A cualquier precio

La Procuraduría se está convirtiendo en un coto de caza para los políticos. El procurador Alejandro Ordóñez está entregando a cuotas el ministerio público para asegurarse su reelección. Algunos de los padrinos de los ahora procuradores están envueltos en procesos judiciales y disciplinarios.
 
Reinaldo Duque González, por ejemplo, fue nombrado hace unos días Procurador Judicial de apoyo a las víctimas. El doctor Duque es una cuota política del senador huilense Carlos Ramiro Chávarro y lo ha sido también del dirigente caqueteño Luis Fernando Almario, procesado simultáneamente por parapolítica y farcpolítica. De hecho, el señor Almario es el principal sospechoso de la autoría intelectual del asesinato de la familia Turbay Cote.
 
Hasta hace un tiempo Duque era el secretario general de la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. Mientras la célula legislativa tramitaba procesos en los que tenía interés el entonces Presidente de la República, Álvaro Uribe, Duque se dejaba ver con el jefe de Estado en el Caquetá e incluso era mencionado por el mandatario en los consejos comunitarios.
 
Ese es el personaje que ahora debe velar por los intereses de las víctimas en los procesos judiciales.
 
El portal periodístico La silla vacía reveló una serie de movimientos en las procuradurías regionales y provinciales. Los nuevos funcionarios están relacionados con posibles electores del Procurador Ordóñez, incluso con algunos que ya no podrán serlo.
Ese es el caso de la senadora Dilian Francisca Toro, detenida hace unas semanas por su presunta responsabilidad en lavado de activos. La nueva procuradora provincial de Cali, Lorena Ivette Mendoza, es cuota suya.
 
César Tulio Delgado, senador conservador que ha sido investigado por la procuraduría por actuaciones mientras era concejal de Cali, es el padrino político del actual procurador regional del Valle del Cauca Javier Fernández Botero.
 
Al senador José Darío Salazar, mencionado en el escándalo por asignación de bienes de estupefacientes, le correspondió la procuraduría provincial de Santander de Quilichao. El senador Efraín Cepeda, también nombrado en el tema de estupefacientes, asegura que nada tiene que ver con el nombramiento de la procuradora regional del Atlántico, Mercedes Lucia Navarro, a quien la investigación de La silla vacía señala como su ahijada.
 
Carlos Eduardo Merlano, tristemente célebre por manejar sin licencia y hacer uso de su calidad de senador para no cumplir las normas de tránsito, es el jefe político del procurador provincial de Sincelejo Jesús Antonio Sanabria. El hoy procurador Sanabria aspiro incluso a la asamblea de Sucre por las listas del partido de la U conducido en esa región por la familia Merlano.
 
A pesar de que la Procuraduría investiga al senador Hernán Andrade por las presuntas irregularidades en estupefacientes, también le entregó su cuota. Se trata de César Augusto Murcia Suárez nombrado como procurador regional del Huila. El senador Andrade afronta además procesos penales en la Corte Suprema de Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.
 
Entre los muchos que tienen representación en la Procuraduría están el hasta hace poco presidente del senado Juan Manuel Corzo, el 'Ñoño' Elías y el senador guajiro Jorge Ballesteros. La lista -que es más grande y sigue creciendo- puede ser consultada en el siguiente vínculo. (Ver vínculo)

Esto no es sólo una operación clientelista a gran escala, es la toma sistemática de la Procuraduría por políticos con investigaciones pendientes por casos de corrupción.

Las consecuencias serán tan nefastas que la reelección de Alejandro Ordóñez puede terminar siendo lo de menos.