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Opinión

  • | 2014/04/05 00:00

    El hombre malboro cabalga de nuevo

    En el fondo suenan 200 millones de dólares que las multinacionales licoreras quieren entregar para echarle tierra al asunto con la creación de un pomposo ‘fondo anticontrabando’.

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El exsenador Samuel Santander Lopesierra paga una condena de 25 años de cárcel en Estados Unidos. Fue sentenciado por narcotráfico pero además era el rey del contrabando. En su momento de esplendor el hombre Marlboro movía todos los cigarrillos y el licor de contrabando en el Caribe. Un trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación demostró que la multinacional Phillip Morris se lucraba con las actividades del narcotráfico y que Lopesierra figuraba en sus registros contables como un importante cliente “libre de impuestos”.

La tolerancia y el auspicio de las multinacionales tabacaleras al contrabando quedaron claros en su momento pero aún no ha sucedido lo correspondiente con el contrabando de licor.

Hay claros indicios de la existencia de pactos de las dos compañías distribuidoras de licores más grandes del mundo con los contrabandistas. El propósito de estos acuerdos ilegales ha sido vender una cantidad de licor por encima de la mesa, es decir pagando impuestos, y otra enorme parte por debajo para burlar los tributos y robar a Colombia, particularmente a los departamentos del país que reciben los tributos por consumo de alcohol para mantener la salud y la educación.

Los departamentos de Colombia han sostenido que las multinacionales Diageo (distribuidor entre otros de whisky Johnnie Walker y Buchanan’s, vodka Smirnoff, ginebra Tanqueray y ron Zacapa) y Pernod Ricard (whisky Chivas Reagal, ginebra Beefeater y vodka Absolut) conspiraron con contrabandistas para lavar dinero y timar las rentas colombianas.

Ante la justicia de Estados Unidos, los departamentos colombianos sostuvieron que “para organizar los métodos de lavado de dinero los empleados, ejecutivos y directivos de los acusados (Diageo y Pernod Ricard), viajaban con frecuencia para supervisar los métodos, pero también para entretenerse con sus compradores criminales”. (Ver)

En el texto de la demanda colombiana contra las multinacionales licoreras se afirma que “Samuel Santander Lopesierra y su grupo de compañías fueron compradores mayores de cada uno de los acusados hasta después del momento en que él fue arrestado por tráfico de narcóticos y lavado de dólares en octubre de 2002”. (Ver)

También dice que la relación de las compañías distribuidoras de licores con las mafias del contrabando continuó incluso después de la caída del hombre Marlboro: “En agosto de 2004, los acusados (Diageo y Pernod Ricard) han vendido sus licores a organizaciones criminales en Maicao, Colombia, con el pleno conocimiento de que les pagan con propiedades criminales y que están cometiendo lavado de dólares”. (Ver)

Las graves acusaciones fueron presentadas ante la justicia norteamericana por abogados que representan a varios departamentos y al Distrito de Bogotá. Hace un tiempo el proceso paró porque las partes tanto multinacionales como entidades territoriales colombianas decidieron desistir sin que eso significara la renuncia de los departamentos colombianos a la posibilidad de entablar nuevos procesos. Pasó algo similar a lo que había sucedido con la demanda de los departamentos contra Phillip Morris.

El proceso se encaminó entonces a una conciliación –que estaría bien si se limitara a la parte monetaria del asunto–, pero el acuerdo pretende ir más allá. Quiere lavar en agua lustral los delitos cometidos por agentes de las multinacionales, incluso busca una especie de amnistía por los impuestos que dejaron de pagarles a las entidades territoriales colombianas por cuenta de este delito.

Varios gobernadores –de la mano de la Federación de Departamentos– están contemplando la firma de un convenio que sería ilegal porque las entidades territoriales no pueden cambiar el régimen fiscal colombiano concertándolo con un interesado, ni comprometer a la Dian en su acuerdo, ni pactar una amnistía sobre presuntos delitos cometidos por los implicados.

En el fondo suenan 200 millones de dólares que las multinacionales licoreras quieren entregar para echarle tierra al asunto con la creación de un pomposamente llamado ‘fondo anticontrabando’. Unos recursos que beneficiarán mucho a la Federación de Departamentos (entidad particular que se quedaría con el 10 por ciento de la plata) pero que poco les serviría a las postradas educación y salud de los colombianos.Si el convenio se firma, varios gobernadores terminarán en la cárcel.
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