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Opinión

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En Colombia, país vergonzoso en el que desde hace decenios se registran cada año millares de secuestros en medio de la indiferencia general, han sido sin embargo muy pocos los secuestros políticos propiamente dichos. Tal vez sólo dos han sido realizados con intención política por una organización política: el del líder sindical José Raquel Mercado y el del dirigenteconservador Alvaro Gómez, ambos por el M-19. Y quizá también, si es que se considera 'organización política' al extraño grupito del llamado 'comandante Bochica', el del hermano del ex presidente César Gaviria. Ni el ELN ni el EPL, que han secuestrado sin cesar, han hecho nunca un secuestro político: cuando se han llevado a algún político no ha sido por política, sino por dinero. En cuanto a las Farc, sus ocasionales raptos de alcaldes o concejales en sus zonas de influencia más que secuestros parecen desayunos de trabajo; y el caso de los soldados de Las Delicias o de Patascoy no es secuestro, sino toma de prisioneros de guerra. Los demás secuestros políticos de esta tierra de secuestradores, de secuestrados y de políticos no pasan de media docena, y no han sido obra de organizaciones políticas sino de bandas de delincuentes comunes. Son, por un lado, los de parientes de jefes guerrilleros cometidos por las pandillas de 'autodefensas' de Fidel y Carlos Castaño; y, por el otro, los que ordenó el narcotraficante Pablo Escobar cuando estaba en el zenit de su poderío: el del procurador Carlos Mauro Hoyos (asesinado en una cuneta ante la indiferencia general); el de Francisco Santos, hijo del dueño y director de El Tiempo; el de Diana Turbay, hija del ex presidente Julio César Turbay; el de Maruja Pachón, cuñada del asesinado ex candidato presidencial Luis Carlos Galán; el de la hermana del ex secretario general de la Presidencia Germán Montoya, y el de Andrés Pastrana, hoy presidente electo y por entonces hijo del ex presidente Misael Pastrana y candidato (luego victorioso) a la Alcaldía de Bogotá. De todos ellos, sólo el de Alvaro Gómez y los cometidos por Pablo Escobar han tenido consecuencias que se puedan considerar políticas. A cambio de la liberación de Gómez el gobierno de Virgilio Barco abrió su 'puño firme' para la convocatoria de la Constituyente, único ejemplo de apertura política que hayamos visto en el último medio siglo. A cambio de la liberación de los secuestrados por Escobar (no de todos: la hija de Turbay y la hermana de Montoya fueron asesinadas ante la indiferencia general) el gobierno de César Gaviria le encomendó a Escobar mismo la tarea de reformar la justicia: desde la construcción de cárceles a nombre del Inpec (la de 'La Catedral' para sí mismo, la de Itagüí para sus socios los Ochoa) hasta la redacción de leyes de rebajas de penas, de delación, de justicia sin rostro y de no extradición, a nombre del Congreso. Esto, lo reconozco, es interpretación mía. Casi adivinación. Porque nunca los responsables nos han dicho a los colombianos qué fue lo que negociaron en cada uno de esos casos de secuestro político. Gómez escribió sobre el suyo todo un libro en el que no cuenta nada, y en el que lo único concreto que afirma desde el título (Soy libre) es evidentemente falso: estaba secuestrado. Sobre el de Turbay-Santos-Pachón escribió Gabriel García Márquez otro libro en el que tampoco cuenta absolutamente nada, aunque reitera a menudo que todo lo que no cuenta se hizo dentro del más estricto respeto a la Constitución y a las leyes. Y sobre el más misterioso de todos, el de Andrés Pastrana, nadie ha escrito ni una palabra. No ya una novela de realismo mágico, como el libro de García Márquez, ni el autorretrato fingido de un retratista de caballos, como el de Alvaro Gómez: nada. Por eso sigue siendo tan enigmático el brevísimo episodio (al secuestrado Pastrana apenas le dio tiempo para dejarse crecer una sombra de barba como la del cantante Miguel Bosé), que si se resolvió tan prontamente fue, según nos dijeron, porque el maquiavélico Escobar decidió canjear a su valioso rehén por un policía en calzoncillos. Ni siquiera nos han dicho qué pasó con ese policía: si está muerto, si hoy es policía de parque, si es el general Rosso José Serrano. Desde esta misma columna yo he pedido varias veces noticias de él, sin que nadie me haya querido dar respuesta. Resumiendo: en Colombia casi no ha habido secuestros políticos, y de los pocos que ha habido hemos sabido muy poco. En cierto sentido, su escasez es reconfortante en este vergonzoso país de secuestradores: por lo menos las organizaciones políticas se jactan poco de semejante vileza, aunque la usen sin reatos para financiarse, lo cual puede significar que todavía les queda algún sentido de la vergüenza. Pero ahora viene el ministro alemán Bernd Schmidbauer a recomendarles a los grupos guerrilleros que usen a sus secuestrados no sólo para extorsionarles dinero a sus familias sino además como moneda de trueque frente al Estado por guerrilleros presos. Y la recomendación del alemán no escandaliza, en el momento mismo en que se discute si, en caso de que se llegue a lo que llaman 'la paz', los guerrilleros desmovilizados deberán o no ser juzgados por enriquecimiento ilícito. Pero no el producido por el cobro de rescates de secuestrados indefensos, no. Sino el que les ha generado el cultivo, o la protección al cultivo, o el impuesto al cultivo de la coca: esa planta medicinal que ha sido declarada enemiga de la humanidad por los hipócritas gobiernos de Estados Unidos, y que el propio Schmidbauer combate en Alemania.A veces no sabe uno, en Colombia, de quién avergonzarse más: si de los canallas que consideran legítimo el secuestro, o de los imbéciles que creen que el cultivo de la coca es un crimen peor que el del secuestro.
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