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Opinión

  • | 2017/05/11 15:15

    Una coalición será liderada por el Centro Democrático. ¿Y los otros?

    La alternabilidad en el poder podría también verse afectada con la modificación o derogatoria del a.9°del A.L. 2 de 2.015, a objeto de permitir la reelección inmediata y quién sabe si esta vez de manera indefinida.

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En el próximo debate electoral se juega el futuro de Colombia como quizás nunca antes en las últimas décadas. Estará en juego el Estado Constitucional y Social de Derecho que pretende ser reemplazado por el inefable “Estado comunitario”. Es bien sabido que no hay Democracia sin Estado de Derecho ni Estado de Derecho sin Democracia. La llegada al poder en 2.018 del Centro Democrático encabezado por su líder el ex presidente Álvaro Uribe, pondría en peligro derechos constitucionales fundamentales. Corremos el riesgo de que se establezca, como en el 2.003, (A.L.02), que las “autoridades”

“con fundamento en serios motivos, puedan interceptar o registrar la correspondencia y demás formas de comunicación privada, sin previa orden judicial”… Es la legalización de las “chuzadas”.

También que

“El Gobierno Nacional podrá establecer la obligación de llevar un informe de residencia de los habitantes del territorio nacional”… Es limitar el derecho a la privacidad, eventualmente a la libertad de movimiento y quedar al acecho de la arbitrariedad de las autoridades. Sólo los regímenes más autoritarios toman medidas de este tipo.

De igual manera que

“sin previa orden judicial, las autoridades que ella señale (una ley estatutaria) puedan realizar detenciones, allanamientos y registros domiciliarios”… La libertad de la ciudadanía queda comprometida. No serán pocos quienes vivan con pánico ante esta perspectiva. Es algo peor que lo establecido en el a.28 de la Constitución de 1.886 que permitía “que aún en tiempo de paz… sean aprehendidas y retenidas, de orden del Gobierno y previo dictamen de los Ministros, las personas contra quienes haya graves indicios que atentan contra la paz pública”.

La alternabilidad en el poder podría también verse afectada con la modificación o derogatoria del a.9°del A.L. 2 de 2.015, a objeto de permitir la reelección inmediata y quién sabe si esta vez de manera indefinida.

También podría estar en peligro la Constitución en cuanto a que prevé que sólo, únicamente, los jueces pueden declarar la existencia de un delito y señalar la culpabilidad de sus autores. El Presidente de la República no puede por sí y ante sí sustituir a los jueces en esta materia pues como lo dice el a.29 de la Constitución “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”. (Negrillas, mías)

A propósito, Julio Sánchez Cristo le pregunta al General Óscar Naranjo:

“Según su conocimiento, cuál fue el motivo principal por el cual el Presidente ordenó extraditar a la plana mayor del paramilitarismo?” El General respondió:

“Porque había evidencia por lo menos de que dos de ellos seguían delinquiendo desde la cárcel y entonces el criterio del Presidente fue que deberían irse todos”. (El General de las Mil Batallas, Planeta, 2.017, p.225) ¿Qué delito en concreto cometieron? ¿Cuál su grado de culpabilidad? No lo sabremos nunca porque no hay juez para esa causa.

Incluso podría estar en peligro la paz firmada con las Farc pues tienen la aspiración de “hacerla trizas” para lo cual se proponen llevar a Timochenko, Iván Márquez y compañía a la cárcel e impedir o revocar su elegibilidad. No sería fácil hacerlo dentro del marco de la Constitución que prevé que “En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”. Pero quizá sí dentro del concepto de “Estado comunitario”.

También podría estar en peligro el alcance mismo del a.22 de la Constitución. No ha dejado de sorprenderme lo dicho por uno de los precandidatos más lúcidos del Centro Democrático: “Es cierto que nuestra Constitución tiene un artículo que es el artículo 22 que se llama el derecho a la paz pero ese artículo 22 viene del artículo 2° de nuestra Constitución que dice que la obligación del Estado es defender la vida, honra y bienes de todos los colombianos en todo el territorio nacional”… (Iván Duque, Convención Centro Democrático). Como si la paz fuera incompatible con la seguridad cuando es, evidentemente, la mejor garantía de ella.

Podría así mismo estar en peligro el concepto de derecho a la igualdad de todos los colombianos frente a la ley como lo demuestra el apoyo del Centro Democrático al referéndum discriminatorio contra viudos y viudas, divorciados y divorciadas, madres cabezas de familia, solteros y parejas homoparentales impulsado por la senadora cristiana Viviane Morales y su esposo, el doctor Carlos Alonso Lucio.

El concepto de que los derechos constitucionales fundamentales son “contramayoritarios”, que no pueden someterse a la decisión de las mayorías, por ejemplo, en referéndums porque por ese camino se podrían desconocer todos los derechos de las minorías, también se encuentra en peligro. En nuestro tiempo la calidad de la democracia se mide precisamente por el respeto a esas minorías.

El presidente Uribe quiere reconstruir la alianza por el “no” a la paz pactada con las Farc. Quiere organizar una coalición con pastores cristianos como César Castellanos, el doctor Alejandro Ordóñez, representante de la extrema derecha tanto como el doctor Fernando Londoño Hoyos, el ex presidente Andrés Pastrana, que en busca de la paz, durante su gobierno, llegó al extremo de establecer una “zona de distención” de 42.000 km² para adelantar las negociaciones y después de que estuvo, aparentemente, dispuesto a una Constituyente que

“sea conformada mediante la libre y democrática elección de sus miembros, sin perjuicio de que se adopten otros procedimientos especiales para la escogencia de quienes han de representar en ella a la insurgencia”. (RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE NOTABLES A LA MESA DE DIÁLOGO, 29 septiembre 2.001) Es decir, “los combatientes de la insurgencia” como se llama a los guerrilleros en ese documento, no se someterían a elecciones en tanto que sí debía hacerlo el resto de los candidatos.

También invitó al doctor Jaime Castro y a sus intelectuales amigos que, en mi opinión, son amigos de la paz firmada con las Farc, aunque fueron opositores al Plebiscito y al fast track, dos lamentables errores que han redundado en disminución de apoyo al proceso de paz y le han generado todo tipo de inconvenientes, mientras se avanza a paso de tortuga en los aspectos operativos del proceso hasta el extremo de que la Fuerza Pública no está copando los territorios dejados por las Farc. Es difícil imaginar una justificación para esto, y menos aún que el Ministro de Defensa tenga oídos sordos a este reclamo.

*Constituyente 1.991
Mayo 11 de 2.017

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