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Opinión

  • | 2007/12/15 00:00

    ¿Concursos para qué?

    José Manuel Acevedo Medina explica su frustración por el engaño al que han sido sometidos miles de colombianos cuando creen que van a ser elegidos por sus méritos.

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Tristeza y frustración produce el hecho de que la meritocracia sea un invento que nunca podrá ser aplicado en Colombia. Ningún gobierno ha sido capaz de seleccionar a los mejores con criterio independiente y profesional. Al fin, cuando surgen concursos que dan la apariencia de que todo será más limpio, se atraviesan recursos legales, conceptos malintencionados de los organismos de control y presiones de quienes ya tienen ciertas gabelas que el Estado corrupto les entregó.

Desde estos presupuestos, uno se pregunta para qué más concursos. Para qué dar la apariencia de que todo será transparente cuando en la realidad los congresistas seguirán pidiendo puestos, el gobierno dándoselos y uno que otro procurador o presidente de cualquier Corte de turno se inventa cuanta traba existe para no quedarse sin fortines.

La verdad es que gran parte de nuestra burocracia está muy mal ocupada. Funcionarios comodones, perezosos e incompetentes pululan en la administración. Todos ellos, por supuesto, han llegado allí por recomendaciones de politiqueros y compromisos de miembros del ejecutivo que los incluyen en la nómina cueste lo que cueste.

Que 620.000 colombianos hayan creído desde hace dos años en la convocatoria para ocupar cargos públicos y que ahora se les diga que por cuenta de un proyecto que hace curso en el Congreso perdieron su tiempo y sus ilusiones, es una canallada muy propia de nuestros aborrecibles políticos.

Pero no sólo eso perdieron. Todas estas personas que a comienzos de 2006 aspiraban a uno de los 100 mil cargos públicos ofrecidos entonces, pagaron 9.294 millones de pesos. Muy seguramente el Estado les hará conejo, pero a la luz de los hechos, cada uno de esos aspirantes tendrían derecho a pedir su platica de vuelta, pues fueron víctimas de una vil estafa.

Reducido el número de cargos a proveer, por cuenta de otras vulgares marrullerías, el Gobierno y el parlamento se han puesto de acuerdo para que de 56.600 plazas disponibles, solamente queden libres para el concurso unas 10.000 cuando más.

La idea es que los funcionarios que son provisionales actualmente y que han llegado a estas posiciones de la forma ya descrita, sean nombrados en propiedad, a satisfacción de unos sindicatos ineptos pero disuasivos y de unos congresistas que han escogido bien sus cuotas y quieren quedarse con ellas.

Y así pasa con todos los concursos y remedos de meritocracia en este país. ¿O es que acaso sirve de algo la carrera diplomática cuando el 80 por ciento o más de nuestras embajadas las integran filipichines que nunca se prepararon para representarnos en el exterior?

¿Concluirá en algo serio el dichoso concurso notarial cuando ya se han intentado tantas maniobras para favorecer a unos pocos? ¿Será que sí se han respetado los turnos para ocupar las plazas de magistrados y jueces de acuerdo con los resultados del concurso de la rama judicial?

No es extraño que los mejores se dediquen al sector privado o terminen en la huida de este país pavorosamente corrupto en el que definitivamente lo malo es no estar en la rosca.
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