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Opinión

  • | 2017/07/05 12:01

    La cándida y costosa consulta de los verdes

    Aunque se produce en el momento oportuno tiene un defecto estructural: busca imponer siete iniciativas que el Congreso se negó a reformar y no soluciones profundas y efectivas para combatir la corrupción

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Favorable y oportuno este año 2017 para adelantar una consulta popular anti corrupción en Colombia. El año de Odebrecht, de Reficar, del Fiscal anticorrupción preso por corrupción, de la mermelada, del Congreso atrapado por el ejecutivo para mover las agendas de la paz y de la economía.

La iniciativa de los congresistas del Partido Verde activa un mecanismo de participación que por las difíciles condiciones y requisitos que plantea, nadie había intentado. Eso es, sin duda, positivo y democrático. A pocos días de la fecha límite para entregar el millón 762 mil firmas válidas que les exige la ley para activar el proceso, ya pasan de dos millones y es posible que para el 26 de julio logren o incluso rebasen su propia meta de tres millones de firmas.

Sin embargo y pese a que la corrupción figura en todas las consultas de opinión entre los problemas que más preocupan e indignan a los colombianos la consulta no suscita hasta ahora entusiasmo, ni debate, ni la gran movilización popular que se esperaría de una causa común como combatir a los corruptos. En época de social media y de redes sociales ya no hay campanas neumáticas ni es indispensable conquistar el favor de los medios tradicionales. La razón de fondo de la apatía puede estar en los propios contenidos de la consulta.

Según la senadora Claudia López, las siete normas contra la corrupción incluidas corresponden a proyectos de ley que propusieron en el Congreso “y nos las hundieron ocho veces”. Es decir, la consulta –que implica un enorme esfuerzo logístico y económico- busca imponer siete iniciativas puntuales que el Congreso se negó a reformar y no implementar las soluciones complejas, inteligentes y efectivas para combatir la corrupción, que anhelan y exigen los colombianos. Ese puede ser su defecto estructural.

En Colombia las venas rotas de la corrupción son la salud, la educación, la infraestructura y un tema que en los últimos gobiernos se volvió tabú: la contratación y el gasto militar. Es posible que una iniciativa como “…Obligar que el presupuesto de inversión de Alcaldías Gobernaciones y Nacional, se desglose y priorice en Audiencias Públicas…” aporte transparencia, pero es infantil para desactivar las trampas y artilugios de todos los tamaños que los corruptos despliegan, que requieren sistemas más complejos y técnicos de compras y contratación.
 
Que los condenados por corrupción paguen la pena en la cárcel sin reclusión especial es una decisión simple, que solo requiere voluntad política del Presidente de la República. Hay temas más importantes en la materia como poner fin a la corrupción del Inpec, verdadera fuente de privilegios y abusos en las cárceles –con “pranes” a lo Venezuela- unida a la corrupción en el aparato judicial como lo acaban de confirmar las acciones en el Meta contra operadores judiciales acusados de conceder beneficios a homicidas, narcotraficantes e integrantes de organizaciones criminales, algo que se debería investigar en el resto del país.

Establecer como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, publicar anualmente las declaraciones de bienes, patrimonio, renta, impuestos y conflictos de interés a todos los elegidos por voto popular es una norma vigente, pero que se cumple al estilo criollo. Basta recordar la bochornosa publicación, el año pasado, de las declaraciones de renta de los ministros, algunos muy ricos en la vida real y pobrísimos en papeles que nadie, ni el propio Presidente, indagó ni cuestionó.

El eje de la consulta es reducir el salario de los congresistas que acaba de llegar a $29.814. 275 de pesos, algo impresentable en un país donde más de 80% de la gente gana menos de 2 millones. Reducirlo, con el de los altos funcionarios del Estado, de 40 a 25 salarios mínimos, tiene atractivo y taquilla. Pero es insignificante en la lucha corrupción porque los ingresos que enriquecen a algunos representantes y senadores no provienen de sus salarios sino de la interacción espuria, atada a la cadena de favores, dádivas, prebendas y contraprestaciones con el gobierno, que pone en sus manos gerencias regionales de entidades y/o la contratación de municipios y departamentos. Tiene más sentido al respecto luchar por los nombramientos por meritocracia o por blindar los procesos con el uso de tecnología en compras y contratación.

“Establecer un límite de máximo tres períodos para los elegidos en corporaciones de elección popular” es otra propuesta bien intencionada pero no tiene dientes para frenar el nepotismo que se entronizó desde Congreso, en los días del proceso 8.000 y de la parapolítica, con el traspaso de curules de sindicados y condenados a sus esposas y otros familiares.

Pese a sus debilidades la iniciativa marca una importante opción para demostrar, como dice Antonio Navarro, que “somos mayoría los que estamos cansados de la politiquería, de la mermelada y de los acuerdos por debajo de la mesa”. Es muy posible que logren las firmas pero les sigue el reto de llevar a las urnas a los 11 millones de colombianos necesarios para validar el proceso. No hay duda que la gente está hastiada de la corrupción y de los excesos de la clase política pero puede ser letal para la iniciativa que los puntos y las soluciones planteadas sean marginales.

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