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Opinión

  • | 2017/07/13 20:01

    Consulta forestal

    Todo parece indicar que si algunos municipios del país convocaran a consultas populares a la manera de las mineras o petroleras, ganaría abrumadoramente el SI a la deforestación.

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No se explica de otra manera el proceso sistemático y organizado con el que se tala el bosque en las fronteras internas, a veces incluso con el argumento populista de hacer la reforma agraria por propia mano, cuando todos sabemos que las tierras acaban acaparadas en manos de pocos que con los años entran en la tradición predial por hecho o por cohecho.

La deforestación planificada es evidente en las imágenes de satélite de muchas regiones del país y plantea un reto a la coherencia de los compromisos de Colombia ante el mundo y su propia sostenibilidad. Porque de las 180.000 Ha reportadas como desaparecidas en combate por el IDEAM y el MADS en 2016, que podemos achacar a las dificultades de gobernar el tránsito al postconflicto, como se entendía y había predicho, pasaremos de seguro a las 200 mil o más este año pero con una intención que está dibujada ya en el mapa.

Lo peor del acto de apropiación ilegal de la reserva forestal colombiana no es el reclamo por los títulos: es la violencia ecológica y medieval que implica que solo es válido el potrero, es la violencia contra la próxima generación condenada a recibir un desierto en expansión gracias a la avaricia de sus ancestros, disfrazada de “desarrollo” y justicia social. Se ha demostrado que el buen manejo del bosque es posible, rentable y sostenible, y que entretanto se refinan las tecnologías que impulsan una economía forestal madura (el Instituto SINCHI tiene una gran oferta para Amazonia, por ejemplo) la cooperación y el apoyo gubernamental pueden hacer la diferencia. Pero ello requiere del compromiso explícito de alcaldes y gobernadores de las regiones comprometidas y ojalá el de todas las organizaciones de la sociedad civil en Colombia, muchas dedicadas a procesos de restauración largos, difíciles y costosos: la terapia postraumática para el millón de hectáreas de selvas que tienen planeado apropiarse unos pocos es inviable.

Dado que esos mismos satélites nos muestran ahora el metro a metro y el patrón de ocupación con que se planifica y ejecuta esta deforestación, hay la opción de enviar un mensaje a los colombianos que solo le apuestan a la tala, y que evidentemente no son los colonos y campesinos que mueven la motosierra: los bosques derribados no pueden dar lugar a titulación. De manera alternativa, hay opciones de reconocimiento al buen manejo forestal de las reservas selváticas en una de las regiones más biodiversas del planeta, mediante concesiones o incluso titulación colectiva, como se hace en México o Guatemala hace décadas; las Zonas de Reserva Campesina son opciones, las reservas de la sociedad civil, otras figuras innovadoras. Todos los incentivos deben dirigirse hacia allá, para crear una economía forestal eficiente en aquellos territorios por fuera de las áreas protegidas. Una parte de la reforma rural integral puede hacerse en los bosques si se mantienen como bosques y ello deberá hacerse explícito en los programas de desarrollo rural integral. Cambiar selvas por maíz, pasto y vacas es la opción más empobrecedora, aunque sabemos que lo que empuja el hacha son las mafias de la coca, no la necesidad de comida.

El plan de choque contra la deforestación anunciado al tiempo que se reconocía la dureza de las cifras es una excelente herramienta, pero requiere de la voluntad política del resto de los sectores y sobre todo, un compromiso explícito de los candidatos al próximo gobierno: ahí nos jugamos la paz, la salida del narcotráfico y el principio del desarrollo sostenible. Lo contrario es el suicidio, planificado.

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