08 diciembre 2012

Enviar a un amigo

Email destino:

Nombre remitente:

Email remitente:

Cuando la sal se corrompe

Por Daniel CoronellVer más artículos de este autor

OPINIÓNLa reelección clientelista del procurador lo debilita frente a sus investigados pero al mismo tiempo lo vuelve intocable frente a sus investigadores.

Cuando la sal se corrompe. Coronell

Coronell

Foto: Coronell

A veces las pequeñas historias sacan a flote los grandes problemas. El procurador general de la Nación se acaba de reelegir con el voto de algunos senadores que tienen cuotas burocráticas en la Procuraduría. Aún peor, muchos de ellos están siendo investigados por el procurador Ordóñez a quien mantuv
PUBLICIDAD
ieron en el cargo. Esta deuda del procurador con sus investigados se extiende –de otra manera– a sus eventuales investigadores. Varios magistrados de las altas cortes tienen familiares y relacionados trabajando en la Procuraduría.

El resultado de esa operación clientelista es paradójico: por un lado debilita al procurador frente a sus investigados y al mismo tiempo lo vuelve intocable frente a sus investigadores.

La historia la protagonizan dos ciudadanos que aseguran que en el Ministerio Público les embolataron un proceso y que luego, también funcionarios de la Procuraduría, les pidieron plata para resolverlo a su favor.

Las presuntas víctimas de estos hechos se llaman Héctor Julio Leal y Roberto Aranguren. Tienen intereses en una mina de carbón y recurrieron a la Procuraduría para quejarse de la negligencia y posible corrupción de unos funcionarios. Ellos afirman que en la Procuraduría, delegada para asuntos ambientales y agrarios, traspapelaron sus reclamos para favorecer a los denunciados.

Durante meses, acudiendo a las palancas que pudieron, pidieron una cita con el procurador para expresar su queja. Finalmente en septiembre de 2010, la viceprocuradora María Eugenia Carreño recibió a Héctor Leal y le dijo que el asunto sería estudiado por Carlos Alberto Barón Cruz, asesor de la Procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios.

Mientras el señor Leal estaba en el piso 24 de la Procuraduría reunido con la segunda al mando de la entidad, su socio Roberto Aranguren lo esperaba en la entrada del edificio. Por allí pasó Fernando Home, un funcionario de la institución a quien Aranguren conocía y que se ofreció a presentarle a alguien que podía ayudarlo con el caso. Esa persona resultó ser el mismo doctor Carlos Alberto Barón.

Unos días después, según la denuncia, Fernando le dijo a Aranguren que era portador de un mensaje del doctor Barón que había encontrado que ellos tenían razón y que les podía ayudar con el caso pero que le debían dar 5 millones de pesos a cambio.

Los mineros decidieron darle 3 millones y acordaron que Aranguren se reuniría con el doctor Barón para cerciorarse de que reconociera que había recibido el soborno. La cita fue en una cafetería y el minero llevaba oculta una grabadora que registró la comprometedora aceptación de quien parece ser el funcionario.

Con la prueba entre el bolsillo fueron a ver a la viceprocuradora, en febrero de este año. Le pidieron una cita con el procurador general para entregarle los documentos del caso. La anhelada reunión solo vino a tener lugar seis meses después, el 8 de agosto de este año.

Los quejosos esperaban que el procurador, a quien habían visto destituir a otros funcionarios en pocas semanas y en eficientes procesos verbales, sancionara ejemplarmente al doctor Barón y revisara el caso de la mina.

El procurador decidió abrir una indagación preliminar al funcionario, lo cual le da seis meses antes de archivar o abrir investigación disciplinaria. Con relación a la mina, nada ha sucedido.

El señor Leal, insatisfecho por la actuación del procurador, decidió ponerle una tutela en el Consejo de Estado por denegación de justicia. Si tiene razón o no, no es el punto. Eso lo debe decidir un juez imparcial.

Por reparto en el Consejo de Estado, el estudio de la tutela le correspondió al magistrado Gustavo Gómez Aranguren. Nada tendría eso de particular si no fuera porque la hija del magistrado Gómez trabaja en la Procuraduría. El procurador Ordóñez es el jefe de Carmen Helena Gómez y la ascendió a asesora grado 24 de la Procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios, la misma cuestionada por los quejosos.

¿Puede el ciudadano Leal esperar que su tutela sea resuelta imparcialmente?
PUBLICIDAD

Otras columnas de este autor

Horóscopo
Semana en Facebook
Publicidad