Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2009/08/11 00:00

¿Criminales o enemigos?

El Estado debe enfrentar los diversos tipos de neoparamilitarismo con diferentes estrategias.

¿Criminales o enemigos?

En julio se publicaron varias noticias de grupos a quienes, desde su aparición, el gobierno les etiquetó la categoría de criminales: las Bandas Criminales (Bacrim) o bandas al servicio del narcotráfico, pero los sucesos que se enuncian dan la sensación que la clasificación se queda corta.

El 3 de julio, por ejemplo, Cambio publicó la conclusión de un estudio de la corporación Nuevo Arcoiris que asegura que en 10 de las 20 localidades de Bogotá hay presencia de paramilitares o grupos emergentes que realizan acciones de amenazas mediante panfletos y asesinatos selectivos con el fin controlar a la población.

La revista SEMANA, el 13 de julio, destacó en su artículo “Declaración de guerra” el atentado que sufrió Víctor Carranza por parte de estos grupos y lo calificó como una “operación tipo comando que buscaba aniquilarlo a punta de fusiles y de granadas”.

En la misma fecha, El Tiempo publicó una noticia acerca del señalamiento que hizo la Defensoría del Pueblo sobre la captura de dos desmovilizados del Bloque Mineros de las AUC que pretendían reclutar a 16 jóvenes en Planeta Rica para engrosar las filas de un grupo armado o banda emergente. El 30 de julio, el mismo diario publicó la noticia sobre la incautación que hizo la Armada Nacional de un impresionante arsenal de guerra que incluía prendas de uso privativo de las fuerzas militares, ocho lanzagranadas y un tubo para M-60 que, al parecer, también pertenece bandas del narcotráfico.

Ahora bien, dado que estas acciones coordinadas (ataques tipo comando), el armamento que utilizan estos grupos (morteros, lanzagranadas, M-60, et.) y la violencia que ejercen sobre la población civil (amenazas y asesinatos selectivos para ejercer control sobre la población) responden a dinámicas propias de un conflicto armado, queda una pregunta en el aire: ¿Realmente estos nuevos agentes de violencia son solamente grupos de criminalidad organizada al servicio de narcotraficantes o son nuevos grupos del conflicto que retan la soberanía estatal?

En términos de política pública de seguridad, responder esta pregunta es clave. Me explico, Carl Schmitt, un importante jurista y teórico de la política, hace una distinción esencial entre el enemigo y el criminal.

El primero, el enemigo, es una unidad política que está por fuera del orden jurídico estatal y que constantemente amenaza su soberanía (el monopolio legítimo del Estado: el ejercicio de la violencia, control territorial, control de población, etc.); por ello, al enemigo se le aniquila o se le incorpora negociando.

El segundo, el criminal, es un elemento que se encuentra dentro de la zona de poder del Estado y que debe ser sometido o exterminado para garantizar el orden establecido.

Dentro de las guerras regulares, las que se dan entre los Estados, esta distinción es clara y necesaria. Sin embargo, en las guerras irregulares o en los conflictos armados internos esta distinción tiende a desvanecerse en un solo agente, puesto que, por ejemplo, los grupos armados no estatales que participan en una guerra civil recurren a actividades criminales organizadas tanto como instrumento de guerra, como mecanismo de financiación.

Así, son enemigos del Estado los grupos guerrilleros y paramilitares: se incorporó en su momento al M19; se trató en sucesivas circunstancias de negociar, pero ahora se aniquila a las Farc; se negoció con las AUC, etc.

En contraste, son criminales todos los miembros de los carteles del narcotráfico a quienes se somete, como a Carlos Leder o los Rodríguez Orejuela, o se aniquila, como a Pablo Escobar o Rodriguez Gacha.

Pero ahora, el Estado se enfrenta a la difícil tarea de determinar qué son estos nuevos actores de violencia y cómo tratarlos ¿como enemigos o como criminales?

Esta determinación, más que un capricho teórico, trae repercusiones en la práctica, en la formulación de una política pública de seguridad adecuada.

Para dar luces sobre la compleja naturaleza de estos grupos y poder afrontarlos de manera adecuada, recientemente el Centro de Recursos para Análisis de Conflictos, Cerac, publicó, en el libro “Guerra y violencias en Colombia”, un estudio para caracterizar este fenómeno que denominó –tomando el término acuñado por Comisión Colombiana de Juristas- Neoparamilitarismo. En él, demuestra que el fenómeno supera la criminalidad organizada y tiene varios matices.

El estudio logró establecer cuatro tipos de grupos neoparamilitares, para los cuales propone diferentes tratamientos en términos de la política de seguridad y defensa.

El primer tipo corresponde a los nuevos ejércitos paramilitares y son grupos que conservan una continuidad más clara con las AUC; tienen una organización jerárquica, ejercen control sobre la población y mantienen un carácter contrainsurgente. Deben ser objeto prioritario de la política de seguridad y, por qué no, de la oficina encargada de la estructuración de una política de paz gubernamental.

El segundo, los paramilitares dispersos, son un grupo o varios grupos que comparten un nombre pero no cuentan con una unidad de mando, tienen una estructura en red y sus acciones son heterogéneas. En este caso, afirma la investigación, el rechazo social y la construcción de una cultura ciudadana de paz y reinstitucionalización de la seguridad son requisitos de una política para enfrentarlos.

El tercer tipo, llamados nuevas autodefensas, corresponde a grupos tendientes a organizarse de manera híbrida, una mezcla entre una organización jerárquica y en red, y realizan acciones de contrainsurgencia; características mucho más acordes con la primera generación de paramilitares. Requieren una respuesta institucional que haga inviable la privatización criminal de la seguridad -raíz del primer paramilitarismo-

Por último las fuerzas criminales anexas, el cuarto tipo, no tienen un carácter contrainsurgente, están asociadas principalmente a la criminalidad organizada, la mayoría tiene una estructura híbrida y además se aprovechan de los vacíos de poder y la reputación tanto de los paramilitares como de los otros neoparamilitares para establecerse. Requieren una política criminal contundente contra el crimen organizado.

Si bien todos los tipos de neoparamilitares se dedican a la criminalidad organizada, una cantidad considerable va más allá, solamente las fuerzas criminales anexas son los grupos que se dedican exclusivamente a la criminalidad organizada. No es común que un grupo dedicado solamente al narcotráfico cuente con una estructura militar jerárquica, armamento de asalto, uniformes, realice acciones de patrullaje e imponga normas de comportamiento a la población, como ocurre con algunos grupos en Nariño y la Costa Caribe.

Tratar de reducir el problema a una sola categoría de distinción, la de criminales, invisibiliza el hecho de que las víctimas civiles de estos grupos hayan sido producto de pugnas por objetivos políticos, más allá del control de recursos económicos derivados de la criminalidad organizada. Y niega el hecho de que por medio de estos grupos dispersos (como ya se ha vivido en la historia colombiana) se comience a construir poderes locales ante un Estado ausente o ciego.

El reto está ahora en formular una política pública de seguridad adecuada y diferenciada para cada uno de ellos; darles un tratamiento eficaz para que el problema no sea mayor en el futuro.
 
*Alonso Tobón es investigador del Cerac.

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