Crisis de la Justicia

Nada más desconsolador que la autoridad en la Fiscalía, encargada de perseguir la corrupción, sea corrupta. Sin embargo, se suman otros hechos recientes tristemente graves: en el departamento del Meta funcionarios judiciales “vendían” beneficios a peligrosos delincuentes. Tal vez, lo único bueno es que se conocen y se investigan estas irregularidades, pero habrá que esperar a que se tramiten los procesos y ver, después de unos años, si se imponen las condenas.

Lo cierto es que la justicia atraviesa por una de sus más profundas crisis. No solo carece de credibilidad ante la sociedad, a causa de males como la politización, la congestión y consecuente demora, y la impunidad. También la aquejan defectos propios del diseño constitucional y la jurisprudencia, como la hipertrofia de la Rama Judicial, la tutelización de los litigios, la falta de seguridad jurídica, la judicialización de la política y la ausencia de controles a los magistrados de las altas corporaciones. Y no se puede olvidar la sobrepoblación carcelaria y la política cíclica de subir las penas para luego conceder beneficios de excarcelación, como ocurrió recientemente.

La reforma a la justicia, propuesta por el gobierno Santos, fracasó estruendosamente ante los “micos” que magistrados y congresistas incluyeron al proyecto en beneficio propio. La capacidad de gestión de los magistrados en el Congreso ha sido sorprendente, y solo se explica por el poder de las corporaciones judiciales sobre los políticos, pues los congresistas tienen fuero ante la Corte Suprema de Justicia, pierden la investidura ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional controla y modifica las leyes y actos de reforma a la Constitución que producen.

La reforma constitucional, denominada Equilibrio de Poderes, fue tan solo un remedio ocasional por el fracaso de la reforma a la justicia. Se trató de suprimir las funciones electorales de las altas corporaciones judiciales y con ello reducir la politización en la justicia, establecer controles a los máximos magistrados, y suprimir el Consejo Superior de la Judicatura. La jurisprudencia de la Corte Constitucional declaró inconstitucional la comisión de aforados y restableció la comisión de acusaciones, con ello dejó sin control a magistrados y restableció el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, buena parte del Equilibrio de Poderes se perdió.

La justicia ha sido uno de los poderes más olvidados por las agendas políticas, su presupuesto pobre, sus instalaciones inapropiadas, su tecnología ineficiente, su diseño básicamente orgánico y poco funcional. Las soluciones han estado encaminadas a fortalecer los medios alternativos de solución de conflictos, que no es nada distinto a sustraer asuntos del ámbito judicial.

El reto es enorme, se requiere una justicia autónoma, independiente y expedita. El juez y el magistrados deben ser valorados por la sociedad, no se trata de proveer cargos burocráticos, como tampoco de proporcionar trampolines a aventureros políticos ni a abogados en busca de éxito económico. Las cortes y consejos deben fusionarse en una sola corporación suprema. El Congreso debe ejercer control político sobre los máximos magistrados y la política debe someterse a las reglas de juego jurídico. La tutela debe volver a su cauce de protección de los derechos fundamentales y los procesos judiciales ordinarios deben tutelar los demás derechos constitucionales en forma rápida y eficiente. La tecnología debe suministrar soluciones jurídicas inmediatas y la seguridad jurídica debe ser plena.

En fin, la administración de justicia necesita una profunda reforma que rescate al juez de la burocratización, que someta la política al derecho, que optimice la tecnología y que ofrezca una verdadera seguridad jurídica.