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Opinión

  • | 2017/04/29 08:51

    ¿Circunscripciones cocaleras?

    Está en manos del Congreso y de la Corte Constitucional el que las circunscripciones especiales de paz, no terminen convirtiéndose en zonas cocaleras con estatus constitucional.

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Esta semana comenzó a conocerse el borrador del proyecto de acto legislativo preparado por el Ministerio del Interior, por medio del cual “se crean 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de Representantes en los períodos 2018–2022 y 2022-2026”. (Vea el documento aquí)

La conformación de estas circunscripciones especiales, que hace parte de los compromisos asumidos por el gobierno en el marco de los acuerdos de paz con las FARC, ha generado mucha polémica desde cuando el tema fue planteado durante las negociaciones. La principal preocupación está centrada en el desmedido poder político y económico que podría llegar a tener la guerrilla en su nuevo rol de partido político, en zonas con gran presencia de cultivos ilícitos que han estado bajo su influencia y control efectivo por años.

La propuesta de reforma constitucional busca que la Cámara de Representantes tenga 16 representantes adicionales para los períodos constitucionales 2018-2022 y 2022- 2026, a través de la creación de 16 circunscripciones especiales en las que los candidatos sólo podrían ser inscritos por grupos significativos de ciudadanos, organizaciones sociales, consejos comunitarios o resguardos indígenas legalmente constituidos.

A pesar que la propuesta prevé que no podrían inscribir listas para esas circunscripciones, ni los partidos que hoy tienen representación en el Congreso, ni el partido que surja de las FARC, el proyecto si permite que los ciudadanos que las habitan podrían votar por candidatos inscritos dentro ámbito territorial de cada circunscripción de paz, sin perjuicio de su derecho a participar en la elección de candidatos a la Cámara de Representantes en las elecciones ordinarias del respectivo Departamento, es decir que una persona podría votar dos veces por candidatos distintos en un mismo día.

Si lo anterior se analiza a la luz de la eliminación del umbral electoral, otro de los compromisos del gobierno con las FARC, es decir, la eliminación de un requisito para que los partidos políticos obtengan y mantengan su personería jurídica, que hoy corresponde al 3% de los votos válidos para Senado de la República o al cincuenta por ciento 50% del cuociente electoral en el caso de Cámara de Representantes, Asambleas y Concejos Municipales, vemos que las FARC tendría indiscutible ventaja frente a cualquier otro partido, pues al no existir un umbral, no solo podría crear una partido político nacional, sino también varios movimientos políticos regionales que presentarían candidatos a la Cámara de Representantes en las elecciones ordinarias, quedándose así, tanto con los votos del Departamento, como con los votos de las circunscripciones especiales de paz.

Si a lo anterior se suma la variable de los cultivos ilícitos, el tema se vuelve aún más complicado, pues como bien lo demuestra un análisis hecho por el portal “La Silla Vacía”, en ocho de cada diez municipios, y en todas las circunscripciones especiales de paz, hay cultivos ilícitos en su jurisdicción.

De ser aprobado el proyecto como está redactado, sin que se establezca como condición para la activación de las circunscripciones especiales, la total eliminación de cultivos ilícitos dentro de las mismas, los nuevos movimientos políticos regionales que llegue a crear las FARC se quedarían con el pan y con el queso, pues como sucede en Bolivia, dichos movimientos podrían asumir como bandera política la protección de las siembras y de los sembradores de coca, garantizando su control político y económico en dichas zonas.

Está en manos del Congreso y de la Corte Constitucional evitar que las circunscripciones especiales de paz acordadas por el gobierno y las FARC, terminen convirtiéndose en zonas cocaleras con estatus constitucional, por cuenta de una peligrosa simbiosis entre coca y política.

*Ex Viceministro de Justicia. Decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales, Universidad Sergio Arboleda.

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