Fallas y fallos contra los corruptos

Las recientes condenas contra el exgobernador Alejandro Lyons, el excongresista ‘Ñoño’ Elías y el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno despertaron enorme indignación entre los ciudadanos y deberían servir como pretexto para generar un necesario debate sobre los límites que debería tener la justicia premial en Colombia.

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En el caso de Lyons su condena –que es la primera de otras supuestamente más severas que le esperan– no superó los cinco años de cárcel. Al Ñoño –también en una primera sanción– le dieron seis años y a Moreno –después de un vergonzoso episodio de ‘error de cálculo– lo condenaron a algo más de 4 años de prisión. A todo ello hay que restarle los beneficios por buena conducta a los que tienen derecho los reos y la posibilidad de que los jueces les concedan a estos pillos su libertad provisional al cumplirse un tiempo en prisión o la casa por cárcel si más adelante logran demostrar una ‘afectación’ a su salud mental o física, como hizo alguno de los primos Nule hace unos meses.

No digo que por el hecho de ser unos indeseables corruptos tengan que perder su dignidad humana pero la verdad es que el catálogo expreso (y también el tácito) de garantías frente a los ladrones de cuello blanco suele ser demasiado generoso, incluyendo las celdas VIP en las que se encuentran varios de ellos.

Pero lo grave de todo no es que paguen poca cárcel sino que están pagando poco o nada en dinero contante y sonante de todo lo que se roban. En el caso de Lyons parece ridícula la exigencia de devolver 4 mil millones de pesos cuando se sabe que solo en el asunto por el que fue condenado se perdieron más de 9 mil millones. Al exfiscal Moreno, le clavaron una multa risible de 43 salarios mínimos que corresponden a unos 34 millones de pesos cuando en sus propias confesiones se oían cifras de miles de millones que entre él y otros magistrados les llegaron a cobrar a algunos congresistas a cambio de demorarles sus procesos.

Si bien es cierto que gracias a las delaciones de Lyons o Moreno hoy hay más de 30 peces gordos investigados, incluidos expresidentes de la Corte Suprema, a los corruptos que colaboran no sólo les rebajan años de cárcel sino que además el Estado se vuelve demasiado laxo a la hora de pedirles que devuelvan la plata que se robaron o que paguen las multas civiles derivadas de las condenas penales que les impusieron, lo que se traduce en una indignante impunidad para muchos de ellos.

Aunque hoy existen normas procesales que obligan a la entrega de un porcentaje del dinero robado antes de firmar los preacuerdos, la exigencia con el paso de los meses de las sumas restantes se vuelve nimia y el Estado termina olvidándose de cobrarle a los corruptos las deudas pecuniarias que tienen. A Lyons, por ejemplo, le dieron dos años para devolver esos recursos y ya verán cómo la deuda se va prorrogando hasta que prescriba.

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Y es que a corte de 2017, la judicatura dejó perder más de 6 billones de pesos en multas o devolución de dinero que los delincuentes nunca le pagaron al Estado. Por eso no es raro ver a políticos como Hugo Aguilar, guardados unos meses en la cárcel pero luego tomándole el pelo a los jueces con el pago de la multa impuesta mientras pasean por la calles en lujosos carros.

La verdad es que ni las leyes ni el aparato judicial hoy disponen medidas eficientes para darle a estos maleantes por donde más les duele que son sus bolsillos.

Rebajas en años de cárcel a cambio de colaboración efectiva, sí. En donde no puede haber concesión alguna es en la devolución -con intereses- de todo lo que se robaron. Hoy, lamentablemente, hay más fallas que fallos contra los corruptos en la justicia colombiana.

Twitter @JoseMAcevedo