Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2008/07/01 00:00

Cultivos ilícitos: el problema no es la medición

Quizás llego la hora de ser osados frente a la comunidad internacional y lanzar propuestas novedosas para contener y superar la expansión de los cultivos ilícitos.

Cultivos ilícitos: el problema no es la medición

El último informe de medición de cultivos de uso ilícito de 2007 desarrollado por el SIMCI arrojó un resultado desalentador: el número de hectáreas con cultivos de hoja de coca en Colombia creció en un 27 por ciento con respecto al 2006. Pero más desalentadora resultó la reacción del gobierno nacional que anunció que las mediciones que venía haciendo Naciones Unidas a través del SIMCI no irían más. Como si el problema surgiera de las mediciones y no de la ineficacia de la política de lucha contra las drogas que se libra en Colombia.

Luego de tres décadas de vigencia de la política de lucha contra las drogas es necesario reconocer un avance de la administración de justicia, la fuerza pública y los organismos de inteligencia del Estado en el combate al crimen organizado que surge del narcotráfico. Pero frente al combate a la materia prima de la producción de drogas ilícitas el resultado es negativo. El problema es que mientras en el territorio colombiano existan cultivos de hoja de coca existirán también bandas criminales.

Los últimos cuatro gobiernos insistieron en las aspersiones aéreas o fumigaciones con glifosato cuyo resultado real es el desplazamiento de los cultivos a otras regiones del territorio nacional.

A finales de la década de los noventa, el gobierno del Presidente Andrés Pastrana diseñó el Plan Colombia, que aunque incluyó las ineficaces fumigaciones, hay que reconocer que tuvo una mirada integral para superar los cultivos de uso ilícito. Ese plan apenas se empezaba a desarrollar cuando expiró el período de gobierno e inicio el suyo el presidente Álvaro Uribe. Con él, la política de Seguridad Democrática se convirtió en la prioridad y con ella se pretendió devolverle al Estado el monopolio de la fuerza, que indudablemente lo había perdido en buena parte del territorio nacional.

Hay que reconocer que ésta política ha tenido éxito, pero es necesario señalar que con ella se abandonó la perspectiva integral que tenía la versión original del Plan Colombia para orientar la actuación institucional en las zonas cocaleras. De manera paralela a la política de seguridad democrática se puso en marcha el programa familias guardabosques y se le dio continuidad al programa familias en acción, dos subsidios directos, el primero con destino al sector rural y el otro a sectores urbanos y rurales en condiciones de pobreza y miseria.

Varios aspectos se quedaron por fuera de la política de Estado para combatir los cultivos de hoja de coca. Para empezar, no se ha formulado una política de desarrollo rural integral para aquellas regiones en donde existen cultivos de uso ilícito. Una política de desarrollo rural en esas zonas del país debe partir por entender que los imaginarios colectivos en territorios de frontera de colonización oscilan entre el asistencialismo de Estado y la recurrente tendencia a la ilegalidad. Por lo tanto cualquier esfuerzo por poner en marcha un modelo de desarrollo rural, legal y sostenible atraviesa indefectiblemente por la necesidad de construir capital social. Es necesario superar los escollos para la titulación de tierras en la Amazonia y el Pacífico, de tal manera que exista acceso al crédito y se pueda ejercer un estricto control sobre el área cultivada en aquellos predios titulados.

Pero más allá de lo que se pueda hacer en términos de desarrollo rural en Colombia, es urgente señalar que la principal batalla hay que darla por fuera de nuestras fronteras. Quizás llego la hora de ser osados frente a la comunidad internacional y lanzar propuestas novedosas para contener y superar la expansión de los cultivos ilícitos.

El mundo, en su gran mayoría, está empezando a ser invadido por la preocupación frente a los efectos del cambio climático y ni el más optimista contempla la posibilidad de que los países desarrollados estén dispuestos a reducir sustancialmente sus emisiones de gases efecto invernadero, pero quizás si estén dispuestos a desarrollar inversiones en reforestación o conservación de bosques para mitigar los efectos de los gases en la capa de ozono.

Por ahora, algunos países adelantan convenios en el marco de los mecanismos de desarrollo limpio respaldando esfuerzos de reforestación. Aún no se ha reglamentado el mecanismo de desarrollo limpio en conservación de bosque natural, pero más temprano que tarde deberá reglamentarse. En la reforestación de vastos territorios de la Amazonia y el Pacífico colombiano, así como en la conservación del bosque tropical, con los mecanismos de desarrollo limpio, podría estar la salida al drama de los cultivos ilícitos. Correspondería a Colombia liderar en los escenarios multilaterales una propuesta de tamaño alcance.


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