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La fugitiva que nadie busca

El gobierno no ha hecho mayor esfuerzo para que Panamá entregue a María del Pilar Hurtado. El tema no estuvo ni siquiera en la agenda del encuentro de los presidentes de los dos países.

Daniel Coronell, Daniel Coronell
17 de enero de 2015

El gobierno Santos no quiere traer a María del Pilar Hurtado de vuelta a Colombia. La negligencia en los trámites de la orden de captura internacional ha permitido que la exdirectora del DAS permanezca fuera del país. Hay pruebas de que la circular roja pidiendo su captura no se enredó en la Interpol –como han querido presentarlo- sino en la presentación que hizo el gobierno del caso.

El abogado Guillermo Pérez Casas, que representa a algunas de las víctimas de las chuzadas y seguimientos ilegales del DAS, recopiló con paciencia las pruebas que contradicen la versión del gobierno.

Hasta ahora la información difundida en Colombia asegura que la Interpol negó la expedición de la circular roja contra la exdirectora del DAS por considerar que se trataba de un caso de persecución política. El abogado Pérez no se conformó con esa versión sino que fue a la fuente original.

En una carta a la Interpol preguntó por las razones de la negativa. La respuesta del organismo policial internacional señala que su decisión está basada exclusivamente en la información enviada por la Oficina Central Nacional de Interpol en Colombia. (Ver carta)

Desde hace algún tiempo esa oficina está a cargo de la Policía Nacional. Antes dependía del DAS y en virtud de ello, la propia María del Pilar Hurtado fue miembro del Comité Ejecutivo de Interpol como delegada titular por las Américas hasta el año 2011. (Ver el Comité Comité Ejecutivo de Interpol)

Curiosamente, los mejores sabuesos del mundo jamás excluyeron del cuadro directivo a María del Pilar a pesar de que renunció a la dirección del DAS desde 2008 y, lo que es peor, en 2010 escapó a Panamá para evadir la acción de la justicia. Es decir, de acuerdo con las publicaciones oficiales de Interpol, tuvieron una prófuga entre sus directivas.

Pero volvamos al tema de la responsabilidad de la Policía. La Oficina Central Nacional de Interpol es hoy un despacho de la Policía Nacional y reglamentariamente le corresponde hacer esas peticiones. Como debe basarlas en requerimientos judiciales públicos, las peticiones deberían ser públicas también.

Sin embargo, en este caso no es así. La Policía de Colombia se sacó de la manga una leguleyada para no entregar copia de la comunicación que le envió a Interpol. Alega el reglamento de tratamiento de datos de la Policía Internacional. (Ver respuesta de la Policía)

¿Si la solicitud judicial es pública y si la intervención de la Oficina de Interpol en Colombia (es decir, de la Policía Nacional) se limita al reenvío, por qué no se puede conocer la carta remisoria? ¿Incluye esa carta alguna afirmación que sugiera la existencia de una persecución política contra la señora Hurtado?
 
Como si faltaran elementos para el misterio, el reglamento de tratamiento de datos de la Interpol -que invoca la Policía- determina que la propia Oficina Nacional puede establecer el grado de confidencialidad de las informaciones. En pocas palabras, la Policía no muestra la solicitud de circular roja simplemente porque no quiere. (Ver reglamento)

El abogado Pérez, como representante de algunas de las víctimas, legítimamente se pregunta por las razones del secretismo sobre una comunicación de mero trámite.  También le llama la atención la aparente resignación del gobierno colombiano ante la negativa.

Una vez conocida, el gobierno no ha solicitado la revisión de la determinación de la Secretaría General de Interpol. Como si la decisión fuera inapelable. Tampoco ha hecho mayor esfuerzo para que Panamá la entregue. El tema no estuvo siquiera en la agenda del encuentro de los presidentes de los dos países.

El gobierno de Colombia tenía informaciones sobre la estadía de María del Pilar Hurtado inicialmente en el barrio La Alameda de Ciudad de Panamá. También supo cuando se mudó al corregimiento de San Francisco y es posible que conozca su actual ubicación.

Lo inexplicable es que, más allá de las declaraciones, no haya hecho nada para traerla.

PS: Hace años le comuniqué a la Fiscalía que renunciaba a ser reconocido como víctima en el caso de las chuzadas para seguir investigando el tema periodísticamente sin las limitaciones propias de los sujetos procesales.