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Opinión

  • | 2015/10/23 22:00

    Juan Nepote

    Novoa es hombre cercano a Ordóñez desde que era su alumno en Bucaramanga. Tan pronto lo eligieron procurador nombró a su joven pupilo como su secretario privado.

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El hombre fuerte de la Procuraduría está llenando de parientes la nómina de la entidad. Juan Carlos Novoa Buendía, funcionario consentido del procurador Alejandro Ordóñez y su lunga mano en procesos de particular interés, tiene cinco familiares directos que trabajan en la institución, dos parientes políticos y varios amigos.

El descubrimiento del voraz nepotismo del hombre más cercano a Ordóñez –y la aceptación por parte del implicado– la logró un sindicalista inquieto. William Millán confrontó al procurador Juan Carlos Novoa con la lista de familiares nombrados, logró que aceptara su relación con la mayoría de ellos, obtuvo su reacción, juntó todos los elementos y publicó un artículo en Cambalache el periódico del sindicato.

Juan Carlos Novoa, procurador primero delegado y a quienes muchos consideran el poder detrás del trono en el Ministerio Público, tiene una hermana, cuatro primos, una cuñada y una concuñada devengando sueldo oficial.

Su hermana Diana Rocío Novoa Buendía es asesora grado 24 de la delegada de asuntos civiles.

Hambleydy Paola Novoa Plazas, prima, es auxiliar administrativa de la oficina de atención al público en la Procuraduría Regional del Meta.

José Alexander Novoa Plazas, primo, es sustanciador en la Procuraduría Judicial 101 del Huila.

Marleny del Carmen Novoa Vargas, también prima, es profesional universitario grado 17 y fue nombrada en la oficina de Bienestar Social Integral de Bogotá.

Otra prima, Jenny Cristina Ardila Buendía, es profesional universitario grado 17 en la regional del Caquetá.

Pilín Paola Polanía Santanilla, cuñada, cuyo parentesco aceptó el procurador Novoa ante Cambalache, fue nombrada sustanciadora grado II en el Caquetá. Pilín es hermana de la esposa de Juan Carlos Novoa.

Su concuñada, esposa de su cuñado, Yeimmy Paola Vargas Giraldo es oficinista grado 6.

El sindicalista William Millán me contó que se reunió con el procurador Novoa Buendía para preguntarle por sus familiares funcionarios. El señor Millán llegó con la lista en la mano y el doctor Novoa reconoció ser pariente de los aquí mencionados. Negó, en cambio, otros nombres que estaban en el mismo listado.

El procurador Novoa le dijo enfáticamente al señor Millán que esperaba “que no se proceda a hacer críticas sin antes considerar si las personas son buenos o malos servidores”. Le dijo también que “ha colaborado con el ascenso de afiliados al sindicato y de no afiliados si son buenos trabajadores, comprometidos con la entidad”.

Llamé repetidamente al procurador Juan Carlos Novoa para obtener una reacción directa suya sobre estas denuncias. En el celular nunca contestó y en la última llamada a su oficina, su secretaria dijo que no podía hablar conmigo porque estaba “ocupadísmo”. Y no me sorprende, debe ser difícil encontrar a un miembro de esa familia desocupado.

Poco después de esa llamada el señor Julián García Wren, jefe de prensa de la Procuraduría, llamó al periodista Ignacio Gómez, con quien trabajo la mayoría de estas investigaciones. El señor García le preguntó a Ignacio por qué razón yo estaba buscando al doctor Novoa. Ignacio le indicó que se trataba del nombramiento de familiares suyos en la entidad y le dio mi número celular pero, hasta el momento de enviar esta columna, el procurador Novoa había optado por no responder.

Novoa es hombre cercano al procurador Ordóñez desde que era su alumno en Bucaramanga. Cuando Ordóñez llegó al Consejo de Estado se trajo a Novoa como sustanciador. Tan pronto lo eligieron como procurador general nombró al joven pupilo como su secretario privado. Ha manejado la Comisión de Carrera de la institución y ahora es procurador delegado en lo administrativo.

Menciones sobre su cercanía y hazañas pueden encontrarse en la columna ‘Las manitas del procurador’.

Los familiares del doctor Novoa que habían sido nombrados de manera provisional recibieron hace poco los decretos que les extienden su vinculación con la nómina de la entidad encargada de velar por la moralidad pública.
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