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Opinión

  • | 2011/05/27 00:00

    Contrapeso

    Desde hace ya varias semanas, no pasa un día en que no se hable en la prensa escrita, y en especial la económica, de la infraestructura del país.

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Desde hace ya varias semanas, no pasa un día en que no se hable en la prensa escrita, y en especial la económica, de la infraestructura del país. Quizás porque el gobierno actual ha querido, desde el primer día, darle un papel primordial a este sector y en aras del marketing denominarlo “locomotora”, quizás porque tras un invierno demencial que todavía no ha querido dar tregua las graves falencias de este sector han quedado desnudadas.

Lo cierto es que en estas últimas semanas, mientras los titulares abundan sobre los planes de desarrollo del gobierno y los diferentes ejes que van a guiar la inversión en infraestructura de los años por venir, la prensa también resalta los resultados financieros de las principales firmas constructoras y concesionarias, resaltando sus éxitos nacionales e internacionales así como su músculo financiero.

Leyendo el precedente párrafo y transponiéndolo a un país diferente, podría decirse que las condiciones están dadas para una gran época de obras monumentales, y así acabar de una vez por todas con las trochas, los derrumbes y la doble fila. Lastimosamente, muchas falencias ya bien conocidas empañan tanto al gobierno como al sector privado y el leer entre líneas se vuelve más bien doloroso.

Para no llover más sobre mojado, porque ya es redundante hablar de carruseles, dejemos la corrupción a un lado y concentrémonos en la situación sin que ésta existiera. Probablemente la mayoría de problemas que aquejan a las grandes obras actuales existirían todavía: retrasos, cambios de diseños, tramos vulnerables a las lluvias y otros fenómenos geológicos, etc. Porque si bien los constructores y concesionarios parecen responder conforme a los pliegos de licitación, es claro que el sector privado sabe explotar mejor éstos a su beneficio sin necesariamente estar rompiendo la ley.

Es una cuestión de incentivos: el sector privado no funciona de buen corazón; su razón de ser es crear utilidades y enriquecer a sus dueños. Todas los otros objetivos socio-económicos de los proyectos en que participan no es de su incumbencia; ellos simplemente ejecutan. Es el rol del gobierno concebir los proyectos buscando el beneficio económico y social de los ciudadanos; no son los constructores los que van a modificar una obra simplemente porque es más sostenible si al final esto les hace incurrir en menos utilidades.

Volviendo a revisar las noticias positivas de estos últimos días, las del gobierno son todas a futuro, es decir planes; las de las empresas son todas en pasado (resultados financieros). Cabe entonces preguntarse como toda esta buena voluntad del gobierno va a enfrentarse al poderío económico del sector de la construcción.

Lo aconsejable sería reducir todo el problema a un valor presente neto. El gobierno sufre constantemente de retrasos, desfalcos y costos económicos inesperados con estos proyectos gracias a unos procesos de licitación que el sector privado está en capacidad de exprimir mejor a su beneficio.

¿Por qué no mejor incurrir en un costo menor al invertir hoy en diseños más claros y profundos, en estructurar más detalladamente los proyectos a la medida de cada uno? ¿Por qué no mejor tomarse el tiempo adecuado en estudios conceptuales y de ingeniería detallada en vez de dejar éstos a la merced de los licitantes? ¿Por qué no tener un equipo competitivo de financistas, expertos y abogados que puedan gerenciar los procesos de licitación como se debe?

Sí, esto implica una inversión significativa que ahuyenta a los responsables del presupuesto, pero estos gastos ahora seguramente ahorraran mayores desperdicios económicos en el futuro. Y si, como se repite desde hace varios meses, es importante traer nuevas fuentes de capital para evitar el apalancamiento excesivo que los proyectos hoy permiten, seguramente estas nuevas fuentes, ya sean fondos de pensiones, corporaciones financieras o inversionistas extranjeros, van a requerir de unos proyectos mejor estructurados y mucho más estudiados.

El gobierno entonces necesita realmente de un brazo fuerte que conozca el tema a fondo, a la par con los constructores y los concesionarios, para poder negociar de igual a igual. Mientras estas firmas cuenten con una armada de financistas, abogados y asesores que pueden encontrar todos los caminos para explotar, el gobierno no se puede quedar atrás; necesita más especialistas y asesores que entiendan estos contratos desde un punto de vista estratégico y empresarial y sepan gerenciar los estudios y la estructuración como lo haría un privado.

Para que el plan trazado por el Ministerio de Transporte, plan increíblemente ambicioso en todos sus ejes, sea un éxito es necesario contar con el tiempo y los recursos para estructurar conformemente los proyectos, con diseños claros y estudiados antes de salir a licitación. No es difícil conseguirlos; tanto en bancos privados y multilaterales como en firmas de ingeniería y consultoría, hay bastantes colombianos regados por el mundo trabajando para otros países latinoamericanos, asiáticos, africanos y, más tristemente, europeos y norteamericanos. Seguro ellos preferirían trabajar sobre el sistema férreo del país que con un tranvìa en Nottingham. Y que mejor momento que ahora.


Santiago Arroyo es titular una maestría en Ingeniería de Transporte y Finanzas de la Universidad de Princeton y trabajó como experto en economía de transporte en Francia.
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