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Opinión

  • | 2013/11/29 00:00

    El Chocó y su crisis política

    El Chocó ha tenido en 36 meses ocho gobernadores y su crisis política se sintetiza en tres frases: pobreza, corrupción e ineficiencia.

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El 8 de diciembre en unas elecciones atípicas los chocoanos elegirán a un nuevo gobernador, tras la anulación por parte de la Sala Quinta del Consejo de Estado de la elección del gobernador, Luis Gilberto Murillo Urrutia. Murillo fue electo dos veces gobernador de su departamento, pero en ambas oportunidades ha sido separado del cargo. En 1999 por fraude electoral y ahora en el 2013 por estar inhabilitado para ocupar cargos públicos. En virtud de que en 1987 fue condenado por el Tribunal Superior del Chocó por el delito de peculado. 

La crisis institucional del Chocó que acaba de cumplir 66 años de su erección como departamento es de marca mayor. Duele decirlo, pero da la impresión que el tiempo en el Chocó se ha congelado, todo funciona paquidérmicamente, en medio de una aguda crisis político- administrativa. Lo triste es que la sociedad chocoana no reacciona ante la debacle en que cabalgan sus instituciones. 

Una crisis que se sintetiza en tres frases: pobreza, corrupción e ineficiencia, en un departamento que en los últimos 36 meses ha tenido ocho gobernadores. Su desbarajuste político inició en el 2010, cuando la Corte Suprema de Justicia condenó por el delito de peculado al gobernador Patrocinio Sánchez Montes de Oca.
 
De allí en adelante, este departamento ha sufrido una ingobernabilidad que poco le ha interesado al gobierno central, a sus líderes políticos y más aún a una sociedad civil como la chocoana, conformista y adormilada por la desidia. Sánchez Montes de Oca sólo gobernó dos años y luego de su separación del cargo se desató una puja política por el control del cargo, entre el Partido de la U y el grupo político Símbolo y Esperanza que lidera con sus hermanos, el excongresista Odín Horacio, condenado por Parapolítica y la actual senadora Astrid Sánchez Montes de Oca. 
 
En un lapso de dos años, Chocó tuvo tres gobernadores: Pascual Agudelo, Antonio Gómez Rodríguez y Malcon Alí Córdoba Zabala. En las elecciones del 2011, se creyó que se acababa con la interinidad con la elección de un nuevo mandatario. Pero cómo dice el refrán, resultó más caro el remedio que la enfermedad. 

En aquellos comicios fue electo de nuevo Murillo Urrutia, pese a que tiene vigente una condena y está inhabilitado para ocupar cargos públicos. Murillo, quien es un destacado Ingeniero de Minas con una hoja de vida brillante, no sólo se burló de las normas y se posesionó en el cargo, sino que agudizó más la crisis de su región.  Por consiguiente, el Chocó paso a tener otros cuatro gobernadores en 22 meses: él, Óscar Gamboa Zúñiga, Hugo Tovar y actualmente Julieta Gómez de Cortés.
Ahora, otro aspecto que llama la atención en la danza de gobernadores que ha tenido el Chocó es un caos administrativo, peor que el de las décadas anteriores.  El edificio de la Gobernación, que fue tumbado para ser reconstruido, está en ruinas y los recursos de su reconstrucción al parecer esfumado en las marañas burocráticas. 

Sus ruinas son un testimonio claro de la podredumbre y el despelote administrativo que se encuentra sumergido el Chocó. El caos ha llegado hasta tal punto que no se tienen unas instalaciones dignas donde despachar ni el propio gobernador, mientras que los pocos bienes del departamento son subastados por precios irrisorios.

Es evidente el desorden en todos los niveles de la administración pública y la ausencia de una adecuada planeación en un departamento que afronta más de 3.000 demandas judiciales, sin bases de datos confiables y una pésima defensa de los intereses del fisco regional. Un carrusel de demandas falsas que se han convertido en una vena rota para las finanzas chocoanas. Además de este rosario de irregularidades se suma otra serie de actos anómalos en procesos de adjudicaciones de contratos de obras viales y en el manejo de las principales rentas departamentales. 

Pese a que la Presidencia de la República confirmó la destitución del exgobernador Murillo y la Registraduría Nacional del Estado Civil convocó a elecciones para el 8 de diciembre, este interpuso una tutela en la Corte Constitucional, alegando que el delito por el cual fue condenado desapareció del Código Penal. De prosperar su alegato en la Corte, en medio de un proceso electoral y las campañas de los cuatros aspirantes a sustituirlo, seguramente que desatará otro choque de trenes en entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado y, desde luego profundizará el caos administrativo en el Chocó.

Twitter:@j6mosquera
jemosquera@une.net.co
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