Lunes, 23 de enero de 2017

| 2006/11/18 00:00

Confesiones y verdades

Las confesiones completas que han anunciado los recluídos en La Ceja no deberían asustar a nadie distinto de quienes colaboraron con ellos

Confesiones y verdades

No debe sorprender que aparezcan más indicios sobre los vínculos entre políticos regionales y los paramilitares. Se había previsto. Es la masa subyacente, el entramado político y social de los violentos.
Habrá matices y diferentes niveles de responsabilidad. En algunos casos, los paras obligaron a los políticos de sus zonas de influencia a reunirse y pactar con ellos. Aquí fueron la amenaza y el miedo los que llevaron a la colaboración forzada. Allá hubo alianzas, trabajos mancomunados para satisfacer los intereses mutuos. Los políticos movieron sus fichas para dar apoyo social a los paras y les abrieron las puertas de las administraciones municipales y regionales, y los violentos les empujaron votos y, es de imaginarse, intimidaron y seguramente en muchos casos eliminaron a sus contradictores políticos. En Sucre, según la acusación de la Corte Suprema, el asunto es aun más grave, porque fueron los políticos regionales quienes se encargaron de crear y, habrá de suponerse, también de dirigir, a los bandidos.
En estos casos, los paras se convirtieron en el brazo armado de unos clientelistas que buscaron la captura de la economía local y de las administraciones públicas regionales, y una garantía armada de su predominio político. El control de las rentas municipales y departamentales es funcional a la guerra y conveniente a los bolsillos de quienes se lucran con ella. Y resulta muy útil para desplazar a los competidores.
Si alguien tenía duda de la naturaleza política de algunos de los paras, la confirmación está a la vista. A mí, sin embargo, esa nota me es indiferente y no altera el juicio sobre los hechos. Cualquier tipo de colaboración entre políticos y grupos armados+ afecta de manera sustantiva la democracia. La política con el fusil pone en condiciones de inferioridad a los pacíficos, cuando no los saca del todo del mapa. Acaso no fue casualidad que en un par de departamentos hubiesen candidaturas únicas hace unos años. Tampoco lo es que ya antes un par de parlamentarios terminaran en la cárcel, acusados de estar vinculados con la guerrilla. Hay que seguir insistiendo en que son los medios que se usan, y no los fines que los mueven, lo que amerita el repudio a los violentos. Merecen igual condena la guerrilla y los paras.
Es indispensable ir hasta el fondo de lo ocurrido. Las confesiones completas que han anunciado los recluidos en La Ceja no deberían asustar a nadie distinto de quienes colaboraron con ellos. Esas confesiones, por cierto, son indispensables para que puedan obtener la pena alternativa consagrada en la Ley de Justicia y Paz. Lo dice expresamente el Decreto reglamentario 3391: “El esclarecimiento de la verdad a partir de la confesión plena y veraz de los hechos punibles… constituye el fundamento de la concesión del beneficio jurídico de la pena alternativa”. De manera que, repito, además del trabajo que seguirá haciendo la Corte, hay que prepararse para la salpicada por las confesiones de los jefes paras. Y de la que vendrá en los próximos meses por parte de los políticos involucrados, con miras a obtener rebajas de pena por colaboración.
De manera paradojal, los ahora acusados no podrán acogerse a la Ley de Justicia y Paz. A mi juicio, no caben dentro de las desmovilizaciones colectivas, entre otras razones porque el citado decreto cerró esa vía. Y tampoco cumplen con los requisitos de elegibilidad para la desmovilización individual. Tendrán que someterse a penas mucho más largas que las que cumplirán los de La Ceja.
Como con el 8.000, ahora el resultado debería ser una depuración de la política y por tanto una mejora del régimen democrático que, no sobra recordarlo, es por naturaleza perfectible. Por eso no debe haber solidaridad política frente a quienes sean penalmente responsables. A los demócratas no nos cabe sino aplaudir que el proceso se haya abierto y estar vigilantes para que se llegue hasta el final.

Puntilla: El informe sobre la toma del Palacio de Justicia por el M-19 prueba que hace 21 años también había vínculos entre los grupos armados y el narcotráfico. Y muestra las diferencias entre la dignidad del presidente Betancur, la vergüenza cierta y noble de Antonio Navarro y el penoso afán de Gustavo Petro de negarlo todo.

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