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Opinión

  • | 2014/02/08 00:00

    ¿Golpe a la Seguridad Nacional?

    Cuando una figura de poder cuestiona las instituciones jurídicas del Estado, corre el riesgo de que la autoridad que debe tener toda la institucionalidad caiga al piso.

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Luego del más reciente “falso positivo” del inmejorable dueto nunca visto en la historia de la democracia constitucional de Colombia, en mejores términos la cofradía existente entre Fiscalía General de la Nación y el ejecutivo nos lleva a pensar que efectivamente lo que está sucediendo en nuestra patria no tiene antecedente alguno. 

Pero es peor saber que no existe a la vista algo que pueda detener el caos institucional que se está desarrollando en nuestro ordenamiento jurídico de tres años para acá. Vale la pena hacer varios planteamientos y cuestiones a varios hechos políticos que a lo mejor nos llevarían a prender las alarmas.

Cuando escuchamos al “premier” colombiano afirmar que “la justicia no es obstáculo para hacer la paz”, surgen bastantes premisas como consecuencia de escuchar semejante desparpajo de afirmaciones sin el mínimo cuidado del mensaje que lleva en sí mismo esa premisa.  Ello indica, palabras más palabras menos, que la justicia es un instrumento poco relevante para alcanzar la paz, no un medio para conseguirla. Pero al mismo tiempo significa que como fin poca relevancia sostiene para que llegue nuestra sociedad a conseguir la paz. Es decir que la paz está por encima de la misma impunidad. ¿Es eso lo que busca una sociedad que lleva 50 años en conflicto?

Cuando una figura de poder cuestiona las instituciones jurídicas del Estado, por ejemplo la justicia, no sólo pone en riesgo la efectividad de ella misma sino también se corre el riesgo de que la autoridad que debe tener toda la institucionalidad caiga al piso.

Las consecuencias están a pedir de boca: ministros que sopetean la administración de justicia, funcionarios irresolutos y mediocres creando día a día daños antijurídicos al Estado, funcionarios que hacen esguinces a la norma en pro de sus maturrangas, alcaldes que piensan que la ley y el Estado de Derecho no es con ellos, funciones de protección del Estado que crean más riesgos, entre otros.


En el 2013 se expidió la ley Estatutaria 1691, la que por su contenido reproducía normas que supuestamente fortalecían el marco jurídico para los organismos que cumplieran actividades de inteligencia y contrainteligencia, con el único propósito de cumplir su misión constitucional y legal. 

En anuncios de final del mismo año, el “premier” indicó que “hemos sido el gobierno en producir más leyes”. Tal vez hay que contarle al señor Santos que los gobiernos no se eligen para crear leyes sino para gobernar. Claro para gobernar es necesario hacer unas normas pero que sean en su mayoría de iniciativa gubernamental es un mal indicio y pésima señal.   

Si fuere tan bueno que un gobierno promoviera a diestra y siniestra leyes, ¿cómo explicar la falta de primacía de la norma y observancia de la misma por parte de sus más cercanas fichas? Esto hablando claro de la ley de inteligencia y contrainteligencia citada anteriormente, que dentro de su objeto y alcance tiene el establecer control, supervisión, regulación, protección de los agentes, la coordinación y cooperación entre los organismos, y los deberes de colaboración de las entidades públicas y privadas. Así las cosas, si esta ley buscaba que los organismos trabajaran coordinadamente en pro de la seguridad nacional, para nada sirvió.

La ciudadanía no se explica cómo se desnuda de manera errática el sistema de inteligencia militar, cómo se le entrega información sensible sobre fuentes humanas, fachadas y métodos de recolección sensible para mitigar los riesgos que el terrorismo genera en el país, pero es más lamentable que un funcionario del nivel jerárquico más bajo pretenda dejar en evidencia los métodos y formas de obtener información de la inteligencia militar; todo esto deja un mal sabor, el mal sabor que la seguridad nacional poco vale todo porque se recolecto información que perjudicaba a las FARC.

En Twitter: @GuilloRodrig
*Abogado, Director Ejecutivo Gobierno Seguridad y Desarrollo.
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