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La paz demorada

Lo único que faltaba es que el gobierno y las Farc le echaran la culpa a la Corte por una demora que sólo es atribuible a ellos

José Manuel Acevedo M., José Manuel Acevedo M.
20 de mayo de 2017

La decisión de la Corte Constitucional les cayó como anillo al dedo: las Farc y el gobierno, retrasados en el cronograma de implementación, ahora podrán echarle el agua sucia a alguien más por su incompetencia y por su falta de voluntad para acelerar la puesta en marcha del acuerdo de paz. Dirán, como le escuché ya al abogado Enrique Santiago, que este es un golpe al corazón de lo suscrito en La Habana y que la Corte tendrá que ser consciente de que con su determinación todo será tan demorado que puede echarse por la borda lo logrado hasta ahora.

La verdad es otra. El alto tribunal constitucional no hizo nada distinto que ratificar que no es un simple notario y de paso recordárselo al Congreso que chambonamente había renunciado a sus competencias en el cuestionado acto legislativo por la paz. Que eso demore lo que ya está demorado, es una pura excusa para no hablar de lo importante.

Hace unos días El Espectador publicó el informe del Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz, según el cual la implementación legal del acuerdo de paz sólo ha avanzado en un 12,7 por ciento. Y es que haber aprobado la ley de amnistía o la reforma constitucional para crear la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) no es suficiente para que ambas cosas funcionen a plenitud. Se necesitan desarrollos legales para poner a andar lo que hoy apenas son enunciados generales.

En el caso de la JEP la pelea está que arde y ni a los uribistas ni a la Corte ni a los que siguen llamando “enemigos de la paz” les pueden atribuir la responsabilidad de que no esté funcionando ese sistema de justicia transicional. El ministro Enrique Gil y el exministro Yesid Reyes llevan semanas atascados, sin ponerse de acuerdo sobre el texto que presentarán al Congreso. Como ese proyecto debe tener el visto bueno de las Farc para llegar al legislativo, si por dentro hay división, frente a esa guerrilla las diferencias son todavía más profundas y por eso la dichosa ley reglamentaria de la JEP no ha aterrizado en el parlamento.

Ahora que no podrá ser simplemente pupitreada, los nervios crecen pero el problema, insisto, no fue de la Corte que permitió votar artículo por artículo lo que llegue a manos de los congresistas o permitirles libremente modificarlo, sino de un Ejecutivo al que la implementación lo cogió con los calzones abajo.

¡Ni qué decir de las Farc! ¿Le echarán también la culpa a la Corte por su demora para presentar los listados completos de milicianos, por su incumplimiento para destruir las caletas que ellos mismos se comprometieron a eliminiar en el día D+60 o por no entregar todas sus armas en el día D+180?

Ni el gobierno ni las Farc están cumpliendo tanto embeleco que firmaron. Se dejaron enmarañar en lo jurídico y olvidaron que la esencia estaba en lo político. Por apurarse donde debieron haber mantenido la calma para garantizar la legitimidad de los acuerdos, ahora sólo tienen una paz demorada, sin blindaje jurídico y con poca credibilidad entre los colombianos.

Esta paz esquiva y mal hecha en varios de sus apartados, no se destrabará con una llamada desde Washington entre Santos y Timochenko sino con el reconocimiento de que hubo errores y que en esta etapa de implementación, con la participación de todas las fuerzas políticas, aún hay tiempo de enmendarlos. ¿Serán capaces de admitirlo y reabrir serenamente algunas de esas discusiones?

Twitter @JoseMAcevedo