Conspiración contra Colombia

Estamos rodeados. Lo dije alguna vez en esta columna y me acusaron de paranoico y algunas cosas más. Los hechos desencadenados con la operación contra Raúl Reyes demuestran que así es. Contra Colombia hay en marcha una conspiración dirigida a fortalecer a las Farc y socavar al gobierno de Álvaro Uribe. El jefe de la pandilla es el Teniente Coronel de al lado y detrás van las marionetas.

Chávez no emprenderá, por ahora, una aventura militar. No porque no quiera, sino porque en este tiempo y hora no tiene con qué. Las razones son cuatro: a) Hoy, las Fuerzas Militares colombianas son cinco veces más grandes que las venezolanas, están mucho mejor entrenadas, tienen larga experiencia en infantería y operaciones áereas, helicotransportadas y nocturnas, y una altísima moral de combate; nada de eso tienen las venezolanas; b) Chávez podría compensar ese desequilibro con equipos y materiales militares de última generación, como los submarinos y los aviones de combate que ya compró (sobre lo que también advertí), pero no ha recibido sino nueve y sus pilotos apenas saben cómo mantenerse en vuelo; c) Las fuerzas armadas venezolanas viven un momento de quiebre interno que quedó reflejado el 2 de diciembre, cuando una facción obligó a Chávez a aceptar su derrota en el referendo de ese día. Si ordena una operación contra Colombia, el Teniente Coronel corre el riesgo de una fractura definitiva de impredecibles consecuencias; d) Finalmente, la economía venezolana, plena de petrodólares y abudante en escasez de productos básicos, depende hoy de los 600 millones de dólares de alimentos importados de Colombia.  Pero la situación cambiárá sustantivamente en un par de años. Entonces podría haber conseguido la unidad interna en las FAV, tendrá el grueso de los equipos militares que compró y seguramente habrá sustituido los alimentos que importa.

De manera que el traslado de tropas a la frontera tiene propósitos distintos. Dos internos: distraer la atención pública venezolana, donde la imagen de Chávez ha caído de manera abrumadora, y provocar la declaración de un estado de emergencia que le pemita controlar las elecciones que tendrán lugar a fin de año y en las que seguramente la oposición logrará triunfos fundamentales. Y dos externos: dejar posicionadas sus tropas en la zona de frontera, de manera que estén disponibles cuando decida la aventura, y aliviar la presión interna que empieza, ahora sí, a ahogar de manera definitiva a las Farc.

El juego es claro: con la amenaza en las fronteras, Colombia se ve obligada a distraer su atención y sus recursos del foco de derrotar a las Farc. Es ese y no otro el motivo de la ruptura de relaciones hecha por Nicaragua. Con ella ponen a la Armada Nacional en el dilema de ubicar sus buques para proteger La Guajira o San Andrés y Providencia.

La disculpa de Ortega, supuestamente indignado, es cínica e hipócrita. Él mismo, siendo jefe de Estado de la revolución sandinista, ordenó no una sino decenas de intervenciones militares en Honduras, donde se asentaban campamentos de la 'contra'. Pensar que, además, el desagradecido es el mismo que encabezaba el Frente Sandinista cuando Colombia le dio el espaldarazo de otorgarle carácter de beligerantes.

De manera que a Venezuela y Nicaragua no les preocupa que se haya atacado a Reyes en Ecuador, sino darles una mano a las Farc y socavar la gobernabilidad de Uribe. El mismo propósito tiene la idea de constituir comisiones internacionales "de paz" que han dejado caer en la cumbre de Río. Cuando, ahora sí, empieza el principo del fin, los amigos de la guerrilla deciden lanzarle un salvavidas.

En esas condiciones, Colombia no puede renunciar a usar la fuerza contra los terroristas en territorio extranjero, si ese compromiso no va acompañado de una promesa exigible y verificable de los vecinos de no permitir la presencia de las Farc en sus propios países y de cesar los contactos no autorizados con la guerrilla. ¡No habría necesidad de incursionar en playas vecinas si desde ellas no se lanzaran ataques contra la Fuerza Pública colombiana!

Puntilla: Sí, el derecho internacional público obliga a Colombia a no vulnerar la integridad del territorio de otros Estados, pero no a renunciar a la legítima defensa. En cambio, impone a los Estados vecinos el deber de renunciar a su injerencia indebida en nuestros asuntos y a cooperar con nosotros en la lucha contra el terrorismo, impidiendo el asentamiento de la guerrilla en sus territorios y absteniéndose de protegerlos.