Home

Opinión

Artículo

OPINIÓN

Estado derrotado. Estados paralelos

El ciudadano no puede confiar solo en el Estado. Acuerdo final y debilidad del Estado. Ventajas de pocos, derrotas de todos.

Juan Manuel Charry Urueña, Juan Manuel Charry Urueña
27 de junio de 2017

Ha sido un lugar común criticar el paramilitarismo, se trata de una usurpación del monopolio de la fuerza y de una de las principales funciones del Estado y del Derecho, que pueden conllevar la comisión de distintos delitos. Su existencia se explica por las insuficiencias y deficiencias del Estado, que no logra garantizar la seguridad a todas las personas a lo largo del territorio nacional, induciendo a algunos a ejercer la fuerza y la autodefensa, directamente o mediante la organización y financiación grupos armados ilegales. El tema fue objeto de concesiones penales a través de la Ley 975 de 2005, así como, de las negociaciones del Gobierno con las FARC, en el punto 3.4 del acuerdo final. El denominador común es la debilidad e ineficiencia del Estado.

Son esas debilidades e ineficiencias estatales, las causas de las muchas injusticias e inequidades sociales.

En salud, no solo se presentan asimetrías entre los regímenes subsidiado y contributivo, sino que gracias a la medicina prepagada, las personas con mayores ingresos pueden acceder más rápido a servicios de mejor calidad. En educación, a pesar de la existencia de escuelas, colegios y universidades públicas, en muchos casos la educación privada ofrece más oportunidades y mejores calidades.

La seguridad privada es una muestra de las limitaciones de la policía y entraña ingentes costos para las empresas e industrias privadas.

La justicia es uno de los casos más dramáticos, mientras los despachos judiciales están congestionados y pueden tardar un par de lustros en resolver los litigios, los centros de arbitraje y conciliación ofrecen alternativas más expeditas, con personas idóneas, siempre que puedan asumir los costos.

Las empresas públicas de transporte, puertos y comunicaciones demostraron ser inviables hace una década. El Estado tuvo que cambiar su papel de empresario a regulador para buscar modelos más eficientes, con coberturas más amplias y mejores servicios.

El diagnóstico parece sencillo, la corrupción y las malas prácticas políticas, minaron el Estado, con ello promovieron la economía extractiva a la sombra de las concesiones y favores oficiales, y desestimularon la competencia y la inventiva. En fin, condujeron a la sociedad a una desmedida concentración de riqueza y falta de oportunidades para las mayorías.

Así los estados paralelos abundan, van desde los espontáneos que cuidan carros en las esquinas y dirigen eventualmente el tráfico, hasta las bandas criminales y los grupos armados que administran justicia y ofrecen seguridad en su áreas de influencia. El ciudadano, inerme, no puede confiar solamente en Estado, tiene que buscar aliados de ocasión o procurarse servicios complementarios si sus ingresos se lo permiten.

El acuerdo final entre el gobierno y las FARC es una muestra más de la debilidad del Estado, incapaz de imponer el orden constitucional y de sancionar judicialmente a los infractores, se ve avocado a pactar indultos, amnistías y justicias de transición a cambio de sometimiento al orden establecido.

El Estado fue derrotado por la burocracia, el clientelismo y la corrupción. Su debilidad fue convertida en responsabilidades judiciales por omisión y fallas del servicio, que deben ser indemnizadas. Así mismo, justificaron las luchas insurgentes, los pactos de paz y los consabidos compromisos.

No olvidemos que el Estado somos todos, que las ventajas de unos pocos son las derrotas de todos.