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Opinión

  • | 2007/05/19 00:00

    Cuando la sal se corrompe…

    La inteligencia oportuna es fundamental para la seguridad de cualquier Estado. Pero se debe dirigir a combatir a la delincuencia. La oposición y los medios no son ‘‘el enemigo’’.

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Cinco son los asuntos de gravedad que se desprenden de las grabaciones a reclusos de Itagüí. El primero es el contenido de las cintas. El hecho de que pueda haber jefes paramilitares delinquiendo desde la cárcel es inaceptable. Como los señalados han negado ser ellos, hay que cotejar sin demora las voces y, de probarse que sí son quienes hablan, se debe trasladar de inmediato a los implicados a la justicia

ordinaria o, si hubiese alguno solicitado por Estados Unidos, levantar la suspensión de la extradición que lo cobija y proceder a su envío. El punto es impedir la burla al proceso y a las normas de la Ley de Justicia y Paz, ya suficientemente generosas como para que además no se cumplan. Esta es la oportunidad para mostrar a los paras, a la comunidad internacional y a la opinión colombiana que el gobierno no va a tolerar que sigan delinquiendo y que los sitios de reclusión se conviertan en espacios de impunidad.

El segundo es el hecho mismo de que haya grabaciones ilegales. Creo que el gobierno debería monitorear todas las comunicaciones de los paras, excepto las que están cubiertas por el privilegio de confidencialidad entre abogados y clientes. Pero debe hacerlo bajo orden judicial y no por decisión de un oficial cualquiera de los cuerpos de seguridad. No se puede violar la ley con la excusa de defenderla. Y es un despropósito que los guardianes de la seguridad ciudadana vulneren el orden jurídico so pretexto de resguardarlo.

Que los objetivos de las grabaciones sean no sólo los delincuentes sino además funcionarios de gobierno, opositores y periodistas, es escandaloso. Por supuesto, no ayuda que el Presidente haya metido la pata en la famosa rueda de prensa sobre la para-política, al sostener que por "operaciones militares y policiales" tiene información sobre las gestiones contra el TLC por parte de opositores. Al contrario, la suma de semejante exabrupto al reconocimiento gubernamental del alcance de las grabaciones ilegales despierta toda clase de suspicacias que deben ser aclaradas con humildad y de manera clara y contundente por parte del gobierno. Ello supone permitir y colaborar con una investigación independiente de la Fiscalía y la Procuraduría General. Y contarle a la opinión pública, sin demora, quiénes fueron las víctimas de las interceptaciones de sus comunicaciones, desde cuándo fueron objeto de tales violaciones a su privacidad, cuáles oficiales las ordenaron y por qué las hicieron. ¿Habrá que resaltar que es al gobierno mismo al que más le conviene descartar cualquier duda sobre este episodio?

Resulta también muy preocupante que los autores de las grabaciones hayan sido miembros de la dirección de inteligencia de la Policía Nacional (Dipol). La inteligencia oportuna es fundamental para la seguridad de cualquier Estado. Por eso debe ser fuerte y eficaz. Pero se debe dirigir a combatir a la delincuencia y a los grupos armados ilegales. La oposición y los medios no son "el enemigo" y es intolerable que sean considerados como tales y, por tanto, sean objeto de grabaciones ilegales. Aquí, por cierto, distingo: si la ex señora de Gustavo Petro está dedicada a impulsar entre nosotros la revolución chavista, debe ser objeto de la preocupación de los organismos de seguridad del Estado. Y no pueden protegerla sus relaciones afectivas pasadas o presentes. Pero el senador mismo no puede ser objeto de interceptaciones telefónicas, excepto que ellas sean ordenadas por las autoridades pertinentes. A él, como a todos los miembros de la oposición, se le deben dar todas las garantías de que sus derechos no serán vulnerados por las autoridades y que podrá adelantar sin interferencias indebidas su legítima tarea de contradicción política.

Por último, la Policía Nacional sufrirá un serio traumatismo institucional por cuenta de la depuración indispensable de la Dipol y del retiro de toda su cúpula y 12 generales. Si bien no cabe sino felicitar la designación de Óscar Naranjo como nuevo director -nadie como él con tantos méritos y capaz de dar confianza a la oposición, los medios y los gringos-, no es menos cierto que la Policía requerirá mucho tiempo y mucho esfuerzo para recuperarse de estas heridas.
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