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Opinión

  • | 2014/10/18 22:00

    El informe final

    Cuando la tentativa de paz era suya, al senador Uribe no le parecía que los guerrilleros debían ser inelegibles para siempre y que llevarlos al Congreso fuera un acto de impunidad.

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Luis Carlos Restrepo, el huido comisionado de paz del gobierno Uribe, es un hombre de inteligencia magnética, excepcional elocuencia y gran memoria. Por eso me resultó curioso que en la extensa entrevista a Blu Radio le hubiera dicho a su interlocutor –‘Ernesto’- que no recordaba bien la carta que le envió al cabecilla de las FARC ‘Pablo Catatumbo’ siguiendo precisas instrucciones del entonces presidente Álvaro Uribe.

-“Mira, yo de esa carta no me acuerdo –sostuvo el doctor Restrepo durante su alocución radial- Entre otras cosas sería muy bueno saber de dónde salió toda esa información. Yo no me acuerdo. Esa carta no está firmada, probablemente si fue un borrador que se trató de construir con el señor Henry Acosta”. (Ver video)

Para refrescar la memoria del olvidadizo ex comisionado voy contarle que la información salió de un documento remisorio firmado por él.

El 30 de octubre de 2007, Restrepo le remitió un oficio a la entonces directora del DAS María del Pilar Hurtado, quien hace un tiempo también decidió ausentarse del país. En el oficio, Restrepo le dice a la jefe del DAS “Para su conocimiento adjunto a la presente el informe final presentado por el señor Acosta Patiño”.

Ese ‘informe final’ de Henry Acosta Patiño, el hombre que sirvió de enlace secreto entre Álvaro Uribe y ‘Pablo Catatumbo’, contiene dos “cartas-borradores” enviadas por el gobierno a las FARC y la historia detallada de su entrega.

Con fecha Agosto 27 de 2006, Acosta reseña en su informe “El Alto Comisionado para la paz, Dr. Luis Carlos Restrepo, previa autorización de su contenido, envió a través mío, una carta/borrador a las FARC que si tenía respuesta positiva a la misma, entonces enviaría de manera formal y escrita. La carta/borrador fue debidamente entregada y nunca tuvo respuesta positiva, ni negativa, por parte de las FARC”.

La carta/borrador es la que está dirigida a ‘Pablo Catatumbo’ en la que el gobierno Uribe le pide una reunión a las FARC para discutir las “condiciones para desmilitarizar una zona”, hablar de la “posición del gobierno en torno a la extradición de miembros de las FARC en relación con un proceso de paz”, menciona la “viabilidad de un cese de hostilidades con reciprocidad gubernamental” y dice que en la reunión también se discutirían los “pasos para un proceso de paz exitoso”.

Queda claro que el tema iba más allá del acuerdo humanitario para la liberación de los secuestrados.

Un mes después, el gobierno Uribe le volvió a escribir a las FARC, reiterándoles punto por punto las ofertas del mensaje anterior y ofreciéndoles además que el propio Presidente de la República se establecería en el Valle del Cauca si aceptaban un cese al fuego bilateral.

Esa carta dice textualmente: “Si se suspenden hostilidades por fuera de ese territorio, a lo cual respondería el Gobierno con reciprocidad, trasladándose el Presidente de la República en persona al Valle del Cauca, durante el tiempo que dure el proceso de diálogo para garantizar su éxito”.

En Octubre de 2006, Henry Acosta Patiño, le entregó un documento a ‘Pablo Catatumbo’ que en el informe se denomina “Reglas de Juego para el Despeje”.

Es un documento elaborado por delegados de Francia, Suiza y España -que fue acogido por el gobierno Uribe- y propone un área desmilitarizada con 868 kilómetros cuadrados de seguridad perimetral.  La zona incluye a Pradera y Florida, en el Valle, y arranca en el municipio de Rioblanco en el Tolima.

El papel está fechado el 3 de octubre de 2006.

Casualmente ese mismo día, el entonces presidente Álvaro Uribe afirmó en una conferencia de presa: “Seguramente un acuerdo con el ELN y con las FARC va a exigir unas normas más benignas que las que hoy están en la Ley de Justicia y Paz”.

Y remató diciendo “Si un acuerdo de paz exige que vayan al Congreso, ese obstáculo seguramente habrá que removerlo por una norma constitucional”.

Cuando la tentativa de paz era suya, al Senador Uribe no le parecía que los guerrilleros debían ser inelegibles para siempre y que llevarlos al Congreso fuera un acto de impunidad.
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