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Opinión

  • | 2017/11/18 22:15

    Un regalo envenenado

    ¿Saben cuántos civiles que hayan financiado grupos paramilitares van a ir voluntariamente a la JEP?... ninguno. Todos van a preferir a su juez natural, sobre todo si es fácilmente sobornable y pertenece al cartel de la toga.

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El fallo de la Corte Constitucional declara exequible la JEP, pero la mutila y la convierte en una inválida. No solo le cambia a las Farc las condiciones jurídicas en que esa guerrilla pactó con el gobierno su decisión de someterse a la justicia transicional, sino que mientras se las aprieta a las Farc, flexibiliza de manera generosa las de los civiles que participaron en el conflicto de manera “directa y determinante” al extremo de que los termina sacando de la JEP.

El fallo le cambia las reglas de juego a las Farc, pero le da un salvavidas a los civiles que financiaron el paramilitarismo en Colombia, un cambiazo que habrá que ver si las Farc se van a aguantar y que afecta directamente la verdad y la reparación a que tienen derecho las víctimas del paramilitarismo.
Por cuenta de ese demoledor fallo, los civiles que hayan participado de manera activa y determinante no irán a la JEP, sino que seguirán donde están: es decir, en la Fiscalía, que es su juez natural y tendrán la posibilidad de ir a la JEP solo si así lo quieren.

¿Saben cuántos civiles que hayan financiado grupos paramilitares van a ir voluntariamente a la JEP?… Ninguno. Todos van a preferir a su juez natural, sobre todo si ese juez natural es fácilmente sobornable y pertenece al cartel de la toga y si actúa como el exfiscal Gustavo Moreno o como la fiscal Mabel Parra o como el magistrado Malo o como el innombrable doctor Leonidas Bustos, asiduo visitante de Cambio Radical y contertulio del fiscal Néstor Humberto Martínez.

La corte en su fallo les dio la razón al candidato presidencial Germán Vargas y al fiscal Néstor Humberto Martínez, quienes desde tiempo atrás han hecho un intenso lobby para sacar a los civiles comprometidos en el conflicto de la JEP. Como querían, la corte dejó a los terceros civiles en la Fiscalía y ahora el bollo lo tiene que asumir Néstor Humberto Martínez, un fiscal cuestionado por varios congresistas que lo señalan de estar utilizando la Fiscalía para hacer una justicia selectiva y sesgada en beneficio del candidato Germán Vargas Lleras. (Primero fueron Claudia López y Jorge Enrique Robledo y esta semana pasada fue Armando Benedetti).

Sin embargo, yo no me fiaría de esa generosidad de la corte porque el regalo va envenenado. Al dejarle a los civiles en la justicia ordinaria, la corte conminó a NHM a investigar y a ofrecer resultados sobre los 13.000 casos que hay en la Fiscalía de civiles vinculados a delitos cometidos dentro del marco del conflicto que ni su antecesor ni él mismo han tocado.

Es decir, a NHM le va a tocar investigar lo que hasta ahora no ha querido investigar. Si no lo hace, va a tener sobre sus espaldas a la Corte Penal Internacional que podría entrar a Colombia con el argumento de que los terceros civiles que participaron en el conflicto habrían quedado protegidos por el manto de la impunidad y se le está denegando la justicia a las víctimas.

Lo sorprendente es que la interpretación del fallo que ha hecho Cambio Radical, si bien ha logrado destrabar el trámite de la ley estatutaria en el Congreso, ha servido también para introducir modificaciones como las nuevas inhabilidades que se le impusieron a los magistrados de la JEP, uno de los tantos micos que se le están metiendo, que si se las aplican a los magistrados de la Corte Constitucional ninguno las pasaría.

La Corte Constitucional, con ese fallo, ha igualado un acuerdo de paz hecho para finalizar un conflicto de 54 años, a cualquier ley ordinaria, desconociendo incluso su fallo anterior en el que había dicho que la paz había que preservarla por encima de todo.

En medio de tanta confusión, el único que pierde es el país.

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