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Opinión

  • | 2013/12/07 00:00

    Juicio de responsabilidades por creación de las ‘Convivir’

    En distintos tribunales se han referenciado las ‘Convivir’ como estructuras que fomentaron la guerra. ¿Qué tanta responsabilidad le cabe al Estado?

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En una reciente decisión, fechada el 21 de noviembre, el Consejo de Estado falló en contra del Estado en el caso del asesinato y desaparición de siete comerciantes del municipio de San Roque, Antioquia, ocurrido el 14 de agosto de 1996 en jurisdicción de Puerto Berrío, Magdalena medio antioqueño.

La decisión podría ser una más de las que constantemente emite ese alto tribunal si no fuera porque en sus argumentaciones recordó no sólo el papel que tuvieron en el crimen cometido contra esos ciudadanos una cooperativa de vigilancia y seguridad privada llamada Guacamayas, que cumplía el doble papel de entidad legalmente constituida y grupo armado ilegal de carácter paramilitar, sino la responsabilidad del Estado en el control de este tipo de asociaciones de civiles armados.

Al respecto, el fallo dice: “La responsabilidad del Estado se ve comprometida de forma especial y particular, toda vez que, precisamente, la administración pública –y especialmente en el departamento de Antioquia– fomentó la creación y constitución de grupos armados denominados ‘Convivir’ cuya finalidad era dotar de aparente legalidad y legitimidad a un fenómeno de paramilitarismo cuyo objetivo era exterminar los grupos subversivos”.

La decisión estableció que “los daños antijurídicos irrogados por esos grupos ilegales son imputables al Estado no sólo por la vía de la comisión por omisión (posición de garante), sino, de igual forma, en virtud de un riesgo que la misma organización estatal promovió, como quiera que en un Estado que se dice Social de Derecho el manejo de las armas y de la defensa de la soberanía sólo está a cargo de las Fuerza Pública”.

El Consejo de Estado advirtió que “fue precisamente ese comportamiento permisivo de la administración pública lo que permitió que se cometieran y perpetuaran actos execrables que atentaron contra los bienes e intereses jurídicos más esenciales de la población, en una punible y reprochable connivencia entre las autoridades públicas y los grupos armados ilegales”. 

Esos servicios de vigilancia y seguridad privada fueron creados por el Decreto 356 del 11 de febrero de 1994, firmado por el entonces presidente de la República, Cesar Gaviria Trujillo, y el ministro de Defensa Nacional, Rafael Pardo, actual Ministro del Trabajo. Esos servicios estarían constituidos por “grupos de civiles a los que se les permitiría portar armas” y se pretendía que sostuvieran intercambios constantes de información con las Fuerzas Militares para fortalecer la seguridad en las regiones.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada quedó autorizada para regular y supervisar esos servicios y fue esta entidad la que el 27 de abril de 1995 expidió la resolución que les puso el nombre de ‘Convivir’. En una decisión posterior, fechada el 22 de octubre de 1997, determinó que no se debería usar más esa denominación.

El Decreto 356 sería aplicado con eficacia en el departamento de Antioquia donde se crearon 87 cooperativas de seguridad y vigilancia privada en su mayoría autorizadas por el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. En el Urabá antioqueño se crearon 12, siendo una de las regiones con más asociaciones de ese tipo y que jugarían un papel fundamental en la expansión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Cundinamarca con 120, Santander con 108 y Boyacá con 92 están en el tope de la tabla de los departamentos donde más se autorizaron estas organizaciones civiles armadas.  En total, 24 departamentos del país contaron con este tipo de asociaciones.

Uno de los aspectos interesantes es que las llamadas ‘Convivir’ recibieron autorización para portar armas de uso privativo de la Fuerza Pública, las cuales eran vendidas directamente por el Comando General de las Fuerzas Militares. Por ejemplo, el 22 de agosto de 1996, se le vendieron a la asociación Nuevo Amanecer, liderada por Salvatore Mancuso en Córdoba, once subametralladoras Colts 9 milímetros por 32 millones de pesos, que fueron pagadas de contado según recibos US 2106160 y US 2106161. 

Ante lo que podría significar el porte de este tipo de armas por civiles, la Corte Constitucional recibió una demanda de inconstitucionalidad en contra del Decreto 356 y de las llamadas ‘Convivir’. Si bien este alto tribunal decidió a favor de la constitucionalidad del Decreto 356 y de las asociaciones, optó por restringir el porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares y autorizó sólo el porte de armas de uso personal.

Interesante sería saber dónde están actualmente las armas que se compraron antes de las restricciones impuestas por la Corte Constitucional. ¿Alguna entidad hizo controles posteriores por ejemplo a las subametralladoras adquiridas por la ‘Convivir’ de Mancuso? ¿Cuántas de esas armas fueron entregadas en los distintos eventos de desmovilización colectiva que acordaron el gobierno nacional y el estado mayor de las Auc en Santa Fe de Ralito? 

Ante esa laxitud estatal, razón tiene el Consejo de Estado al señalar que “los Estados no pueden permitir o fomentar la vulneración o trasgresión de las garantías mínimas del ser humano, so pena de medidas o condenas ejemplares que no sólo busquen la persecución de los autores de los delitos contra el orden penal internacional, sino también la reparación integral de los daños irrogados”.

Con el fallo en contra del Estado en el caso de los comerciantes de San Roque, Antioquia, y las consideraciones sobre la responsabilidad de la administración pública, “–y especialmente en el departamento de Antioquia–“, no sólo en la creación y constitución, sino en la falta de controles de las asociaciones de vigilancia y seguridad privada, se refuerza la orden dada a la Fiscalía por parte de la la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá en sentencia proferida contra Hebert Veloza García, alias ‘HH’, el 30 de octubre pasado, para que investigara “a los civiles, empresarios, comerciantes, ganaderos, bananeros, miembros de los organismos de seguridad estatales y funcionarios que tuvieron vínculos con las Convivir o fueron los encargados de vigilarlas”. 

¿Será que, por fin, estamos entrando a la etapa de determinar la responsabilidad penal entre aquellos que desde el Estado apoyaron lo que, en últimas, impulsó el proyecto de las Auc en el país? Este es un nuevo reto para el sistema judicial. Ojalá lo logre.

Periodista y docente universitario 
En Twitter: @jdrestrepoe
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