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Opinión

  • | 2013/10/04 00:00

    ¿De qué sirve el cuerpo de Fidel Castaño Gil?

    Entidades estatales y medios de información alimentan el imaginario del victimario mostrando el hallazgo de sus restos como un logro que poco aporta a la verdad.

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¿De qué sirve, para la verdad histórica, el hallazgo de los restos del cuerpo de Fidel Castaño Gil, el otrora narcotraficante quien, junto a sus hermanos Vicente y Carlos, se embarcó en un proyecto paramilitar que desangró al país durante casi dos décadas?

A mi juicio, de nada, pero otra cosa piensan los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y  algún medio de información regional en Antioquia que interpretan la exhumación de esos restos, realizada hace varios días en zona rural de San Pedro de Urabá, como un logro en este tortuoso camino de la verdad sobre el paramilitarismo en Colombia.

El anuncio de este hallazgo fue hecho en rueda de prensa por Juan Pablo Hinestroza, jefe de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, con imprecisiones incluidas, pues le atribuyó a Fide Castaño Gil la comandancia de las llamadas ‘Autodefensas Unidas de Colombia’ cuando la verdad es que éstas fueron creadas a mediados de 1997, tres años después de su asesinato en un área boscosa del norte del Urabá antioqueño.

Cuatro días después de conocida la noticia, el diario El Colombiano tituló uno de sus ecos en las páginas editoriales así: “Fiscalía reconstruye capítulos y verdades del paramilitarismo” y en su contenido considera “loables los esfuerzos actuales de la Fiscalía y su CTI por esclarecer y despejar las zonas grises en la historia del paramilitarismo en Colombia”, destacando como “uno de los ‘positivos’ recientes”, el hallazgo de los restos de quien, en un 90 %, podrían ser de Fidel Castaño Gil.

¿Un análisis de los huesos de este narcotraficante, terrateniente y paramilitar precisará cuáles fueron sus enlaces en el Ejército que lo llevó a sembrar la semilla de un poderoso grupo armado ilegal que operó de manera impune en buena parte del país? ¿Mediante su ADN se podrá establecer quiénes contribuyeron económicamente con su causa contrainsurgente? ¿Cuánta verdad sobre el paramilitarismo en Colombia arrojará lo que hoy es un puñado de restos óseos? ¿Hay más verdad en esos huesos que en todas las confesiones juntas dadas por los exparamilitares postulados a la Ley de Justicia y Paz, sobre las cuales la justicia ordinaria no ha hecho nada por profundizar y vincular a procesos penales a todos aquellos que favorecieron la causa de las llamadas autodefensas?

Si el cuerpo encontrado en una fosa común en la finca Casa Loma, del corregimiento Santa Catalina, en San Pedro de Urabá, puede dar respuesta a ésta y a otras muchas preguntas, podríamos entonces afirmar que en verdad este hallazgo da cuenta de las “verdades del paramilitarismo”, pero obviamente eso no es posible. Ese tipo de afirmaciones mediáticas no hacen otra cosa que alimentar el mito del victimario, en detrimento de las miles de víctimas que dejó el accionar de esas huestes armadas consideradas contrainsurgentes.

Contrasta la presentación institucional y mediática de los restos de Fidel Castaño Gil con el silencio que se ha guardado con respecto al exhorto que fue incluido en el Auto de Control de Legalidad proferido por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín el pasado 4 de septiembre que hace referencia a los sitios conocidos como La Escombrera y La Arenera, de la comuna 13 de la capital antioqueña, donde se presume que hay enterradas por lo menos 300 personas, todas ellas víctimas del paramilitarismo.

Al respecto, el Auto dice: “La situación de La Escombrera, donde se ocultaron y enterraron los cuerpos de centenares de desaparecidos de Medellín, como lo tiene establecido la Sala, constituye una afrenta a las víctimas y una grave violación de los compromisos y los deberes del Estado, cuya aplicación e interpretación debe guiar a esta Sala. Continuar arrojando escombros sobre los desaparecidos viola el más elemental sentido de humanidad y la Alcaldía tiene la responsabilidad y los instrumentos para superar esta situación. La Sala no puede ser indiferente ante el sufrimiento de las víctimas que reclaman unas mínimas medidas de reparación. Por tanto, se exhortará al Alcalde de Medellín para adoptar y tomar las medidas y acciones que pongan fin a esta flagrante violación”.

Adicional a ello, el Auto exige que “el Alcalde de Medellín, en asocio de las autoridades competentes, y en cumplimiento de los compromisos y deberes internacionales del Estado, tiene el deber de adelantar y tomar las acciones y medidas necesarias para suspender el arrojo de escombros en los sitios conocidos como La Escombrera y La Arenera de Medellín y rehabilitar esas zonas de tal manera que constituyan un acto de memoria y dignificación de las víctimas y de los desaparecidos que fueron sepultados en esa zona, con audiencia y opinión de las víctimas. La Sala exhorta a cumplir ese deber y le hará seguimiento a esas medidas y al cumplimiento de ese deber”.

¿Se conoce de alguna rueda de prensa convocada por las autoridades civiles de Medellín para hablar sobre el tema? ¿Ha intervenido la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz en este asunto para contribuir al cumplimiento de lo exhortado por el alto tribunal? ¿Se han creado los mecanismos desde la Alcaldía de Medellín para frenar el depósito de escombros en esas laderas de la zona occidental de la ciudad?

En un país donde al parecer se han trocado las lógicas de pensamiento y alteradas sus sensibilidades, es casi natural observar que el cuerpo de un victimario tenga más valor protagónico y mediático que el de por lo menos 300 personas, entre hombres y mujeres, todos ellos de humilde condición, enterradas en fosas comunes, sin que nadie escuche el clamor de sus parientes para ser halladas. Eso sin contar las miles de víctimas que yacen en todo el territorio nacional. En algún momento, esas tendencias perversas tendrán que cambiar para darle a las víctimas su verdadero lugar en la historia.

*Periodista y docente universitario.
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