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Opinión

  • | 2004/10/30 00:00

    Contra la corriente

    Tatiana Villegas, experta en arqueología submarina, defiende el proyecto de ley de patrimonio sumergido que entra a debate en el Senado esta semana.

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Detrás de las críticas al proyecto de ley sobre patrimonio sumergido que cursa en el Congreso se escudan los intereses de los cazatesoros que quieren saquear el patrimonio cultural.

El futuro del patrimonio subacuático en Colombia viene siendo objeto de un amplio debate desde hace algunos meses. La prensa nacional ha seguido de cerca la polémica alrededor del proyecto de ley radicado por el Ministerio de Cultura en el Congreso que pretende regular la materia y que ha encontrado un arduo debate a su paso por el Senado. Teniendo en cuenta que la mayor parte de la opinión ha expresado hasta ahora una abierta oposición al proyecto, quisiera esclarecer, como experta en arqueología subacuática, algunos conceptos ampliamente compartidos por la comunidad científica internacional que espero puedan despejar algunas confusiones sobre los aspectos científicos y técnicos de la cuestión y demostrar que el debate actual en Colombia es de otro orden.

Para empezar, el proyecto de ley presentado por el gobierno declara que el patrimonio cultural sumergido es inalienable, imprescriptible e inembargable. Los argumentos opuestos tratan de excluir ciertos elementos del patrimonio de este marco, a pesar de que la integridad del patrimonio no se puede discutir. Nadie aceptaría que una isla del territorio nacional, aunque pequeña y sin recursos, fuese vendida a otro Estado con el pretexto de que este le aseguraría un mejor desarrollo económico o ambiental, como inaceptable es también legislar para facilitar la negociación en el mercado internacional de piezas pertenecientes a las culturas Quimbaya o Calima con el pretexto de que se han encontrado en numerosas cantidades. Del mismo modo no puede asegurarse que los lingotes de oro hallados en un galeón son susceptibles de ser separados del conjunto de elementos con los que se hundió.

Todo argumento en esta dirección pone en tela de juicio la propia soberanía del Estado, a la cual no le caben reservas de ninguna índole. Un Estado que defienda los intereses nacionales sobre el patrimonio cultural sumergido no puede tolerar leyes que dejen lagunas jurídicas al servicio de los cazadores de tesoros financiados por inversionistas extranjeros, cuyo único propósito es encontrar vías de interpretación legal para saquear nuestro patrimonio.

También es importante insistir en el hecho de que el patrimonio cultural sumergido no es un recurso natural y no es renovable. Un barco es una burbuja de tiempo. Todo cuanto se encontraba abordo en el momento de su hundimiento es contemporáneo y tanto el zapato del marinero como el lingote de oro contienen información vital sobre nuestro pasado y sobre los eventos que ocurrieron durante la vida de esa embarcación. Desde el punto de vista arqueológico, todo vestigio es potencial de información y parte integrante del sitio. La totalidad de la información es crucial.

Otro aspecto que diferencia los proyectos con fines lucrativos de aquellos en que la prioridad es el estudio arqueológico se refiere al interés por la construcción naval. Este admirable trabajo de ingeniería, constante en la historia de la humanidad, evidencia grandes vacíos ya que durante muchos años no se llevaron registros escritos. El estudio arqueológico de la estructura del navío es primordial para comprender las técnicas de construcción y establecer hipótesis de comparación con las embarcaciones encontradas en otros lugares del planeta. Hasta hoy, ninguna exploración con fines económicos ha hecho un trabajo serio de registro de la estructura en madera, ya que se trata de un análisis minucioso que va en contra de las exigencias de beneficio financiero inmediato impuestas por los inversionistas.

Existe también una gran confusión sobre el presupuesto necesario para la exploración arqueológica submarina. No se necesitan millones de dólares para poner en marcha una buena investigación arqueológica. Con un presupuesto modesto es posible que un buen equipo de arqueólogos submarinos y buzos voluntarios, sumados al apoyo de las instituciones del Estado, puedan emprender labores exitosas sin el apremio del tiempo. Aquí reitero el aspecto primordial que diferencia los proyectos con fines científicos de aquellos con fines económicos. Cuando el motivo principal es obtener objetos que se puedan negociar en las grandes subastas internacionales para el enriquecimiento de algunos, la investigación arqueológica se ve subyugada a los intereses financieros ya que la relación entre los conceptos de tiempo, rendimiento y exigencia científica no es la misma.

Desde que empezó a sonar el controvertido caso del galeón San José, el gobierno colombiano ha extremado las medidas de protección del patrimonio sumergido. Esta posición de prudencia ha contribuido a su salvaguardia. En mi opinión, el hecho de no haber concedido permisos a diestra y siniestra 'para salvar los barcos en peligro' ha facilitado su conservación natural. Gracias a esta posición de firmeza ante el eminente asedio de los cazadores de tesoros, cuya presión y codicia es alarmante, el patrimonio colombiano se encuentra a salvo.

Como dije, los aspectos técnicos no son lo más importante en el debate. La estrategia de los opositores al proyecto de ley del gobierno tiene como objetivo crear un marco que permita a los inversionistas privados explotar nuestro patrimonio sumergido con fines lucrativos, pretextando confusas razones técnicas carentes de rigor académico o científico. El argumento de que nuestro país no está capacitado para ocuparse de inventariar y estudiar este patrimonio me parece infundado y ofensivo. Creo sinceramente que es posible desarrollar la arqueología subacuática en Colombia a través de las instituciones universitarias, con la colaboración de las entidades del Estado e, igualmente, del lado de la comunidad marítima: marinos, pescadores, buzos y poblaciones costeras son indudablemente los mejores aliados del patrimonio sumergido. El patrimonio debe ser explotado en beneficio del interés general, y el Congreso colombiano se enfrenta ahora a la responsabilidad de decidir si nuestro país se une a ese interés o si navega contra corriente.

* Experta en arqueología subacuática
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