D+180

El plazo inicial para la dejación de armas de las FARC ha finalizado. Según los acuerdos de La Habana, en seis meses, las FARC dejarían las armas y comenzarían la formación de su partido político, además arrancaría la reincorporación de los miembros de esta guerrilla. El día D fue el 1 de diciembre y desde ese momento comenzó la cuenta regresiva. Pero las fechas no se cumplieron y hoy existen al menos tres puntos claves.

Lo primero es que más allá de la fecha, la guerra terminó. Efectivamente, las FARC desocuparon más del 98% del territorio donde operaban para concentrarse en 26 puntos rurales. Los resultados se ven: los afectados por minas antipersonal han descendido de forma dramática, al igual que los reclutamientos, entre otros. La guerra con las FARC terminó, pero los retos en seguridad siguen siendo altos, derivados de la expansión de grupos criminales en las antiguas zonas que controlaban esta guerrilla.

Lo segundo, la dejación de armas resultó ser más complicada de lo que se pensaba. Por ejemplo, las zonas veredales deberían estar listas desde el 31 de diciembre de 2016. Hoy, después de los seis meses de plazo, ni una sola está terminada. Hay zonas como la de Caño Indio en Tibú que ni siquiera estaría lista para el mes de junio. Igualmente, en los temas de amnistía los retrasos son impresionantes, aunque en las últimas dos semanas se ha acelerado el proceso. En cuanto a reincorporación no hay prácticamente nada; ningún guerrillero sabe qué pasará con él después de que dejen de funcionar estas zonas veredales. Los decretos del presidente de la república dejan claro la arquitectura institucional, pero nada más que eso. Y por si fuera poco, el “bombazo” de la Corte Constitucional a la implementación de los acuerdos vía modificación del fast track sólo dejó un ambiente de inseguridad jurídica.

Sobre la Corte Constitucional ya están claros los argumentos jurídicos y políticos que muestran sus contradicciones y lo débil de sus argumentos. Pero hay un tema que quisiera resaltar: los acuerdos de La Habana crean más de 100 programas, proyectos, instituciones, mecanismos y acciones. El 10% de estos se direccionan para el beneficio directo de los actores de la guerra como la Jurisdicción Especial para la Paz, ley de amnistía y garantías para la reincorporación, entre otras. Pero el restante 90% son acciones para beneficiar a la sociedad, para solucionar eso que se denominan causas estructurales del conflicto armado; una intervención al territorio que se haría a través del plan nacional de vías terciarías, el plan nacional de electrificación rural, el Fondo de Tierras, la Reforma Rural, la auditoría al censo electoral y la reforma política, entre otras.

Hasta el momento, en el Congreso han sido aprobadas las reformas que cubren el 10% y sólo desde la próxima semana entrarían los proyectos y disposiciones del otro 90%. Estas reformas son las que la clase política regional y local no quiere aprobar. Por ejemplo, el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, manifestó que crear un Tribunal Electoral es “Venezualizarnos”, y que sería antidemocrático. Colombia es de los pocos países que no tienen un tribunal de estos y por dicha ausencia es que los dineros de criminales se infiltran en las campañas, o se roban billones de pesos al año y no pasa nada. Por otro lado, los empresarios rurales tampoco quieren nada de reforma de tierras. El pronunciamiento de la Corte Constitucional no hace otra cosa que favorecer a estos politiqueros y corruptos para que torpedeen las reformas y modifiquen artículo por artículo las leyes. Es decir, la Corte favoreció a corruptos y despojadores.

Lo tercero, el cese bilateral al fuego. Ha sido un éxito, sólo se presentaron cinco violaciones al cese en casi un año desde que arrancó. Algo increíble cuando la experiencia internacional muestra que los cese bilaterales son muy inestables y se cometen todo tipo de violaciones. Tanto las FFMM como las FARC cumplieron a la perfección.

De todo lo anterior se concluye que las FARC han cumplido en prácticamente todo, solo tienen un lunar: aún no entregan el listado de bienes para reparar a las víctimas; pero gran parte de este retraso fue producto de la demora en el levantamiento de las órdenes de captura para que algunos guerrilleros hicieran el censo de estos bienes. Por el lado del gobierno, los retrasos son el panorama común. El gobierno no ha podido despegar; solo el vicepresidente Naranjo y el exministro Cristo lograron encausar gran parte de las acciones de implementación, También bajo el liderazgo de Pardo se lograron crear algunas instancias de coordinación interinstitucional. Por ejemplo, usando la lógica común se pensaría que construir las zonas verdales en 26 puntos rurales sería más fácil que lograr un consenso en el Congreso para aprobar leyes como la JEP. Sin embargo, la lógica falló, y primero estuvo listo lo del Congreso y los decretos del presidente y no las zonas veredales. Es decir, le fue mucho mejor al exministro Cristo que al señor Jaramillo. Lo poco que ha avanzado el gobierno en la implementación es lo del Congreso y fue gracias al exministro, por ello es tan lamentable su salida.