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Opinión

  • | 2011/10/20 00:00

    ¿Contaminación ambulante?

    ¿Qué hacer con esa forma de “contaminación”, que une a autoridades y comerciantes en su deseo por “limpiar” la ciudad y “recuperar” el espacio público?

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Para algunas personas, además de la contaminación ambiental, existe también una especie de “contaminación ambulante”. Esta es causada por los vendedores informales que inundan en desorden las calles de mayor circulación. Para los dueños de los locales comerciales con acceso directo a esas calles, no son nada diferente a eso: contaminación que afea sus fachadas, trae desorden, camufla delincuencia y se aprovecha gratuitamente de un espacio por el que ellos pagan impuestos para poder trabajar.

El problema, sin embargo, es mucho más complicado. Más allá de la molestia de los comerciantes y de la preocupación de las autoridades locales por tener ciudades “de mostrar”, subyace un problema económico importante de falta de empleo formal, en condiciones dignas y estables. Sólo en las calles de Bogotá, de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida 2008, habría un poco más de 220.000 vendedores informales, que representan casi el 7% del total de personas ocupadas de la ciudad –incluyendo tanto al vende-chicles, que anda con su caja de madera colgada al pecho, como al del carrito de perros y al que tiene una caseta de gaseosas o fritos mejor montada.

A los gobernantes locales les toca responder cómo resolver la situación de estos vendedores. Las opciones son dos: por un lado, recuperar el espacio público reubicando a los vendedores o generando nuevos puestos de trabajo formal y, por el otro, reconocerles el derecho a trabajar en la informalidad. Para Bogotá, por ejemplo, Petro parece confiar más en la segunda opción, pues ha dicho que los vendedores ambulantes conforman “una economía popular que hay que articular a la ciudad”.

Tal vez Petro tenga en mente la experiencia de Durban, Suráfrica, donde los altos niveles de informalidad llevaron que el gobierno incluyera las ventas callejeras en los planes de desarrollo de la ciudad e intentara mejorar sus condiciones laborales –con acciones que fueron desde instalar baños para los vendedores o explicarles cómo manejar los alimentos que venden, hasta crear un grupo de tareas técnicas que permitió su empoderamiento-. Aunque ello hizo posible que se conociera mejor la actividad económica de la ciudad, no corrigió dos falencias centrales: la del no cobro de impuestos, que tanta envidia causa entre los comerciantes formales, y la carencia de seguridad social que enfrentan estos trabajadores.

Cuando Peñalosa y Mockus fueron alcaldes, respondieron de forma muy distinta a como lo haría Petro. Para ellos, como también para el gobierno nacional actual, la respuesta estaba en la formalización. Hasta ahí todo bien. Pero para eso concentraron sus esfuerzos en una política agresiva de recuperación del espacio público. Como resultado, se volvieron comunes las escenas de policías correteando vendedores que, como podían, metían sus corotos en cobijas que hacían las veces de mochilas de fuga. Las calles sí se despejaron, pero no se crearon suficientes opciones de empleo formal para los vendedores desplazados.

Sin embargo, la recuperación del espacio público puede ser muy diferente. En Perú por ejemplo, la reubicación de los vendedores ambulantes del centro histórico de Lima fue reconocida por la ONU como Mejor Práctica en el año 2000. El éxito de esta operación estuvo, por un lado, en que el alcalde que la adelantó estableció desde el principio mecanismos de comunicación constante con los vendedores; y por el otro, en que contó con recursos suficientes para capacitar a los vendedores y publicitar los nuevos centros comerciales en los que los reubicó.

Algunos esfuerzos de la administración local han sido más condescendientes con los vendedores. Desde 1990, y más marcadamente con los gobiernos de Mockus y Lucho, se realizaron programas de reubicación de la ventas callejeras en centros comerciales y en kioscos del Instituto para la Economía Social –IPES-. Este fue creado por Garzón para el diseño y ejecución de alternativas para la economía informal. Los resultados, sin embargo, no han sido del todo positivos. Aunque algunas reubicaciones dieron buenos resultados, como la de la Plaza España, en otros casos los locales comerciales fueron abandonados. La misma suerte han seguido muchos de los kioscos del IPES.

Peñalosa no incluye ninguna referencia al comercio informal en su programa de gobierno, por lo que podría pensarse que, si repite de alcalde, usaría estrategias similares a las del pasado. Gina hace algunas alusiones generales que apuntan a la simple reubicación de los vendedores ambulantes. Por su parte, Petro propone la creación de un banco de distrito para darle créditos a los vendedores.

El tema es bastante complejo, pues supone un enfrentamiento profundo entre valores como el derecho al trabajo, el interés general por el espacio público y la igualdad de oportunidades, como lo ha señalado la Corte Constitucional. Por esa razón no hay soluciones ideales, y por eso mismo es que mucho de lo que dicen los candidatos se queda en mera retórica que no cumplen.


* Investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –Dejusticia-.
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