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Opinión

  • | 2010/12/22 00:00

    Conflicto armado y barbarie contra la mujer

    Los costos políticos, sociales, económicos e institucionales de la Política de Seguridad Democrática están todavía por evaluarse a cabalidad.

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Durante los cuatro meses transcurridos desde la finalización de su segundo mandato, el ex presidente Uribe ha seguido ocupando la primera plana de las noticias. A los diversos escándalos de su gobierno se sumaron otros, como la corrupción desenfrenada que se encontró en diversas entidades públicas. Pero también ha llamado la atención en este corto periodo su oposición a algunos proyectos centrales del actual mandatario, como la Ley Integral de Tierras y la reparación a las víctimas de la violencia.

No obstante, al igual que en el caso de los enormes estragos causados por el actual invierno en todo el territorio nacional, los costos políticos, sociales, económicos e institucionales de la Política de Seguridad Democrática están todavía por evaluarse a cabalidad. El debilitamiento del Estado de derecho, la intimidación de la justicia, el control y soborno del Congreso, la persecución a la oposición, pero sobretodo el afianzamiento del paramilitarismo en numerosos departamentos y municipios, son los más notorios. Representan la cuenta de cobro que pagó el país por una estrategia que, sin duda, logró arrinconar a la guerrilla y ponerla a la defensiva en vastas porciones del territorio nacional.

En el ámbito social el impacto más fuerte de esta política fue la enorme concentración de la tierra y de la riqueza, en manos de poderes regionales ligados a los señores de la guerra y de la mafia, que alcanzaron importantes logros en cuanto a la legalización del despojo de los territorios de campesinos, indígenas y afrocolombianos.

En un contexto marcado por la exacerbación de estas expresiones del conflicto armado, la violencia sexual contra las mujeres se incrementó notoriamente durante la última década. Esta violencia es ejercida por todos los actores de la guerra sin contemplación, en su orden los paramilitares, la guerrilla y el Ejército.

Dos informes aparecidos en estos días dan cuenta de la gravísima situación en ese respecto. El primero se denomina Primera encuesta de prevalencia: violencia sexual en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano, 2001-2009, auspiciado por Oxfam y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda y dirigido por la Casa de la Mujer. El segundo es el X Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia 2000-2010, y fue preparado y presentado por la Mesa de trabajo Mujer y conflicto armado, integrada por varias ONGs del país.

El primer informe permite estimar la magnitud y distribución de la violencia sexual en el contexto del conflicto colombiano. Aunque las encuestas se hicieron a mujeres de entre 15 y 44 años, en 15 municipios de 11 departamentos, la investigación correspondió a 407 municipios, en donde hay presencia de actores armados. Los datos que se muestran allí son impresionantes: 489.687 mujeres fueron víctimas directas de violencia sexual, un promedio de 54.410 al año, 149 por día, 6 cada hora. De ellas, el 82.15% no denunciaron los hechos por temor a las represalias o porque no eran conscientes de que hubieran sido víctimas de un delito. Adicionalmente, 94.565 fueron víctimas de violación. De ellas, 12.809, es decir, el 13,54% fueron violadas por actores armados ilegales y 1.970, es decir, el 2,08%, por miembros de la Fuerza Pública.

Según la misma encuesta, 26.353 mujeres fueron víctimas de embarazo forzado, por lo que tuvieron hijos producto de estas violaciones, muchas veces masivas. Por su parte, otras 27.058 fueron forzadas a abortar y 19.422 más fueron esterilizadas a la fuerza. Se señala también que las mujeres blancas o mestizas, que habitan en viviendas de estrato 1, están más expuestas a estos abusos.

Es claro que para todas estas mujeres, el conflicto armado es una realidad cotidiana, más que un evento circunstancial en sus vidas. En ese entorno, la violencia sexual aparece como una práctica habitual y frecuente, afianzada en una cultura tradicional machista que tiende a legitimarla pero también a minimizarla, hasta el punto de que ciertos tipos de violencia están "naturalizados" y "normalizados". Por lo demás, no se trata de conductas aisladas, sino de una práctica premeditada, sistemática y generalizada.

Por su parte, el X informe de la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado tiene como propósito evaluar el cumplimiento por parte del Estado colombiano de las recomendaciones que hiciera después de una visita oficial a Colombia en noviembre de 2001 la entonces Relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, jóvenes y niñas, Radhika Coomaraswamy. Mediante estos informes anuales, pero particularmente en el último, la Mesa ha documentado la grave situación de violencia contra las mujeres, el incumplimiento del gobierno de dichas recomendaciones, al tiempo que llama la atención de los organismos internacionales y nacionales sobre asuntos tan poco visibles del conflicto colombiano.

Pero tal como señala con claridad el informe, la superación de esta grave crisis no depende solamente de la resolución del conflicto armado, en la medida en que las causas de las violaciones de los derechos humanos obedecen a profundas inequidades sociales, económicas y culturales, que se exacerban en tiempos de conflicto armado.

Debe señalarse, por último, que el papel de la Corte Constitucional ha sido fundamental en cuanto a darle visibilidad a tan grave situación. El 14 de abril de 2008 emitió el Auto 092, con respecto a la protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado. En dicho auto identificó diez riesgos o factores de vulnerabilidad específicos a los que están expuestas las mujeres por causa de su condición femenina, al tiempo que explicó el impacto desproporcionado del desplazamiento forzoso sobre las mujeres y le ordenó al gobierno la adopción de un programa para la prevención de dichos riesgos. Sin embargo, la mayor parte de estas recomendaciones de la Corte tampoco han sido atendidas hasta ahora.

*Profesora titular, Departamento de Relaciones Internacionales, Pontificia Universidad Javeriana.
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