Fumigando corruptos

La última batalla que tuvo que enfrentar Cristina Plazas, directora del ICBF, ha sido una de las más inusuales en la intrincada historia política de nuestro país. Una juez del departamento de Sucre ordenó un desacato en su contra que le implica pasar 10 días arrestada en la cárcel del Buen Pastor. No la castigan por incumplir la ley sino, precisamente, por cumplirla.

Después de la más elemental verificación, la oficina jurídica del ICBF le recomendó a Plazas no posesionar a la señora Jackeline Hernández en la dirección regional del Bienestar Familiar en Sincelejo por existir una clara inhabilidad que le impide ejercer su cargo. Sin embargo, los políticos y los jueces, que por momentos parecen ser los mismos y trabajar para las mismas causas, arrinconaron a Plazas y pretenden que nombre a la susodicha con la amenaza de meterla presa si no lo hace.

La verdad es que no es la primera vez que la directora nacional del ICBF ha tenido que enfrentarse a estas mafias ni será la última si logra llegar hasta el final de este gobierno.

Aunque estuvo cerca de salir porque los parlamentarios la consideraban un estorbo y el exsecretario para la transparencia Camilo Enciso - ¡quién lo creyera! - estaba listo para sucederla con el apoyo de varios congresistas del partido de la U, Cristina ha logrado la heroica misión de mantenerse en su cargo sin ceder a una sola de las presiones que ha recibido, resistiendo la necesidad del Ejecutivo de repartir burocracia para mantener su frágil gobernabilidad.

En ese sentido la lucha de la actual directora es doblemente valerosa: no sólo ha combatido la corrupción con acciones concretas, sino que, sobre todo, ha tenido que parársele en la raya a los más leales aliados de Santos y arrebatarles la plata de los niños a estos políticos.

Fue así como desbancó al director regional del senador Ñoño Elías de la U que llevaba 12 años como señor y dueño de la oficina de Córdoba y fue así como se le enfrentó a la senadora Dayra Galvis de Cambio Radical en el Bolívar por los mismos temas.

En Nariño también le asestó un golpe al representante Óscar Fernando Bravo del partido conservador cuya cuota en el ICBF terminó bajo poder de las autoridades por cobrar coimas a un contratista para beneficiarlo con el negocio de alimentos.

No es tampoco el único en la cárcel. Durante su paso por el ICBF, Plazas ha logrado que más de 50 funcionarios y contratistas terminen capturados y presos por sus actos de corrupción.

Todos estos hechos le permitieron al ICBF mejorar 71 puestos en el ranking de transparencia para las entidades públicas de 2014 a 2016, llegando al séptimo lugar en la penúltima medición y escalando al tercero en la más reciente entrega.

Los periodistas y columnistas solemos poner el ojo en los escándalos de corrupción que pululan en el país y está bien que lo hagamos; es nuestro oficio. Sin embargo, cuando hay casos de éxito como éste o el de la Superintendencia de Sociedades liderada por el abogado Francisco Reyes que lleva dos veces consecutivas como la entidad más transparente de Colombia, conviene exaltar sus ejemplos.

Sé que algunos dirán que estos funcionarios hacen simplemente lo que les corresponde y que no tenemos nada que agradecer o aplaudir. No obstante, mientras en este país todos hablan de la lucha contra la corrupción, algunos pocos simplemente se dedican a librarla.

Twitter @JoseMacevedo