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Opinión

  • | 2001/09/17 00:00

    Crónica de un golpe bajo

    La injusticia aberrante con Luis Alfonso Hoyos busca que la opinión compre la idea de acabar con la pérdida de investidura

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Basilio Villamizar si, el del paseo a Bulgaria siguió pagando el sueldo de sus colegas presos por el robo de los 5.300 millones de pesos —sí, los de la feria aquella—. Pero el Consejo de Estado absolvió a Basilio por “no haber actuado de mala fe”.

Armando Amaya nombró a un amigo preso en la cárcel de Ocaña, como integrante de su UTL (‘Unidad de Trabajo Legislativo’). Pero al Consejo de Estado le pareció bien, porque el amigo “podía trabajar desde la cárcel”.

Maximiliano Soler tenía en su UTL a una analfabeta residente en Orocué, para "coordinar el trabajo de base". El Consejo no le quitó la investidura, porque “cada congresista es libre de asignar tareas a sus asistentes”.

Francisco Segundo García preside la Comisión IV de la Cámara, también tenía empleadas a su señora madre y a su hermana en la UTL de un compañero. Pero el Consejo de Estado falló en favor de García.

Y a propósito de Garcías, se supo por la prensa que Jesús Antonio, conservador del Huila, le quitaba el 74 por ciento del salario a su asistente en la UTL. Pero no se supo de sanción por parte del Consejo de Estado.

En cambio el Consejo acaba de decretar la muerte política de Luis Alfonso Hoyos. La decretó porque un miembro de su UTL —sin pasajes, viáticos, ni mordidas— lo había asesorado unos meses desde Nueva York (Hoyos pertenecía a la Comisión de Relaciones Exteriores). La decretó con una rabulada según la cual los empleados del gobierno —y el Congreso no es gobierno— sólo pueden recibir sueldo en el extranjero si están en comisión: o sea que Hoyos fue condenado por no abusar del Presupuesto Nacional.

Pero Luis Alfonso en realidad fue condenado por otra cosa: por ser un líder ejemplar y un estorbo para los corruptos de Caldas y Colombia. Basta ir a su pueblo, Pensilvania, para entender qué significa dignidad ciudadana. Basta oírlo y tener el honor de acompañarlo para volver a creer que sí hay futuro. Basta leer sus ponencias y debates o repasar los escritos de su UTL para entender porqué los columnistas y observatorios cívicos aún hoy lo destacan como estrella del Congreso.

Pero Hoyos cometió un error: fue candidato a gobernador en las elecciones del año pasado. Como las encuestas le daban ventaja, la maquinaria Yepes-Barco regó panfletos acusándolo de aquel ‘delito’. Para darle credibilidad a la maniobra, vino la denuncia ante la Corte Suprema (que la desechó de un tajo) y ante el Consejo de Estado. No importó que hubieran transcurrido seis años sin queja alguna, que no hubiera daño fiscal, abuso de poder ni dolo, que el Ministerio Público pidiera absolución, que la ponencia fuera cambiada la noche anterior, que seis magistrados salvaran su voto y que otros varios no estuvieran presentes: Luis Alfonso Hoyos ya no podrá representar a quienes soñamos con un país “donde los niños puedan ser felices”, como él dice.

Y pensar que el Consejo de Estado no condenó a Arturo Yepes, quien se hizo elegir por un ‘partido’ distinto del de su hermano Omar (el conservador) aunque —eso sí— Arturo presida hoy el directorio conservador de Caldas. Pensar que —además de Basilio, Armando, Maximiliano y Segundo— no le quitó su investidura a Guerra Tulena (el de los 75 millones) o a José Luis Mendoza (el de los puestos), a Pedro V. López o a A. Gómez Hermida (reos penales), a Carlos Lucio (quien buenamente renunció en estos días) o a Marta Catalina (la misma que sabemos).

La muerte política es el único recurso eficaz que nos dejó la Constitución del 91 para salir de los corruptos. Si ella no existiera, estaríamos lidiando todavía con Pomárico, con Mario Rincón, con Emilio Martínez, con Carmona, con Castrillón, con Saravia, con Oviedo y quizá con Santofimio, con Garavito, con Ricaurte Losada, con José Elías Náder, con Mestre, con Hugo Castro o con Escrucería.

En un Congreso en el que se compran 191 neveras, en el cual un señor gasta 17.854.133 pesos en llamar por celular, en el que limpiar la fachada vale 93 millones de pesos, en el cual el uno se jubila sin certificados (porque fue ‘agente secreto’ durante parte de su vida laboral) y el otro se jubila con certificados falsos, en el que los ‘auxilios’ se cambiaron por ‘fondos’ y los fondos por ‘cupos indicativos’, en el cual se gastan 35 millones de pesos en clases de glamour, es evidente la necesidad de poder recurrir a la pérdida de investidura.

Y este es el golpe bajo que quieren propinarnos: la injusticia aberrante con Luis Alfonso busca que los independientes y la opinión compren la idea de acabar o suavizar aquella figura. No lo digo yo. Lo dice el Proyecto que ya circula en el Congreso. También lo dice el señor presidente del Consejo de Estado, quien públicamente pide reformar la pérdida de investidura.
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