Sábado, 3 de diciembre de 2016

| 2016/04/23 00:00

El primer muerto de la chatarra

José Aldemar era solo uno de los eslabones en una cadena de varias líneas. Todas ellas conducen a un nombre: James Francisco Arias Vásquez, mejor conocido como el Zar de la Chatarra.

Daniel Coronell. Foto: John Caslon

Alguien está dispuesto a matar para que se detenga la investigación por la millonaria defraudación a la Dian con exportaciones ficticias de chatarra. Unas horas antes de escribir esta columna murió José Aldemar Moncada Moncada en el hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado. Lo abalearon, sin que mediara discusión, en una pizzería de ese municipio.

El día de su asesinato Moncada debía estar preso. Había sido condenado en tres procesos por fraude procesal, peculado, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Sus sentencias sumaban casi 28 años de cárcel pero no estuvo mucho tiempo tras las rejas.

Rápidamente un juez le concedió el beneficio de casa por cárcel porque supuestamente padecía una enfermedad que no podía tratarse en un centro de reclusión. Una visita de inspección en 2014 demostró que Moncada no estaba en su casa. A pesar de la violación del reglamento de prisión domiciliaria siguió gozando del beneficio.

Estaba confiado en que nadie le haría cumplir las condenas pero quizás olvidó que había gente interesada en asegurar su silencio.

Aldemar Moncada sabía perfectamente cómo funcionaba la red de defraudación a la Dian que se quedó con más de 300.000 millones de pesos de los contribuyentes. La Dian y la Fiscalía han investigado a varias compañías que funcionan en Bogotá, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia, Barranquilla, Cúcuta y Mosquera como presuntos partícipes del ilícito.

La operación consistía en declarar exportaciones que realmente no se habían llevado a cabo y reclamarle a la Dian el reembolso del IVA.

Una de las primeras sospechas surgió cuando un funcionario diligente se percató de que Colombia había empezado a exportar más cobre del que producía. La primera hipótesis consistió en que alguien estaba sacando del país cable robado de líneas telefónicas para venderlo en China y además cobrar el beneficio de impuestos que la ley otorga a los exportadores.

Tirando el ovillo del cable se encontraron con algo más grande: la red de defraudación, que necesariamente contaba con cómplices en varios niveles de la Dian, operaba a través de algunas comercializadoras internacionales que declaraban exportaciones de cobre, aluminio y latón.

Estas empresas a la vez la adquirían de intermediarios que presuntamente compraban la chatarra a recicladores. En varios casos se comprobó que las ventas iniciales del material estaban respaldadas por números de cédulas de personas fallecidas o de indigentes que no habían hecho negocio alguno.

Uno de los primeros intermediarios identificados fue el asesinado José Aldemar Moncada. Él era uno de los hombres claves de la operación que juntaba fraudes de identidad de los vendedores en una punta, con fraudes de declaración de exportaciones en la otra, para reclamar los reembolsos tributarios.

José Aldemar era solo uno de los eslabones en una cadena que tenía varias líneas. Todas ellas conducen a un nombre: James Franciso Arias Vásquez mejor conocido como el Zar de la Chatarra.

A pesar de que por varios años los investigadores encontraron numerosos indicios que señalaban a James Arias como el cerebro de la empresa criminal, su detención solo se vino a efectuar a finales del año pasado. El Zar de la Chatarra fue capturado el domingo 27 de diciembre de 2015 cuando salía de misa en La Pintada, Antioquia.

Lo trasladaron a Bogotá y unos pocos días después, el 5 de enero cuando Colombia recién despertaba de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, los señores Tomás y Jerónimo Uribe Moreno empezaron a decir de manera insistente que el Zar de la Chatarra estaba recibiendo presiones de la Fiscalía para que los incriminara en sus actividades ilícitas.

Dichas presiones, que niegan el abogado del capturado y la Fiscalía, hasta ahora no han sido probadas por los señores Uribe. Ellos pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los proteja porque consideran que la investigación de sus negocios con el señor Arias hace parte de una persecución política contra su padre.

Hay demasiados ruidos sobre una investigación que la justicia debe continuar.

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