Un plebiscito en el que quepamos todos

Un umbral acomodado, un cambio de reglas a mitad de partido, una campaña desbalanceada y el uso de una figura eminentemente política que algunos pretenden caprichosamente que tenga alcances jurídicos vinculantes. Todos esos defectos y más se le pueden achacar a la ley estatutaria que dio vida en el Congreso al plebiscito por la paz. “Eso lo que hay”, dirán algunos con comprensible pragmatismo. Y en efecto, aunque juristas y oposición legítimamente intentaron tumbar el plebiscito y las propias FARC lo rechazaron hasta que no les quedó otra opción que aceptarlo, en este punto se da por descontado que la Corte Constitucional lo avalará y que hacia el mes de septiembre se convocará.

A la Corte, sin embargo, le queda el camino de modular su decisión y condicionar la constitucionalidad de la ley al cumplimiento de ciertas disposiciones que la enriquezcan y la hagan más justa para todos. La ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas parece sugerir algo de ello, reforzando las garantías que deben tener los promotores de las diferentes posiciones que se expresen frente a los acuerdos de paz y limitando las actuaciones del Ejecutivo. No obstante, en esta recta final hará falta mucho más. De la Corte Constitucional dependerá que el imperfecto y criticado plebiscito canalice democráticamente, a pesar de todo, el pulso por la paz. Del alcance de su fallo se derivará la decisión que tomen ciertos partidos de participar o abstenerse de hacerlo. De su decisión, en últimas, dependerá que muchos o pocos colombianos salgan a votar.

Y es allí donde se valen tesis novedosas como las que seguramente presentarán en los próximos días algunos magistrados que creen en la paz pero también, y sobre todo, en la democracia como pilar fundamental de la sociedad. No creo que tumben el umbral aprobatorio como se ha especulado últimamente pero, en cambio, sí creo que pueden darle cabida a una opción que represente el descontento de muchos y le permita a esos ciudadanos no quedarse en sus casas sino salir a manifestarse de una manera activa en las urnas.

Si la idea de algún magistrado de incluir una casilla de ‘voto en blanco’ en el tarjetón, al lado del ‘sí’ y del ‘no’ prospera, la participación puede incrementarse y las garantías de acceso a medios de difusión y al uso de otros recursos pueden parecer más equilibradas. Así, muchos de los que hoy se declaran conscientes abstencionistas cambiarían su actitud pasiva y concurrirían a impulsar la opción del voto en blanco que representaría un mensaje de rechazo con un significado distinto y más amplio del que tendría votar simplemente por el ‘no’.

Que todos nos veamos en las urnas y que para cada cual haya una opción en el tarjetón que represente lo que siente frente a los acuerdos de paz parece una solución positiva que ojalá los magistrados se permitan considerar.

La Corte tiene, por una parte, el inmenso desafío de entregarle a los colombianos un plebiscito en el que quepamos todos y por el otro lado tiene el deber de demostrarnos que a pesar de los cuestionamientos ese alto tribunal sigue siendo independiente y garantista pensando siempre en el bien de todos y especialmente de las minorías que pueden estar en desventaja.

Mientras los del ‘sí’ parecen cada vez más organizados, los de la oposición se debaten entre el ‘no’ y la ‘abstención’ a la espera del pronunciamiento de la Corte. Los uribistas deben tomar una decisión el próximo 21 de julio y los conservadores tendrán que hacerlo en su convención o en un congreso amplio en las próximas semanas. Si el tribunal constitucional acierta, unos y otros se verán las caras en donde corresponde: en las urnas, ojalá con campañas limpias, llenas de argumentos y con el poder del voto ciudadano que, en todo caso, deberá respetar la voluntad de las mayorías. ¡No nos defrauden, señoras y señores magistrados!

Twitter: @JoseMAcevedo