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Opinión

  • | 2017/05/24 12:21

    La libertad de protestar. Del conflicto armado al conflicto político

    La combinación de demandas históricamente reprimidas y un Estado disfuncional no puede sino conducir a una explosión de descontento de la sociedad.

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¿Usted cree que en Colombia hay pocos o muchos motivos para protestar? ¿Cree que el Estado funciona adecuadamente? ¿Cree que la mayoría de los colombianos recibe la calidad de servicios que corresponden con los impuestos que paga?

Difícil que alguien se encuentre satisfecho con el funcionamiento del Estado colombiano. Y por eso hay muchos motivos para protestar. ¿Qué hace que las protestas actuales: de maestros, de chocoanos, de bonaverenses, parezcan distintas? Varias razones.

La primera es que las noticias de los paros y las manifestaciones de los ciudadanos no se ven opacados por noticias de violencia y muerte que ocasionaba el conflicto. No se nota mucho, pero las protestas contra gobiernos anteriores duraban un par de días en los titulares periodísticos antes de ser desplazadas por tomas guerrilleras, emboscadas contra patrullas del ejército o ataques contra los grupos subversivos. Sin la interrupción de la guerra el país ha podido seguir y ocuparse mejor de las protestas y sus causas.

En segundo lugar, el gobierno actual es el primero que no estigmatiza la protesta, la considera como una acción legítima de la ciudadanía y reconoce que el diálogo es la mejor forma de encontrar soluciones. No es poca cosa, pues las respuestas gubernamentales anteriores, no de años, sino de décadas, implicaban la estigmatización de quienes protestaban. ¿Quien no recuerda la repetida acusación de que las protestas estaban infiltradas por la guerrilla?. O peor aún, la criminalización de los líderes de las demandas sociales. No digamos mentiras, protestar en Colombia había sido una actividad peligrosa.

El ambiente de libertad que se respira hoy en día ha permitido que se empiecen a expresar mejor las demandas de los ciudadanos, ya desprovistos de los temores del pasado. Cuando reclamar lo que la gente considera justo no implica poner en riesgo la propia vida, empiezan a surgir las demandas que se encontraban reprimidas en la sociedad. La confrontación armada, y la manipulación de la movilización social que se generó por culpa del enfrentamiento armado, opacaron y represaron las demandas de inmensos grupos de la sociedad. Demandas por una mejor distribución del gasto público, como la que reclaman los maestros, o demandas por la inclusión a la vida nacional, como la de los chocoanos, o demandas para conseguir que el Estado funcione y brinde los servicios públicos básicos para la dignidad humana, como en Buenaventura.

El cierre del conflicto armado abre la puerta para que broten los conflictos políticos y tendremos que aprender a convivir con ellos. Esto implica redefinir la relación del Estado con la sociedad, y no es un reto solo para el gobierno actual, es un reto para el futuro del país. No hay que olvidar que el Estado funciona mal especialmente para los pobres, y la protesta social es el lobby de los pobres, que carecen de la capacidad de influir en los circuitos del poder del establecimiento capitalino.

En lugar de creer que la culpa radica solo en la mala gestión del gobierno hay que mirar el fondo del asunto (sin que esto excuse la débil gestión del gobierno) y entender que la combinación de demandas históricamente reprimidas y un Estado disfuncional no puede sino conducir a una explosión de descontento de la sociedad. La pregunta es si lograremos encauzar estas demandas por las vías institucionales, o si asistiremos a la era de la política en las calles.

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