considerar es que el tratamiento que se les dé debe estar en el marco de la legalidad, de los derechos de las víctimas a saber la verdad y a ser reparadas, y que los responsables deben ser sancionados. La pregunta de fondo es si las sanciones estarían en el marco del Código Penal vigente, o si deben establecerse mecanismos especiales que nos acerquen a la terminación del conflicto armado, en cuanto necesidad vital en la sociedad colombiana. Ello nos conduce a la búsqueda de formulaciones especiales, como la que hoy promueve el senador Roy Barreras, tratándose de temas que han concitado el interés de los partidos que conforman la Unidad Nacional, en lo que se ha definido como la necesidad de elevar a rango constitucional los mecanismos de justicia transicional. Se trata de un debate que apenas comienza, y que tiene como antecedente las limitaciones de la Ley de Justicia y Paz de años recientes, así como los mecanismos con los que se tramitó la paz de los años 90.

El general Navas ha dejado clara la posición de las Fuerzas Armadas, en la que hay interés por un trato judicial que reconozca el papel que han jugado en este medio siglo de violencias. Aquí nos movemos en un terreno movedizo donde por un lado se presentan acciones claramente institucionales y apegadas a la legalidad, y por otro lado acciones desproporcionadas y por fuera de la legalidad.

El debate está abierto y no es sencillo, pero sí necesario: ¿cómo tratar a los militares que incurrieron en delitos por fuera de las dinámicas de la confrontación armada o actuando de manera criminal? Para esto hay que reconocer que si queremos acercarnos a un final pactado y satisfactorio, se debe resolver lo atinente a las responsabilidades y crímenes tanto de las guerrillas, como de otros actores de la política y la economía.

Bienvenido pues el debate que ha suscitado la iniciativa del senador Roy Barreras, como parte del cual el general Navas ya mostró el malestar existente en las Fuerzas Armadas.

* Luis Eduardo Celis es coordinador de la línea de Incidencia Política de la Corporación Nuevo Arco Iris.
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