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Opinión

  • | 2017/07/27 11:35

    Conocimiento privilegiado

    La educación es también un ejercicio de discriminación social cuando las condiciones de acceso están vinculadas al mismo patrón heterogéneo de distribución de la riqueza y ello se traduce en grandes asimetrías en la capacidad del país para entender y afrontar las decisiones ambientales.

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Las decisiones que tienen incidencia en el ambiente son particularmente complejas en estos tiempos en que la conciencia de las personas se ha agudizado, gracias a décadas de campañas, algo de educación formal basada en señales de la ciencia y la reflexión acerca de la experiencia ecológica personal. Interpretar la situación de cada quien en el ecosistema requiere conformar un cuerpo de conocimiento muy particular, capaz de reconocer sus formas de interacción con los demás, la fauna y la flora y su entorno físico que incluye ríos limpios o sucios, casas de palma o acero y vidrio, oro en polvo y petróleo, joyas y gasolina. No hay quien ronde los 40 años y no haya estado expuesto desde su infancia a un creciente bombardeo de mensajes acerca de su (i)responsabilidad ambiental, la importancia de los páramos, las selvas y la fauna silvestre, la calidad del agua o el aire. De ahí que en la mayoría de democracias las preocupaciones por el deterioro del territorio hagan parte creciente de las agendas electorales, la voluntad popular lo impone. Incluso en muchos países ese debate mueve la cooperación internacional de la conservación y adaptación al cambio climático, aportando millones de dólares que provienen de los impuestos de los ciudadanos de cada nación.

En aquellas regiones del mundo donde impera la inequidad, la discusión ambiental es uno de los pilares de la movilización social, pues una cosa es ver a los demás enriquecerse y prosperar, algo legítimo y deseable, otra tener que sufrir los impactos negativos del enriquecimiento, eufemísticamente llamados externalidades o daño colateral. Esta experiencia ecosistémica vivida desde la marginalidad ha sido reconocida por las ciencias sociales hace décadas, pero no ha llevado aún a los gobiernos a entender las consecuencias de ignorarla: si bien para construir bienestar para la gente es indispensable modificar a fondo los paisajes silvestres, desplazar la fauna o alterar el relieve, la cuestión central de la distribución equitativa de sus efectos ha obligado que las Cortes y Tribunales de justicia estén tomando mayores cartas en el asunto.

Incluso los pueblos indígenas talan, cazan o queman: son las adaptaciones humanas que fundamentan las culturas y nada se construye o mantiene sin ello, aunque todo funciona de manera proporcional. La agricultura de baja intensidad de los pueblos amazónicos no genera impactos ni de lejos comparables con la imposición a vivir entre las heces de las grandes ciudades a las personas cuenca abajo, pero tampoco puede sostener más que unos miles de personas al tiempo.

La educación es también un ejercicio de discriminación social cuando las condiciones de acceso están vinculadas al mismo patrón heterogéneo de distribución de la riqueza y ello se traduce en grandes asimetrías en la capacidad del país para entender y afrontar las decisiones ambientales. La educación científica y técnica no es ajena a este fenómeno y por ello se cuestiona la independencia de las academias en relación con el modelo de desarrollo imperante: si no hay una perspectiva crítica y completa de la distribución de los efectos negativos del impacto ambiental de las actividades productivas, el conocimiento privilegiado pierde legitimidad. Más difícil de explicar, sin embargo, que también deja de ser útil si pierde su perspectiva y se involucra apasionadamente en una lucha de poderes. Si bien la ciencia por ser humana no es objetiva, está en la capacidad y el deber ético de cuestionar su propia posición, de declararla y ponerla en juego para minimizar los errores que de ella puedan derivar sus interpretaciones de las cosas: por eso es una empresa colectiva. Al tiempo, hay que recordar que los científicos también son ciudadanos y votan, pero ese voto no está sujeto a la revisión de pares.

Las profundas asimetrías sociales transferidas al conocimiento generan también grandes contradicciones respecto a la financiación de la investigación, pues la riqueza en muchas circunstancias no es producto de la sabiduría sino de la corrupción: envenenar un río con mercurio, hacer mal una obra pública o cambiar la ley para favorecer intereses particulares conducen al empoderamiento de las malas prácticas, totalmente refractarias a la ciencia: las mafias no la necesitan. Y claro, entre menos recursos haya para este trabajo, menos capacidad de ayudar a mejorar o responder las preguntas que legítimamente se hacen los actores sociales en contradicción, arriesgando dejarlas en manos de esa lucha apasionada que inicia solidaria y acaba dictatorial y que tarde o temprano volverá a convertirse en conflicto armado. Hacer ciencia y educar es la única garantía para la paz duradera y sostenible.

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