Cuentas macabras (e inexactas)

En su última columna Antonio Caballero denuncia la espeluznante cifra de homicidios perpetrados por los paramilitares que arroja el informe de gestión de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz. Escribe el columnista: “en cuatro años, de junio de 2006 a diciembre de 2010, los paramilitares en teoría «desmovilizados» y sus sucesores de las púdicamente llamadas «bandas criminales» (neoparamilitares en colaboración con elementos de la fuerza pública) han cometido 173.183 homicidios y 34.467 desapariciones forzadas”.
 
El mismo escrito reseña los cálculos “macabros” que había hecho anteriormente Alfredo Molano en El Espectador, en columna del 13 de febrero: “Si se fusilaran de uno en uno esos 135.000 colombianos y colombianas, la fila sería de 173 kilómetros, la distancia que hay de Bogotá a Tunja; o de Cali a Popayán, o de Medellín a Honda. Si se metieran todos los desaparecidos en un mismo sitio se haría un pueblo tan grande como Yarumal, en Antioquia, Zarzal, en Valle, y Guaduas en Cundinamarca”.

En una columna previa, publicada el 16 de enero en El Espectador, Molano refirió un informe del diario donde se afirma que “la Fiscalía General de la Nación ha documentado 173.183 casos de homicidio y 34.467 de desaparición forzada cometidos por paramilitares”. De este editorial judicial, el columnista dedujo que los delitos fueron “cometidos por paramilitares entre junio de 2005 y diciembre de 2010. Es decir, en los últimos cuatro años de la Seguridad Democrática”.
 
La cifra, además de producir náuseas, resulta escandalosa por el lapso tan corto que cubre: cinco años y medio. Un período además durante el cual, debido a la militarización del país, la guerra sin cuartel contra la guerrilla y la desmovilización paramilitar parcial, efectivamente bajaron los índices de violencia, según los datos disponibles.

No embono en la definición de “furibista”, ni soy fan lelo de los pretendidos éxitos de esa farsa que se llamó “seguridad democrática”, ni mucho menos del sainete denominado “desmovilización paramilitar”.
 
Sin embargo, lo desmesurado de la cifra no dejó de causarme asombro y me llevó a hacer un rastreo de las fuentes. En realidad, la noticia publicada en El Espectador el 13 de enero dice que “la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz precisó que los casos documentados corresponden con un periodo que va desde su entrada en funciones (2005) y el pasado primero de diciembre”.

Al revisar el informe publicado en el website de la institución, se lee la siguiente nota aclaratoria de las cifras:
 
- Los casos documentados son atribuibles a grupos de Subversión y Autodefensas. 

- Los casos documentados atribuibles a las Autodefensas ocurrieron antes de la desmovilización colectiva de los respectivos bloques.
 
- Los casos documentados atribuibles a la Subversión ocurrieron antes de la desmovilización individual de sus miembros”.
 
Incurren entonces en dos imprecisiones Caballero y Molano: los delitos documentados no son solo de autoría paramilitar sino también guerrillera y, de otro lado, no fueron cometidos entre 2005 y 2010, como afirman los columnistas, sino documentados durante este período de funciones por parte de la Unidad de Justicia y Paz, pero en realidad hacen referencia a crímenes cometidos antes de las desmovilizaciones.
 
Hay que tener extremo cuidado en el manejo de las cifras para no caer en el “anumerismo”. No quiero pensar que en este caso los errores en su presentación fueron el resultado del sesgo ideológico habitual en ambos columnistas, sino que obedecieron a la falta de cuidado en la verificación de las fuentes.

Que más de 170.000 personas hayan sido asesinadas por paramilitares o guerrilleros en un lapso de cinco o más años es, desde un punto de vista humanitario, igualmente repudiable. Pero estadísticamente sí hace una gran diferencia.
 
@florezjose
http://iuspoliticum.blogspot.com

*Candidato a Doctor (PhD) en Ciencia Política por la Universidad París II Panthéon-Assas.