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Opinión

  • | 2017/06/07 09:35

    Los buenos, los malos y los feos de Buenaventura

    Los sindicalistas de Foncolpuertos, las Farc, los paramilitares, los políticos corruptos y hasta una avivata de la consulta previa, son los verdaderos culpables de la catástrofe económica y social de esa ciudad. 

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Decir que los problemas de Buenaventura se deben al abandono, la exclusión y el racismo -como tantos insisten por estos días- resulta vistoso, efectista y taquillero, pero es falso.

Entre los 400 mil habitantes de nuestro principal puerto en el Pacífico predomina la gente buena -creativa, inteligente, honrada, afable- pero viven martirizados y sometidos por hordas de delincuentes, criminales, corruptos, avivatos y saqueadores, que son los principales culpables de la crisis económica y social más grave de la región y una de las peores de Colombia.

La lista comienza con los sindicalistas de Colpuertos que llevaron a la empresa a la bancarrota y forzaron su privatización en 1993, que representó la pérdida de 60% de todos los empleos locales. Fueron ellos quienes envolvieron y doblegaron a funcionarios irresponsables y venales de diferentes gobiernos y se hicieron aprobar prestaciones faraónicas, que resultaron impagables. El desangre sigue activo porque con la ayuda de abogados, jueces y políticos corruptos muchos se aseguraron pensiones exorbitantes y vitalicias. En Buenaventura quedaron unos 3.500 pensionados que les cuestan billones de pesos a los colombianos. Veinte de los sindicalistas que participaron en esa piñata se convirtieron en accionistas de la nueva Sociedad Portuaria.

En Buenaventura, puerto marítimo con numerosas cuencas hídricas, hay narcotráfico, contrabando, tráfico de armas y minería criminal. Por lo mismo ha sido territorio de las Farc, el ELN, los Rastrojos, los Urabeños, la Empresa y otros grupos armados ilegales. Zona de despojos y violencias, de reclutamiento forzado, de extorsión, de masacres, desaparición forzada y sicariato. La ciudad de las llamadas “casas de pique” dedicadas al desmembramiento de personas, una de las peores y más abominables expresiones de sevicia y crueldad registradas en la inmensa sucesión de horrores que ha dejado la violencia en Colombia. 

Tres de los últimos  alcaldes acabaron en la cárcel y otro fue asesinado. Buenaventura también es tierra de corrupción. Dominio político de la actual gobernadora Dilian Francisca Toro y del controvertido ex congresista Juan Carlos Martínez Sinisterra -que tienen sus raíces profundas en la casa Abadía-. Al “negro” Martínez le atribuyen la frase “Es mejor negocio la política que el narcotráfico. La plata que deja una alcaldía no la deja un embarque". La salud, la educación, las obras públicas, las entidades estatales, casi todas las actividades públicas y privadas de Buenaventura están permeadas -algunas dominadas- por una gigantesca red de corrupción, entre cuyos integrantes surgen esporádicamente diferencias y conflictos que muchas veces terminan en bala y muerte. El diario El País de Cali recogió en un especial informes y relatos que retratan la audacia, el ingenio, la voracidad con la que actúan los corruptos en Buenaventura, la gravedad del fenómeno y los enormes costos que representa para la población. http://www.elpais.com.co/especiales/corrupcion-en-buenaventura/

Pero tal vez ninguna historia refleje mejor el tamaño y el costo de las malas influencias que arruinan a Buenaventura como la de Rosita Solís, una maestra jubilada, oriunda de Guapi (Cauca) que encontró su propia mina de oro en la Constitución de 1991 y en la ley 70 de 1993 que reconoce a las comunidades negras el derecho a la propiedad colectiva en las zonas rurales ribereñas del pacífico y el derecho a la consulta previa. Creó decenas de consejos comunitarios, con base en los cuales se convirtió en la voz mayor de la consulta previa en la región y se hizo experta en obstaculizar o detener todo tipo de proyectos y de obras en nombre de las comunidades negras, para negociar onerosamente su intermediación.

Sus acciones han tenido enorme impacto en Buenaventura, al retrasar y encarecer con los altísimos costos de sus irrupciones, numerosos e importantes proyectos. Fue ella quien obstaculizó y retrasó gravemente, por ejemplo, la construcción de la carretera Loboguerrero-Buenaventura y del puerto de Aguadulce.

Ahora tiene una carta en la mano para aumentar su fortuna con cargo al Centro de Actividades Económicas de Buenaventura, el proyecto que define el futuro de la ciudad, con inversiones multimillonarias en desarrollos urbanísticos y logísticos. Parte del mismo involucra a los consejos comunitarios de Gamboa y la Caucana que con el liderazgo de Solís, resultaron adjudicatarios por el Incoder de territorios sobre los cuales alegaron arraigo ancestral. Para evitar la parálisis, vía consulta previa estilo Rosita, el gobierno decidió vincularlos, a ella y a su gente, en la propiedad, pero el pasado mes de marzo un fallo del Tribunal de Cundinamarca dictaminó que la adjudicación fue ilegal, anuló los títulos de propiedad colectiva y regresó los terrenos a la condición de baldíos de la Nación. Falta el fallo final del Consejo de Estado.

En una ciudad con 81% de pobreza y 44% de indigencia, educación, salud, acueducto y alcantarillado deficientes, nada es más urgente que mejorar la calidad de vida de la población. El paro generó compromisos que pocos allá ven con optimismo porque hasta ahora ni los Conpes, ni las leyes, ni los decretos acumulados en los años, los han sacado de la miseria. Si esta vez cumplieran, pero las inversiones caen en las mismas manos de quienes los llevaron a la ruina, no habrá futuro para Buenaventura.

@germanmanga

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