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Opinión

  • | 2015/10/10 22:00

    Historia secreta de un soborno

    El procurador Jovel, que hasta hace un tiempo se movilizaba en un pequeño Chevrolet Corsa, compró una lujosa camioneta Audi Q7 y un Mini Cooper convertible.

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El restaurante Pozzetto de Bogotá, tristemente recordado por la masacre de 29 personas en diciembre de 1986, fue el lugar donde empezó a descubrirse el soborno con el que el gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz quiso aplazar el proceso judicial que hoy lo tiene en la cárcel. Hay fuertes indicios de que la esposa del gobernador, Zoraida Rozo, fue determinadora de ese delito y su principal operadora.

Hace dos semanas el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo se citó con un amigo de infancia. Se trataba de César Augusto Ramírez, un antiguo condiscípulo del Colegio Salesiano de Neiva, que había empezado su vida adulta con el pie izquierdo. En una riña de tragos protagonizó un forcejeo con un arma que terminó con el contendor muerto y Ramírez en la cárcel por varios años.

Perdomo, quien por esa época era un estudiante, no se olvidó de su compañero caído en desgracia. Fue a visitarlo a la cárcel y cuando salió lo motivó a rehacer su vida. El reo se hizo abogado y siguió hablando esporádicamente con quien se convertiría primero en viceministro de Justicia y después en vicefiscal general de la Nación.

Se veían de vez en cuando y hablaban generalidades. Al vicefiscal le llamó la atención que en dos ocasiones Ramírez le hubiera preguntado por el caso de Álvaro Cruz. Hace unos días, cuando los investigadores le informaron al vicefiscal que existía un plan para sobornar funcionarios judiciales relacionados con ese caso, recordó las preguntas de su amigo y decidió investigar la razón de su interés en el tema.

La cita fue un sábado a la hora del almuerzo. Se encontraron en Pozzetto y poco después del saludo, el vicefiscal le preguntó a quemarropa quién le había pedido que averiguara por el caso. Ramírez, muy nervioso, contó que lo había contactado el procurador administrativo Ulpiano Hernán Jovel y que le había ofrecido plata para “torcer” al vicefiscal.

Ramírez aseguró que no había recibido un peso y que estaba dispuesto a declarar lo que había sucedido. La segunda parte resultó cierta.

Gracias al testimonio de Ramírez y a varias interceptaciones telefónicas ordenadas judicialmente, los investigadores tienen tres puntos claros: primero, que Zoraida Rozo, la esposa del gobernador Cruz y exsecretaria general de la Alcaldía de Bogotá, fue la operadora y controladora del soborno de 2.000 millones de pesos que no llegó a funcionarios de la Fiscalía. En algunas de las llamadas la doctora Zoraida se refiere al soborno como “el regalito”.

Segundo, que quien se quedó con la mayor parte del dinero fue el procurador Ulpiano Hernán Jovel. Un insigne lagarto que disfrutaba salir en las páginas sociales de la prensa de su ciudad natal, abrazado a su jefe Alejandro Ordóñez en la celebración de su cumpleaños (Ver fotografía).

Jovel además ha sido novio de Irma Rozo Barragán, la hermana de la doctora Zoraida y cuñada del gobernador Cruz, quien también es funcionaria de la Procuraduría General. Un lote en Neiva, a nombre de los dos, está entre las propiedades sospechosas de ser producto del soborno (Ver documento).

El procurador Jovel quien hasta hace un tiempo se movilizaba en un pequeño Chevrolet Corsa, compró una lujosa camioneta Audi Q7 y un Mini Cooper convertible, que sumados pueden costar 250 millones de pesos (Ver automóviles).

Lo tercero que se supo es que César Augusto Ramírez, el amigo que traicionó la confianza del vicefiscal Perdomo, también recibió plata. Entre otras cosas, compró una casa en Neiva junto con el procurador Jovel (Ver documento).

Ramírez aseguró que el procurador Jovel le decía que Álvaro Cruz le había dado 750 millones de pesos para los sobornos, pero que él sospechaba que era mucho más dinero. Por eso decidió pedirle una cita al gobernador Cruz.

Se hicieron muchos arreglos para garantizar que la visita fuera clandestina. Ramírez entró por un garaje, por la puerta de atrás de la Gobernación en una camioneta blindada de vidrios oscuros suministrada por Cruz.

Allí, frente a frente, César Augusto Ramírez le preguntó al gobernador Álvaro Cruz cuánto le había dado al procurador Ulpiano Hernán Jovel para sobornar al vicefiscal. El gobernador respondió que 2.000 millones de pesos.

Cuando salió del edificio, tan secretamente como entró, Ramírez fue a preguntarle a Jovel por qué sólo le iba a dar 300 millones, si la suma no eran 750 como le había dicho sino 2.000 millones.

-Ese viejo hijueputa le está mintiendo –respondió Jovel.

Sin embargo, esa parece ser la única verdad que había dicho el gobernador Álvaro Cruz hasta cuando esta semana, agobiado por las evidencias, confesó que es un delincuente y se allanó a los cargos.
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