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Opinión

  • | 2009/10/01 00:00

    Crónica de varias masacres anunciadas

    Tengo claro que por más que se advierta y se publique, la Fuerza Pública no logra detener el asesinato de líderes indígenas.

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Edwin Legarda murió hace poco tiempo. Parece que, salvo las personas que le eran más cercanas, nada ni nadie lo recuerda. Su muerte tuvo lugar en la madrugada del martes 16 de diciembre del año 2008, en el territorio que está bajo la jurisdicción de las autoridades indígenas del pueblo Totoroes, en la carretera que conduce de Togoima a la ciudad de Popayán, a la altura del kilómetro 39. Allí se había asentado un retén militar rutinario del Batallón José Hilario López.
 
Legarda conducía una camioneta roja propiedad del Consejo Regional Indígena del Cauca, e iba a Popayán a recoger a su esposa, Aída Quilcué. Ella había regresado de Ginebra, Suiza, a donde había participado, como Consejera Mayor del CRIC, en el Examen Periódico Universal realizado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos de Colombia.
 
Quilcué fue una de las líderes más destacadas de la Minga Indígena que recorrió miles de kilómetros para llegar a Bogotá y hacer visible ante la sociedad colombiana y el gobierno nacional la dramática situación de los pueblos indígenas de Colombia.

Legarda nunca llegó a Popayán, ni pudo regresar jamás al resguardo pickwe tha fiw del cual era miembro. Su viaje fue interrumpido por 105 disparos, de los cuales 15 impactaron en la parte lateral de la camioneta y 2 en el frente.

Según el comunicado emitido por el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos, “la versión de un asesinato premeditado no tiene ni pies, ni cabeza”, pues no existen órdenes de disparar a vehículos en los retenes y, por eso, concluyó que las armas que escupieron las balas fueron accionadas por error, sin órdenes ni motivo aparente.
 
Como lo señala el Informe de Verificación del Cinep, el general Justo Eliseo Peña señaló al día siguiente de los hechos que “Edgar Legarda murió al no acatar la orden de pare en un reten militar”. La contradicción es evidente aunque se intente decir que este es un caso fortuito, de esos que suceden tanto en Colombia, pero que, casualmente, afecta a personas precisas, con un significado político concreto, que impacta al movimiento indígena como un todo y a sus dirigentes más comprometidos y destacados.

La muerte de Edwin Legarda se suma a las 496 muertes de personas pertenecientes a pueblos indígenas que se produjeron apenas durante los tres primeros años del gobierno del presidente Uribe.
 
Todos los actores del conflicto armado en Colombia encuentran una misma víctima: los pueblos indígenas. Sus líderes y miembros constantemente anuncian a la sociedad colombiana y al gobierno que los van a matar, que van a morir.
 
El reciente caso del pueblo Awa no deja de ser una vergonzante repetición de esta apatía gubernamental e impotencia social ante el peligro de muerte que enfrentan los pueblos indígenas. En Semana.com se anunció el peligro de muerte que corrían los miembros de este pueblo. La publicación del 7 de febrero cuenta que tres días antes fueron raptadas varias personas (hombres, mujeres y niños) pertenecientes al pueblo Awá; también dice que mientras huían otras diez personas fueron asesinadas, resumiendo la triste situación con la siguiente frase lapidaria: “Desde septiembre de 2008 hasta lo que va de 2009, han muerto, posiblemente bajo la estigmatización de ser colaboradores del Ejército, 44 indígenas Awá”.

Pero las masacres no pararon, nadie las paró, se cumplieron tal y como habían sido anunciadas. En la edición del 17 de febrero de este mismo año se dijo que las Farc reconocían la muerte de ocho indígenas Awá. Una nueva Minga conformada por 470 personas salió en busca de los cuerpos, dijo la edición del 24 de marzo. El 12 de mayo se anunció que los paramilitares torturaron y mataron a dos indígenas Awá. Con el titular “Luto en Nariño por nueva masacre indígena”, la edición del 26 de agosto narraba la espantosa masacre de 12 personas del pueblo Awá, “entre ellas cinco niños menores de 10 años”.

No sé si las autoridades públicas leen las noticias que aparecen en los medios de comunicación. No me aventuro a decir que el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo no es escuchado cuando es activado; me pregunto por qué las fuerzas de seguridad del Estado no han impedido esta sucesión de masacres que ponen al borde de la extinción a un pueblo al que le llevaron el conflicto a su territorio, al que metieron a la guerra.
 
Lo único que tengo claro es que los pueblos indígenas están siendo asesinados y que lo que cambia es quién, cómo y en qué cantidad los diezman. Posiblemente, la notoriedad creciente del movimiento indígena como un actor político local y nacional, así como la importancia de la frontera simbólica del territorio ancestral se reflejan, desafortunadamente, en la violencia de la que han sido victimas, tanto Edwin Legarda como los indígenas Awá.

*Libardo José Ariza es investigador del Grupo de Interés Público de la Universidad de Los Andes. 


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