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Opinión

  • | 2003/06/23 00:00

    Control Constitucional y Democracia

    La aprobación del referendo ha despertado interrogantes y críticas entre distintos sectores del país. Algunos lo han calificado <i>"el espíritu constitucional"</i> y otros <i>"la literalidad de la ley y el culto a los procedimientos"</i>. Rafael Merchán, director del Instituto de Ciencia Política, analiza el papel de la Corte Constitucional en esto.

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Si hay algún tema que resulte complejo para la teoría jurídica y la filosofía política es el del papel del juez constitucional. Y es que la línea divisoria entre lo que se le debe permitir a éste y aquello que le está vedado es siempre tenue y difusa. Lo que está de fondo en la controversia es cómo conciliar el papel que tienen los tribunales como garantes del orden constitucional, con la esencia misma de la representación y la participación. ¿Cómo pueden unos funcionarios quién nadie ha escogido interferir procesos donde han intervenido actores fruto de procesos democráticos? Esta es una pregunta sin respuestas fáciles ni recetas preestablecidas.

Además, detrás de estas polémicas se esconden también formas divergentes de entender y aplicar el derecho. Mientras algunos privilegian los principios, valores y el espíritu constitucional, otros enfatizan la literalidad de la ley y el culto a los procedimientos.

Más allá de los debates coyunturales, es en este contexto que tiene una enorme trascendencia la decisión que en las próximas semanas tome la Corte sobre la constitucionalidad del referendo. En efecto, lo que está en juego no son sólo unos artículos, sino el concepto mismo y la aplicación de la tan cacareada democracia participativa, que hasta ahora no ha sido más que una buena intención del constituyente.

En estricto sentido, la gran mayoría de los argumentos que el Procurador señaló como vicios del texto de referendo carecen de sustento. A manera de ejemplo, no es cierto que este tenga un vicio de procedimiento por supuestamente no haberse publicado, pues el proyecto original cumplió cabalmente con este requisito. Tampoco lo es que existan irregularidades por supuesta carencia de unidad de materia, pues todos los puntos giran sobre un mismo eje: la convocatoria a un referendo constitucional. Choca con la verdad afirmar que no exista un fallo que declara legal la incorporación del voto en bloque, pues al pronunciarse sobre la Ley Estatutaria que regula la materia la Corte lo encontró ajustado a la Constitución.

Más aún, el Procurador lanzó una verdadera perla que, curiosamente, no despertó mayores reacciones. Palabras más, palabras menos, el funcionario sentó una doctrina en virtud de la cual en la práctica el soberano no es el pueblo sino el Congreso. En su opinión, todos los referendos, incluidos lo de origen popular, pueden ser modificado por el Legislativo a su real saber y entender. Por la puerta de atrás, nos quieren volver a teorías jurídicas más propias de la Carta del 86 que de la actual.

En últimas, lo que deja ver la posición del Procurador es una visión formalista a ultranza que llevaría a que so pretexto de defender las formas se menoscabe el fondo del asunto. Doctrina que llevaría al absurdo que lo accesorio prime sobre lo sustancial, que no es otra cosa distinta que el derecho que tiene el pueblo, el ciudadano del común, de escoger el modelo de país que quiere. La Constitución dice que el derecho sustancial prima sobre el procesal. Y ese postulado se debe aplicar incluso para los derechos políticos, donde el voto y la posibilidad de que la ciudadanía se pronuncie sobre reformas constitucionales es esencial en la dinámica política de una verdadera democracia participativa.

Por eso no se entendería que la Corte emitiera un fallo que contraríe lo que ella profusamente ha señalado: que a partir del 91 la participación no puede ser letra muerta, sino una realidad que debe permear la dinámica social; que el ciudadano no es un ente pasivo sino activo de la vida política; que la interpretación constitucional debe tener como premisa fundamental potencializar los principios y derechos y no negarlos.

Lo menos que esperan los colombianos es que la Corte cumpla su papel, pero que no desnaturalice un mecanismo que por falta de voluntad política y por la dictadura de los incisos y los parágrafos no ha sido utilizado. ¿Será eso mucho pedir?

* Director Instituto de Ciencia Política
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