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Opinión

  • | 2014/06/28 00:00

    El calendario Maya

    Varios de los magistrados que votaron por la nominación de Edgardo Maya le deben favores. La politiquería judicial pudo más que la norma y esa aspiración resucitó.

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Edgardo Maya quiere ser contralor general y para logarlo parece dispuesto a todo, incluso a pelearse con el almanaque. El exprocurador Maya cumplirá 65 años –es decir, la edad de retiro forzoso- antes de cumplir la mitad de su eventual periodo como contralor. El 24 de julio de 2016, cuando apague las 65 velitas de su ponqué, tendría que dejar la Contraloría y llevaría apenas un año y diez meses en el cargo.

Sin embargo esa no es la principal irregularidad que ha marcado su nominación.

La decisión de la Corte Constitucional de candidatizarlo ocurrió apenas unos minutos después de una ejemplar sentencia del Consejo de Estado contra el clientelismo judicial. El Consejo de Estado anuló la elección de Francisco Ricaurte como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura para evitar el cruce de favores en estas escogencias. Quince de los 16 magistrados de la Corte Suprema que habían escogido a Ricaurte, llegaron a la magistratura en votaciones en las que Ricaurte participó.

Sin embargo la Corte Constitucional no cree que este sea el final de la perniciosa tradición de “elígeme que yo te elegiré”.

Varios de los magistrados que votaron por la nominación de Edgardo Maya le deben favores.

Alberto Rojas, cuya elección también fue anulada por el Consejo de Estado, fue subalterno de Maya a quien hoy nomina. Rojas en una de sus últimas actuaciones en la Corte Constitucional votó para nominar a la Contraloría a quien lo nombró procurador delegado para asuntos civiles, viceprocurador y lo encargó de las funciones de procurador general.

Sin embargo el saliente Rojas no es el único magistrado de la Corte Constitucional que ha recibido nombramientos de Edgardo Maya. El magistrado Gabriel Eduardo Mendoza fue nombrado por él como procurador delegado ante el Consejo de Estado y también como viceprocurador encargado.

Un tercer magistrado recibió favores burocráticos para familiares suyos en la Procuraduría de Edgardo Maya. Se trata del magistrado Jorge Pretelt. La esposa de Pretelt, Martha Ligia Patrón, fue nombrada procuradora judicial por Maya en el año 2002. En un cargo similar, y también durante la administración Maya, fue nombrada Martha Cecilia Pretelt, hermana del magistrado.

Como si fuera poco, la nominación de Edgardo Maya incumple el reglamento de la Corte Constitucional.

Los magistrados María Victoria Calle y Jorge Iván Palacio denunciaron la flagrante violación de las normas por parte de los amigos de la candidatura de Maya.

El reglamento interno de la Corte Constitucional ordena que después de un número de votaciones en las que ninguno de los candidatos obtenga la mayoría necesaria, se debe proceder a una nueva elección con nuevos nombres. Es decir, descartando a los candidatos anteriores.

Los nombres de Edgardo Maya, Jaime Arrubla y Camilo Tarquino; habían sido descartados cuando ninguno de ellos logró la mayoría para ser nominados a la Contraloría.

Sin embargo la politiquería judicial pudo más que la norma y la aspiración de Maya resucitó sin importar el reglamento.

Lo más sorprendente es el afán de Maya por volver a la cabeza de un organismo de control cuando se fue de la Procuraduría General sacándole el cuerpo al cumplimiento de su deber.

En diciembre del año 2008, Edgardo Maya me dijo que tenía lista la decisión destituyendo a los ministros Diego Palacio y Sabas Pretelt de la Vega por la compra de los votos parlamentarios para aprobar la reforma que permitió la reelección de Álvaro Uribe, dentro del caso conocido como la yidispolítica.

El proyecto de fallo evidentemente estaba listo. Sin embargo Maya no se atrevió a firmarlo. Le quedaban tres semanas como procurador y decidió pedir vacaciones para evitar firmar la que habría sido la decisión más importante de su paso por la Procuraduría.  
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