Viernes, 20 de enero de 2017

| 2006/01/20 00:00

Cruzando la línea

Cruzando la línea

Por Daniel Coronell

El doctor José Roberto Arango amablemente me ha comunicado su decisión de apartarse del negocio de las acciones de Almagrario, después de la columna 'La delgada línea', publicada aquí la semana pasada. Valoro su actitud, me parece un buen comienzo, y reitero mi

buena opinión sobre el ex alto consejero de la Casa de Nariño y promotor de la reelección del presidente Uribe. Él sostiene que la operación es legal, en lo cual estamos de acuerdo. También dice que no es contraria a la ética, apreciación que no puedo compartir por varias razones.

En primer lugar, porque la operación se realiza con acciones de una empresa controlada por el gobierno para cuya prolongación él ha trabajado. En efecto, el 64 por ciento de Almagrario pertenece a la Caja Agraria en liquidación, y por consiguiente, la empresa es manejada por el gobierno Uribe. Cuatro de los cinco miembros de su junta directiva son funcionarios públicos, es decir, subalternos del Jefe de Estado y a la vez candidato, inscrito con las firmas que recolectó el doctor Arango.

En segundo lugar, porque el negocio no involucra solamente a entidades privadas. El comprador de las acciones que el Bbva posee en Almagrario -y que son el 35 por ciento de la compañía- adquirirá con ellas el derecho de preferencia sobre el 64 por ciento del Estado. La compra de las acciones privadas es el primer paso para hacerse a la propiedad de la compañía. Si otros accionistas ejercen el derecho de preferencia, la Caja no puede sacar a oferta pública su participación.

El propio doctor Arango reconoció en una conversación telefónica conmigo que su cliente -que se identifica solamente como un grupo antioqueño de logística- está interesado en comprar la totalidad de Almagrario. Según sus propias palabras, "a nadie le interesa tener la minoría en un almacén de depósito".

Adicionalmente, la gerente liquidadora de la Caja Agraria, la doctora María Fernanda Zúñiga Chaux, me contó que sostuvo por lo menos dos conversaciones (una telefónica y una personal) con el doctor José Roberto Arango, sobre el tema de Almagrario. Según informó la funcionaria -y confirmó el doctor Arango-, el objeto de dichas conversaciones fue preguntar "¿cuál era el procedimiento para la venta de las acciones de la Caja en Almagrario?". Pregunta que sobraría si el interés del doctor Arango, y sus compradores, se limitara a las acciones del banco privado.

La gerente sostiene que en esas charlas no le entregó a José Roberto Arango "ninguna información privilegiada, sino la misma que le habría dado a cualquier otro interesado". Eso está muy bien, pero también comprueba que el doctor Arango era considerado "interesado" en la participación del Estado en esa empresa.

En tercer lugar, en el ámbito de los negocios es claro que el valor de un paquete accionario representativo constituye una importante base para valorar una compañía en su conjunto. El precio del 35 por ciento es un indicador del precio de las acciones restantes y de toda la compañía. Esto quiere decir que de la gestión de la empresa ODP -propiedad del doctor Arango y otros dos allegados al gobierno- dependía que el Estado recuperara sus aportes en Almagrario y/o que su cliente (el grupo paisa de logística) pudiera hacer un buen negocio.

Por último, la gerente liquidadora también me reveló que conversó con la Presidencia de la República sobre la respuesta que debía dar a la columna anterior. Respuesta que aparece publicada en esta edición de SEMANA.

Por estas razones, y otras que conozco pero que por falta de espacio no alcanzo a exponer, pienso que cabe el debate ético sobre la operación.

El doctor José Roberto Arango, que es una persona honesta, probablemente no calculó las implicaciones de iniciar un negocio que inexorablemente terminaría en una empresa controlada por el candidato presidencial que ha promovido.

Con la mejor buena fe cruzó esa delgada línea que debe separar los negocios de la política. Y aquí vamos.

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