¿Cuál desmovilización?

Cuando los hechos desplazan el discurso se tejen frases desafortunadas como la que le oí al director de la Dijín. Ante los medios afirmó que a los dos estudiantes de Los Andes que perdieron la vida en el golfo de Morrosquillo los acribillaron porque los narcoparamilitares que dominan la zona "los confundieron". La frase sugiere el absurdo de que a ellos los mataron por imprudentes y por temerarios y no porque el Estado colombiano haya demostrado su incapacidad de controlar el fenómeno narcoparamilitar. Pero además deja la sensación de que si los estudiantes no hubieran metido las narices donde no debían y no se hubieran internado en los manglares -que es donde los narcoparamilitares guardan sus embarques de droga-, no les hubiera pasado nada. Pero ¿y las otras 30 víctimas que han sido asesinadas en San Bernardo del Viento en estos dos últimos dos meses, cómo vendrían a justificarse? ¿Y qué de las diez masacres que se han producido a lo largo del año pasado? ¿Y de los casi seiscientos homicidios sucedidos en 2010?
 
Luego de esta metida pata, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, salió el viernes a anunciar en una rueda de prensa una nueva estrategia para controlar al narcoparamilitarismo, al que ahora, de manera eufemística, se le llama las Bacrim. Las declaraciones de Rivera me parecieron bien encaminadas, aunque tardías. Así no lo admitan, en el fondo son una aceptación tácita de lo insostenible que le estaba resultando al gobierno de Santos mantener la retórica uribista que afirma la falaz tesis de que el paramilitarismo se acabó cuando se desmovilizaron, en 2006, los cabecillas de las AUC. Desde entonces, una inmensa minoría hemos venido denunciando que esa desmovilización dejó intactas las estructuras de poder del narcoparamilitarismo y que la posibilidad de que este se recompusiera era muy alta.
 
Esa realidad es aterradoramente cierta en el golfo de Morrosquillo, donde casi nada ha cambiado con la desmovilización pactada en Ralito. La zona sigue siendo considerada un balneario predilecto de los paisas adinerados que pasan allí sus vacaciones a sabiendas de que siempre ha sido un enclave narcoparamilitar, particularidad que nunca les ha molestado. Sé de varios turistas que fueron a esos mismos manglares visitados por los dos estudiantes asesinados y que se toparon con paras que cargaban embarcaciones de coca. Durante ese día fueron seguidos muy de cerca por los ilegales y alcanzaron a temer por sus vidas.
 
La política local y la justicia siguen siendo permeadas por estas estructuras ilegales, así estos paras recompuestos no tengan un objetivo contrainsurgente y, al contrario de sus antecesores, que eran enemigos de las Farc, ahora sean sus aliados y les vendan la coca que cultivan en el Nudo de Paramillo. Ningún alcalde se atreve a denunciar su poder intimidador por temor a ser asesinado. Los corresponsales de medios que se han desplazado a San Bernardo del Viento cuentan que el ambiente que se siente es de miedo y temor y que nadie les habla como sucedía en los tiempos del 'Alemán' y de 'Cadenita'.
 
Recuerdo el caso de 'Cuchilla' Londoño, el ex corredor de carros que terminó trabajando para la mafia. A pesar de que su hotel, ubicado en el golfo de Morrosquillo, fue incautado por la Fiscalía, meses antes de que él fuera asesinado, en 2009, fue visto despachando como si aún fuera el dueño.
 
Varios meses después de que se desmovilizaron los paras, el temible 'Cadenita' seguía paseándose por las playas de Balsillas entre los turistas de gran linaje paisa, convertido en casi una curiosidad de la región. Y de no haber sido porque Andrés Peñate, siendo viceministro de Defensa, fue de vacaciones al golfo de Morrosquillo y vio lo mismo que yo vi y tomó la iniciativa de perseguir a 'Cadenita' -quien fue capturado por la Armada algunos meses más tarde-, es probable que ese temible asesino siguiera hoy haciendo de las suyas.
 
Actualmente, en el golfo de Morrosquillo no hay dos grupos narcoparamilitares, como sucedió antes de las desmovilizaciones, sino siete, según cifras dadas por la misma Policía. Y esas siete bandas, a diferencia de lo que insiste en sostener la fuerza pública, sí ejercen un poder local y muy posiblemente van a permear las próximas elecciones regionales. Por eso causó indignación cuando, en septiembre del año pasado, el ministro Rivera sorprendió a los cordobeses al decir, en Montería, que las cosas estaban muy bien y que las Bacrim eran unas bandas sin mayor poder local, fácilmente manejables.
 
Obviamente la decisión de enviar 800 hombres a Córdoba luego del asesinato de los dos estudiantes demuestra que el Ministro estaba errado y que los hechos han terminado por desplazar a la retórica y a sus cifras.
 
Lo único que desluce la enderezada que ha emprendido el Estado en esta materia es que se hubiera producido por cuenta del asesinato de dos estudiantes de la Universidad de los Andes y no por los casi seiscientos colombianos que murieron en Córdoba durante 2010.