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Opinión

  • | 2017/08/01 15:05

    Crisis del SITP igual a revocatoria segura

    La crisis del Sistema Integrado de Transporte Público en Bogotá desembocará irremediablemente en la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa.

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El sistema afronta una situación financiera que a su vez podría generar un cese en la prestación del servicio que es peor que un paro cívico permanente, siendo el tema tan complejo de solucionar que por la entrada en liquidación de las primeras dos empresas que golpearon las puertas de la Superintendencia de Sociedades, Coobus y Egobus, se paralizarían cuando culmine ese proceso concursal los sectores de Suba Centro, Fontibón y Perdomo. ¿Cuántos ciudadanos de a pie se van a perjudicar? El 45 por ciento de la población bogotana está ad portas de quedarse sin servicio público de transporte.

El tema, al que no se le ha puesto el interés debido, es muy grave, porque no se trata de un paro cualquiera ni de una solicitud de aumento de tarifas. Se trata de la suspensión del servicio de alimentadores dándosele un golpe duro a los estratos bajos.

La situación es tan simple de explicar que a medida en que los operadores van camino a la quiebra –Tranzit y Masivo Capital dieron el primer paso hacia la liquidación– el mediador ante las autoridades distritales, Rudolf Hommes, botó la toalla.

¿Qué le sucede a Peñalosa, un pionero del transporte público en Colombia, quien desde su experiencia de su primer gobierno con TransMilenio dictó conferencias en todo el mundo? Nadie tiene una respuesta a quien en su momento sostuviera que “una ciudad avanzada no es en la que los pobres pueden moverse en carro, sino una en la que incluso los ricos utilizan el transporte público.”

En pocos días, ni los pobres ni los ricos podrán utilizar el transporte público porque el sistema fracasó.

Las demoras en la implementación integral del sistema, un dólar disparado al alza, la negligencia de administraciones anteriores en la reparación y mantenimiento de la red vial, las tasas de interés, el sostenimiento de los “provisionales” que permiten el desangre tarifario, la asidua accidentalidad de los buses por falta de pertenencia y responsabilidad de los conductores, son algunos problemas que nunca se pudieron superar.

Ahora mismo debería dársele prioridad a TransMilenio por la avenida Boyacá en vez de hacerlo por una vía que es el resumen de la historia de Bogotá, la carrera Séptima, y que hoy funciona cuasi perfecta con las rutas del SITP.

El panorama de la movilidad en la capital no le es favorable al alcalde que ahora tendrá que correr para satisfacer los requerimientos del gobierno nacional para abrir la licitación del Metro, lo que podría en algo servir de distractor de la negligencia que pesa sobre la solución pronta y eficaz del SITP, pero como en la vida normal, cuando se viene un problema se suman todos, se acerca la vigencia de una ley de garantías electorales que a cambio de proscribir la corrupción, la adelanta unos días, aunque por fortuna para el burgomaestre, estas leyes no cobijan los procesos licitatorios.

Con esta salvedad, la administración distrital sí tendrá que suscribir el convenio con el Gobierno nacional para que no entre en el ámbito de aplicación de la normatividad electoral y mucho menos, en su torbellino politiquero que servirá para activar devotos al proceso o enemigos del mismo.

Señor alcalde. Para bien del Sistema Integrado de Transporte Público, entronizado en una bandera que podría salvar su trascendencia política como es el Metro, pero ante todo, para bienestar común, como se lo dije en otra ocasión, ¡déjese ayudar!, no importa por quién, sino por quienes saben conjurar esta clase de crisis, porque hasta hoy los responsables de una salida al problema, la gerente de TM y el asesor de movilidad no han sido capaces de ponerle la cascabel al SITP.

(*) Gutiérrez Morad & Calderón España – Abogados Constitucionalistas.

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