Con vaselina

Al Procurador General de la Nación le gusta cada día menos el escrutinio periodístico. Al doctor Ordóñez le molesta que le pidan información y se ha vuelto experto en eludir preguntas incómodas o en responder lo que no se la ha preguntado. La historia de hoy es la de una sencilla investigación periodística y la del laberinto en el que quisieron extraviarla en el Ministerio Público.

El hecho es simple. El 29 de abril de este año, el Procurador General nombró asesora de su despacho a Claudia Elena Lozano Doria, una controvertida ex fiscal y ex directora de fiscalías en La Guajira que fue declarada insubsistente por el ente acusador en el año 2010.

Su insubsistencia se produjo luego de una publicación de la Revista Cambio titulada “Fiscalía investiga en La Guajira a funcionarios de la entidad y del DAS”. Según ese artículo la directora de Fiscalías de la Guajira, Claudia Lozano Doria, habría participado en la ilegal devolución de un cargamento de cocaína a narcotraficantes. (Ver vínculo)

El artículo señala que una testigo aseguró ante un fiscal de Santa Marta que “La doctora Claudia recibió 350 millones de pesos. A ella se lo dio (sic) en efectivo los del DAS. Ellos todo lo manejaron en efectivo”.

Como si fuera poco, hay serias dudas sobre los títulos académicos de la llamada “doctora Claudia”. 

Mientras el Procurador Ordóñez la nombraba Asesora de su despacho, alguien empujaba su designación como Juez de Ejecución de Penas en Valledupar. Sin embargo, el Tribunal Superior de Valledupar al verificar los documentos de la aspirante encontró que la tarjeta profesional de abogada que presentó para su nominación no le pertenece a ella sino a otra persona. 

El acta del 18 de junio de 2013 del Tribunal de Valledupar deja constancia además de que en el registro nacional de abogados no aparece nadie llamado Claudia Elena Lozano Doria. Es decir, legalmente no podía ejercer el derecho, ni podía haber sido fiscal, ni directora de fiscalías, ni juez de ejecución de penas como lo pretendía.

El Tribunal Superior de Valledupar, por unanimidad, decidió: “Compulsar copias de la documentación presentada para que se investigue penal y disciplinariamente y se determine la posible infracción a la ley penal y disciplinaria por parte de la doctora Claudia Elena Lozano Doria”. (Ver acta del Tribunal)

Con semejante historia acerca de la nombrada y aún no posesionada asesora del Procurador le escribí al jefe del Ministerio Público pidiéndole respetuosamente una copia del nombramiento. 

La respuesta vino del jefe de prensa de la entidad quien no me remitió lo que le pedí, sino algo distinto. Una constancia de que Claudia Lozano no tiene, ni ha tenido, vinculación laboral con la Procuraduría. (Ver Constancia Jefe de División de Gestión humana)

Es apenas obvio que no podía tener vinculación laboral porque no se había posesionado, pero no era ese el documento que yo le había pedido al Procurador. Lo que le solicité fue el acto administrativo por el cual la nombró. 

Insistí en mi petición. Después de varios correos de ida y regreso con el amable jefe de prensa, finalmente -y ya en la víspera de escribir esta columna- recibí el decreto solicitado.

Allí consta que el Procurador General Alejandro Ordóñez nombró en abril 29 de 2013 a la controvertida Claudia Elena Lozano Doria como asesora de su despacho. (Ver decreto 1634)

El Procurador, también envió un segundo decreto con una fecha borrosa de julio –es decir de días recientes- en el que revoca el nombramiento de Claudia Lozano. Sin embargo no lo hace por los informaciones públicas que la cuestionan sino porque ella no se posesionó dentro de los términos reglamentarios. (Ver decreto 2565)

La señora Lozano es muy cercana a Pedro Castro Araújo, jefe del Puro Centro Democrático en Valledupar, anunciado candidato a la Cámara por ese movimiento y antiguo cónsul del gobierno de Álvaro Uribe en Roma.